La primera semana de abril comenzó sin atentados en la Macrozona Sur. Entre el 31 de marzo y el 6 de abril no se registraron ataques en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos ni Los Lagos. De este modo, abril parte con un balance de cero incidentes en el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero, en contraste con los cuatro atentados contabilizados durante marzo, los seis de febrero y los siete en enero.
Sin embargo, el clima sigue tenso tras la fallida exhumación del cuerpo de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), frustrada por un grupo armado que repelió a balazos a una comitiva compuesta por 250 efectivos de Carabineros, PDI y el Ejército, el pasado 26 de marzo en el fundo Pidenco, comuna de Lumaco.
Las consecuencias de ese episodio continúan. Esta semana, tanto el Gobierno como la Fiscalía Regional de La Araucanía reconocieron públicamente que no existen las condiciones de seguridad para intentar una tercera diligencia. “Sería arriesgado intentarlo muy pronto”, dijo el delegado presidencial regional (s), Leopoldo Rosales, tras el Comité Policial del lunes.
Por su parte, el fiscal regional Roberto Garrido también se mostró cauto: “Hay que evaluar si vale la pena realizar una diligencia en términos de que se arriesgue la vida de otras personas”. Garrido recalcó que la investigación ya estableció la participación de Marchant en un atentado armado y que la solicitud de exhumación responde a la necesidad de la madre del fallecido de esclarecer la dinámica exacta de su muerte. Sin embargo, advirtió que la acción violenta de la CAM sigue siendo el principal obstáculo: “Es la propia organización armada la que hoy impide la realización de esta diligencia”.
Miriam Gutiérrez, madre de Marchant, también se pronunció durante estos días y llamó a la CAM a reflexionar, asegurando que están impidiendo su derecho a buscar la verdad y justicia para su hijo. La agrupación respondió a través de un comunicado difundido en redes sociales, señalando con orgullo que “defendieron el territorio recuperado” y acusando al gobierno de ser un “lacayo de las forestales”.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación por homicidio frustrado contra funcionarios públicos en ejercicio, y el Gobierno presentó una querella por el ataque armado. No obstante, el propio fiscal Garrido sugirió que, ante la violenta resistencia armada, la prioridad ahora podría ser investigar los delitos que se cometen en el predio Pidenco, antes de considerar una nueva fecha para la diligencia judicial.
