Roberto Astaburuaga es abogado de la Corporación Comunidad y Justicia, y trabaja en el Área Legislativa haciendo seguimiento a la Convención Constitucional desde su instalación. Es autor del ensayo La Convención Constitucional: ¿circo o máquina? publicado en El Líbero. Explica que el objetivo del texto es entregar una visión exhaustiva a partir de ciertos hechos ocurridos en estos primeros seis meses y advertir sobre algunos riesgos que pueden ocurrir en la siguiente etapa.

En entrevista con El Líbero, profundiza su análisis y proyecta los desafíos de la nueva mesa que se elige este martes 4 de enero.

-¿Por qué en el título del ensayo se presenta la disyuntiva de la Convención como “circo o máquina”?

-La tesis principal de este artículo busca demostrar que la imagen externa de la Convención, muchas veces ridiculizada, es incompleta, pues no se corresponde con el trabajo metódico y ordenado que se lleva al interior de ella. La aprobación de reglamentos, la creación de comisiones provisorias y funcionales para fines específicos y el constante empeño en que exista una masiva participación popular (audiencias públicas e iniciativas populares constituyente), como forma de legitimación del proceso constituyente (aun antes de la votación del plebiscito de salida), son el antecedente de los cambios estructurales que comenzarán a aparecer con mayor claridad durante la segunda etapa de discusión de normas constitucionales. Pero para lograrlos, se ha hecho un trabajo organizado, que ha funcionado impecablemente, con situaciones que son accidentales respecto a lo que la Convención se ha propuesto. El documento explica ciertos hechos que revelan al menos por parte de algunos miembros de la Convención: la decisión de entregar una nueva visión del país se ha materializado a través de un procedimiento cuestionable, con constantes infracciones a la Constitución y a los reglamentos y con una pesada carga ideológica.

Roberto Astaburuaga

-En el  ensayo se aprecia una narración lineal de los hitos de la Convención, a su juicio, ¿cuáles son las principales anomalías del proceso?

-Yo mencionaría dos anomalías muy graves. La primera se refiere a las actuaciones contrarias a normas constitucionales y reglamentarias de la Convención. La segunda, me parece, es la de ciertos “efectos secundarios” de la participación Popular en este proceso. Sobre lo primero, en el artículo se describen diversas infracciones, pero destacan especialmente los casos de los Plebiscitos Dirimentes, del quórum de dos tercios y la aprobación del cronograma general con plazos no contemplados en el Reglamento General.

Sobre el problema del atraso (y eso conecta con la anomalía de los problemas de la participación popular), es bastante grave. Llevamos seis meses en los que no se ha discutido ni votado ninguna norma constitucional, salvo los “diálogos políticos” de las últimas semanas en pocas comisiones. En los procesos constituyentes de Colombia, Sudáfrica, Venezuela, Bolivia y Ecuador la proporción de tiempo dedicado a la elaboración de los reglamentos responden a un 14,42%, y en Chile llevamos casi el 50% sin comenzar el debate de fondo, superando a Bolivia (46,2%).  El origen de este atraso se encuentra en una alteración de las prioridades, por la promoción de la participación popular en desmedro del tiempo y calidad de la discusión de fondo.

-Entonces, ¿se puede decir que aún no comienza el “verdadero debate”?

-Si bien el 18 de octubre se inició oficialmente la segunda etapa, el verdadero debate y votación aun no ocurre, pues se abrió un nuevo periodo de audiencias y recién esta semana las coordinaciones se dieron cuenta que no pueden votarse normas si sigue abierto el plazo para firmar iniciativas populares constituyentes, que vence el 1 de febrero. Lo anterior fue advertido con bastante anticipación y no pareciera que esta medida contribuya a solucionar el problema, pues, en el caso de la Comisión de Derechos Fundamentales, hay temas que se votarían casi un mes después de que se hayan discutido.

El camino de la Consulta Indígena se ve muy complejo, principalmente por la división entre los convencionales de los pueblos originarios y el plazo para su realización”.

 -¿Y qué ocurre con la participación popular en el proceso?

