Por segunda vez fracasó la diligencia judicial que buscaba exhumar los restos de Pablo Marchant, exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Un grupo armado atacó a balazos a una comitiva integrada por más de 250 efectivos de la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército.
El procedimiento —ordenado por el Juzgado de Garantía de Carahue a petición de la madre del fallecido— se desarrolló en el fundo Pidenco, en la comuna de Lumaco, donde Marchant fue enterrado de manera irregular tras ser abatido en un enfrentamiento con Carabineros el 9 de julio de 2021. A pesar del masivo despliegue de seguridad, que incluyó 32 vehículos blindados, la comitiva fue atacada en al menos tres puntos: a su ingreso por Lumaco, por la localidad de Capitán Pastene y en el mismo sitio donde se encuentra la tumba.
El operativo debió ser abortado para resguardar la integridad de los participantes. No se registraron heridos, pero al menos un vehículo blindado de Carabineros recibió un impacto balístico en su parabrisas. La Fiscalía Regional de La Araucanía anunció la apertura de una investigación por el delito de homicidio frustrado a carabineros y funcionarios de la PDI en ejercicio de sus funciones.
“Fue un procedimiento planificado durante meses, que no se pudo concretar porque la comitiva fue recibida con disparos. Esto pone en riesgo la integridad física de los participantes”, explicó la fiscal vocera Nelly Marabolí. La persecutora agregó que se analizarán las imágenes captadas por drones y se realizarán peritajes balísticos para identificar a los atacantes.
La diligencia fue solicitada por Miriam Gutiérrez, madre de Marchant, quien no está conforme con las conclusiones del Servicio Médico Legal y la Brigada de Homicidios de la PDI, que determinaron que su hijo participó en un atentado armado, portaba un fusil M-16 y apuntó a dos carabineros, uno de los cuales le disparó con una escopeta causándole la muerte. La familia sostiene una versión distinta y acusa que el joven fue ejecutado por agentes del Estado.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, condenó los hechos: “El gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones. No va a quedar como un incidente particular. Se obtuvieron imágenes y vamos a perseguir esas responsabilidades. No pueden existir lugares invulnerables a la aplicación de la ley chilena”.
Por ahora, la Fiscalía mantiene en curso la investigación penal y la posibilidad de una tercera diligencia de exhumación permanece en suspenso. El delegado presidencial regional (s), Leopoldo Rosales, declaró que intentar repetir la diligencia en el corto plazo “sería arriesgado”, aunque admitió que “en algún momento se va a tener que hacer”.
Cuatro atentados en marzo
El ataque ocurrido en Lumaco fue uno de los cuatro atentados registrados en marzo en la Macrozona Sur, según el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero. Del total, dos ocurrieron en la Región del Biobío y otros dos en La Araucanía. Hubo siete víctimas. No se reportaron robos de madera, pero sí se contabilizaron 13 bienes afectados, incluyendo siete camionetas, dos maquinarias, tres contenedores y un vehículo blindado.
Además, ocurrió la detención de Tomás Antihuen, el último prófugo por el triple homicidio de carabineros en Cañete, quien fue formalizado y quedó en prisión preventiva.
