El diputado comunista Hugo Gutiérrez se ha convertido en el rostro de los “cazapolíticos”, por la veintena de querellas que ha presentado ante la justicia contra sus adversarios políticos desde que llegó al Congreso.
Pero si bien él es la figura mediática, detrás suyo opera un verdadero “bufete” de abogados, que están contratados como “asesores jurídicos y abogados” del parlamentario, y cuyos sueldos los paga la Cámara de Diputados.
Enzo Manuel Morales Norambuena, Matías Ramírez Pascal y Boris Paredes Bustos son los profesionales encargados de redactar y presentar las querellas de Hugo Gutiérrez, y luego son el “brazo comunicacional” del diputado dando entrevistas en medios regionales y nacionales.
Las 21 querellas de Gutiérrez
El diputado ha presentado más querellas que proyectos de ley, como le espetó el ex Presidente Sebastián Piñera, el último político en ser denunciado por el parlamentario comunista, y que incluye a la ex diputada DC del norte Antonella Sciaraffía, a la ex alcaldesa independiente apoyada por la derecha Myrta Dubost, a los senadores Fulvio Rossi (PS), Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Jacqueline Van Rysselberghe, Alejandro García-Huidobro y Jaime Orpis (ambos UDI), y el ex senador DC Hosain Sabag.
También se ha querellado contra los alcaldes de Camiña, Sixto García Cáceres; de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, y de Colchane, Teófilo Mamani, entre otros. A los que se suman querellas por los casos SQM y Corpesca.
Ayer, en una entrevista en La Tercera, ante la pregunta de cómo financiaba sus querellas, dijo que “con un voluntariado importante de abogados con los que hemos hecho una historia en común, que es la persecución de violaciones de DD.HH. Ellos se trasladan algunas veces por estas querellas”.
Aunque aclaró que algunos de ellos “tienen derecho a usar los pasajes de funcionarios, porque muchas de esas querellas son dentro de mi ámbito de fiscalización como diputado (…) Tengo solo una restricción para mis asignaciones y esa está dada porque solo deben ser para aquellas personas que trabajan para mí. En consecuencia, que si uno de mis abogados se traslada al sur y no tiene nada que ver con mi labor parlamentaria, por supuesto esos gastos los incurro yo. Pero si tiene que hacer cualquier cosa de fiscalización, por supuesto son también parte de mis asignaciones”.
Sin embargo, los tres abogados están contratados como sus asesores legislativos y reciben un sueldo mensual de la Cámara de Diputados.
El senador Rossi acusa que “utilizar para asuntos privados los recursos del Estado es defraudar al fisco”.
Quiénes son los abogados “caza-adversarios-políticos” de Hugo Gutiérrez
Tan pronto asumió como diputado, Gutiérrez contrató a 16 funcionarios como asesores, y tres de ellos fueron su staff de abogados “cazapolíticos” que se ha mantenido hasta hoy.
Matías Ramírez, Enzo Morales y Boris Paredes se reparten indistintamente los recursos judiciales. Por ejemplo, Ramírez presentó la querella contra la senadora Van Rysselberghe, y pidió investigar un supuesto financiamiento de la industria pesquera. También se hizo parte en los casos SQM y Corpesca como querellante.
Abogado recurrente en los medios de comunicación, Matías Ramírez ha afirmado que la “defensa de los políticos es la misma, negar los hechos”, y celebró las formalizaciones de los hijos del senador Jorge Pizarro y del diputado Roberto León. Además, ha sido el persecutor de la pesquera Exalmar y en pedir diligencias judiciales en contra del ex Mandatario.
Recientemente, criticó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no continuar presentando querellas, estableciendo una “vía libre a los hechos de corrupción. El SII es una institución política y que se debe a los mismos políticos que instalan a sus directores”.
El abogado es concejal en Iquique, fue dirigente estudiantil en la Universidad Arturo Prat y se define en Twitter como un “luchador contra la corrupción”. Las redes sociales las usa con profusión para difundir sus causas. En su cuenta de Facebook escribió que la nueva doctrina del SII “no sólo va a beneficiar a varios políticos investigados (Fulvio Rossi, entre otros) por delitos de cuello y corbata, también va a permitir salir impunes a las empresas que vieron en el pago de coimas una verdadera inversión”.
Boris Paredes es asesor del parlamentario e integra, en paralelo, el bufete Gutiérrez&Monsalve, que fundó Gutiérrez junto a Fernando Monsalve, ex presidente del club social y deportivo Colo Colo, para presentar “casos jurídicos de orden social, de una manera personalizada y humana”.
Al igual que el diputado, fue profesor de derecho de la quebrada Universidad Arcis, y entre 2004 y 2010 fue abogado del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior. Antes, entre 2002 y 2003, había sido asesor jurídico del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
Paredes fue querellante contra Sebastián Piñera -junto a Fernando Monsalve- en el caso Exalmar, y exige “investigar en profundidad temas de probidad pública”.
En mayo de 2013, la diputada Marta Isasi acusó que Hugo Gutiérrez tenía nexos con Boris Paredes, entonces abogado de su ex asesor que la acusó de recibir pagos de la pesquera, acusación que el parlamentario calificó de “poco serias. Creo que ella insiste por el mismo camino, en andar buscando a los autores de la denuncia en contra de ella. Yo no tengo vinculación con el ejercicio profesional de Boris”.
Sin embargo, pocos meses después lo contrató como su asesor y lo integró a su bufete particular.
El otro abogado activista, Enzo Morales, fue condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique por el delito de injurias graves en contra del ex alcalde Ramón Galleguillos, a quien calificó de “sinvergüenza”. Su abogado defensor fue Matías Ramírez, su colega asesor.
Ambos profesionales, a su vez, fueron demandados por la señora Jacqueline Quiñones, quien alegó ante la justicia que no se hicieron las gestiones pertinentes por un caso de negligencia médica. El recurso se presentó contra la “Defensoría Ciudadana DHG”, que pertenece al diputado PC.
Ninguna de las querellas presentada por Hugo Gutiérrez o su staff de abogados ha logrado llegar a término. Por ejemplo, el recurso contra Antonella Sciaraffia por malversación de caudales públicos está sin movimiento desde 2004; las acusaciones contra Myrta Dubost por supuesta negociación incompatible fueron sobreseidas, y otra por fraude al fisco está archivada desde 2015. Otra querella contra Sixto García, candidato a alcalde de Camiña, está sin movimiento desde que se presentó en 2013, lo mismo pasó con la que presentó contra el candidato a alcalde de Colchane.