-La participación popular ha sido la fuente del atraso con un efecto dominó en su tarea principal, y que parte de una premisa bastante obvia: cualquier cuestión que distraiga a los convencionales de la discusión y votación del reglamento y de las normas constitucionales -el corazón del proceso constituyente- es una distracción de tiempo, recursos y energía. Por ejemplo: al abrir el período de audiencias públicas para las comisiones provisorias y/o temáticas es necesario crear formularios de inscripción, división de temas, asignación de tiempos, realización de sorteos y sistematización de lo expuesto. Para cumplir con todo esto es necesario reservar un período de tiempo para dichas audiencias, lo que a su vez requiere contratar y destinar mayor personal funcionario a cumplir tales tareas, lo que a su vez genera mayores costos. Las semanas territoriales son otro ejemplo. Destinar una semana al mes a que cada convencional vuelva a sus distritos tiene múltiples perjuicios: mayor gasto económico debido a los traslados y distracción del tiempo para agendar reuniones y cabildos, en vez de estudiar y preparar propuestas constitucionales.

-Desde el día uno se dijo que este iba a ser un proceso participativo, ¿hay un problema de planificación?

-No estoy en contra de la participación popular en sí misma, pues me parece positivo que exista la posibilidad de manifestarse en la Convención, sino la forma en que los convencionales la han llevado adelante, privilegiándola excesivamente. Una mayor participación ciudadana no garantiza un texto constitucional de mejor calidad, por lo que, considerando el tiempo acotado, deben ordenarse las prioridades.  Decir esto cuando se recibieron audiencias públicas en las comisiones provisorias significaba repudio y abucheo público e inmediato, pero como se insistió en ocupar la misma lógica, ahora los convencionales se están dando cuenta de que han gastado parte de los plazos, que son sumamente restringidos, lo que obviamente afectará la calidad del texto constitucional, pues sólo a partir de una discusión seria y razonada, con debates que a veces pueden ser largos y complejos, pero que son necesarios para conseguir la mejor redacción de un artículo.

-Asimismo, se observan situaciones que quedaron en el “congelador” como la renuncia de Rojas Vade, quien a la fecha sigue siendo parte de la Convención. ¿Qué vacíos aún no se resuelven?

-La situación de Rojas Vade no se resolverá más allá del estado que conocemos actualmente, o se resolverá tarde. El proyecto de ley que está en el Senado no se ha tramitado con la celeridad esperada, es probable que la carga legislativa disminuya en el verano y para cuando llegue marzo ocurrirán tres cosas: asumirá el nuevo Congreso, con diputados y senadores ansiosos de presentar y tramitar sus proyectos de ley; asumirá el nuevo Presidente electo, quien también querrá comenzar lo antes posible la realización de su programa de gobierno y, por último, la Convención ya estará por finalizar la etapa de las comisiones temáticas. Cuando se empiece a conocer el primer borrador de la nueva Constitución se pondrá especial cuidado en reflotar incidentes como el de Rojas Vade, que tanto desprestigio causó a la Convención.

Es difícil anticipar el resultado del plebiscito de salida, considerando por un lado los últimos resultados electorales y, por otro, la baja aprobación de la Convención”.

Pero hay otros puntos relevantes, que no han figurado mayormente en la prensa, como el alcance del informe final emanado de la Comisión de Derechos Humanos, la realización, contenido e impacto de la Consulta Indígena, y la influencia que tengan los convencionales de transversalización. El informe contiene conclusiones preocupantes, como la de eliminar el concepto y referencias a la familia en la nueva Constitución, pero no queda claro si tendrá algún grado de obligatoriedad. Para el caso de los coordinadores de transversalización, no hay duda de que existirá una obligatoriedad que despertará discusiones, pues según el Reglamento General deberán revisar si las normas ya aprobadas por las comisiones temáticas transversalizan los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecología y descentralización, y si existió una discusión sobre su implementación. Por último, el camino de la Consulta Indígena se ve muy complejo, principalmente por la división entre los convencionales de los pueblos originarios y el plazo para su realización.

-¿Considera usted que ha existido sesgo ideológico al interior de la Convención tal como esboza el documento y por qué?

-Sin duda, y ha tenido distintas manifestaciones. En cuestiones de fondo, es algo que se ha dicho muchas veces, pero las normas provisorias determinaron el contenido de la discusión desde el inicio. Las normas provisorias que regulaban la creación de las comisiones provisorias o las normas internas de funcionamiento de las mismas ya contenían elementos como la descentralización, perspectiva de género y plurinacionalidad, lo que luego se vio reflejado en los principios comunes de los reglamentos, en la composición de todos los cargos colegiados de la Convención y en los temas mínimos de las comisiones temáticas. Por eso, hubo una confusión: una cosa es decidir el procedimiento de elaboración de la nueva Constitución en base a cuestiones adjetivas y procedimentales, y otra muy distinta es que ese proceso incluyese criterios o elementos que definían de antemano el resultado final.

-De cara al cambio en la Mesa Directiva, ¿cómo debiese ser la conducción de la nueva que asume el 04 de enero?

-Es urgente que se aboque únicamente a lo importante: discutir y votar normas constitucionales. Ya han transcurrido seis meses desde que se instaló la Convención y la participación popular y la falta de claridad en los cronogramas de las comisiones temáticas ha pasado la cuenta. Por tanto, la nueva Mesa deberá evitar la tentación de destinar tiempo a la contingencia nacional, sobre todo en marzo, cuando comience el gobierno de Gabriel Boric.

Esperemos que sean seis meses y se cumpla el plazo del año. Esto dependerá de los coordinadores de las comisiones temáticas y de la forma de discusión en el Pleno”.

-¿Qué temas creen que serán los más difíciles de discutir y de llegar acuerdos?

Eso dependerá de las banderas de lucha de las fuerzas que controlan la Convención: el Frente Amplio y la izquierda moderada (Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales y Colectivo del Apruebo) contra el Partido Comunista y la izquierda radical (Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y diversos representantes de Pueblos Originarios). La extensión de la autonomía de los Pueblos Originarios, el alcance del proteccionismo ambiental y, en menor medida, el nivel de profundización de la descentralización serán temas en que la izquierda moderada intentará obtener algo razonable, pero desde la izquierda radical ya han planteado que son esos temas los que los trajeron a la Convención y deberán quedar en la Constitución.

-¿Qué se puede esperar del Plebiscito de salida?

-Es difícil anticipar el resultado del plebiscito de salida, considerando por un lado los últimos resultados electorales y, por otro, la baja aprobación de la Convención. Veo posible que se apruebe, pero también que aumente el porcentaje de rechazo en el plebiscito de salida en comparación con el plebiscito de entrada. El desempeño de la Convención en este segundo tiempo del partido influirá en si ese porcentaje es mayor o menor, lo cual puede afectar su legitimidad de origen. Las Constituciones son para aplicarse a todos los ciudadanos y no al 60% o al 70% de la población. En este punto se revela la importancia de tener una Mesa Directiva que tenga como norte lograr el mejor texto constitucional posible y evitar episodios -autogoles- que sólo contribuyen a afectar el resultado final. En este sentido, “la Convención se defiende”, pero de los propios convencionales (o de algunos de ellos).

-¿Cómo vislumbra el trabajo de la Convención para los siguientes seis meses?

-Esperemos que sean seis meses y se cumpla el plazo del año. Esto dependerá de los coordinadores de las comisiones temáticas y de la forma de discusión en el Pleno. Respecto a lo primero, hasta el momento sólo hemos observado monólogos, apenas hay debate o conversación. Si analizamos el desarrollo de la Convención nos damos cuenta de ello: en las audiencias públicas los expositores le hablan a las comisiones (provisorias o temáticas) y luego responden preguntas, pero no hay diálogo entre convencionales; la discusión de las indicaciones a los reglamentos fue sin posibilidad de debate; los discursos de apertura eran eso, discursos, y ahora en las comisiones temáticas se está replicando algo similar, al pedirle a los convencionales que expongan su opinión sobre los temas propios de la comisión.

Es importante tener una Mesa Directiva que tenga como norte lograr el mejor texto constitucional posible y evitar autogoles que sólo contribuyen a afectar el resultado final».

Respecto a la discusión en el Pleno, en la etapa de indicaciones a las normas constitucionales se puede crear el mismo problema que ocurrió con los reglamentos: un altísimo número de indicaciones y sin posibilidad de discutirlas. Y por último, desde mi perspectiva, es durante la etapa de armonización que será cuando se resolverán las principales contradicciones y se verá realmente si se cumple la intención de usar sólo destacador y no lápiz, es decir, que sólo presente un informe con indicaciones para resolver las incoherencias y las sugerencias formales de la estructura de la propuesta de Constitución, y no que realice modificaciones normativas, de acuerdo al Reglamento General.

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