Algunos sectores han buscado exponer a la luz pública la farándula más llamativa de la Convención: los disfraces de dinosaurios y personajes estrafalarios, los cantos y bailes, el desorden de la sesión de apertura, el caso del convencional Rojas Vade… Normalmente se ha cargado todo esto con una retórica que insinúa que la Convención es una especie de circo, con personas poco capacitadas para el debate, que estarían cobrando sueldos millonarios por “no hacer nada”. Este informe cuestiona esa percepción, que podría incluso definirse como un mito: la Convención dista mucho de ser un circo. Aunque se envuelva con una carpa colorida y desde fuera puedan advertirse actitudes ridículas, no hay tal. No es verdad que los convencionales no trabajen, como tampoco que no hayan avanzado en el trabajo jurídico. Ese es, sin embargo, quizás el peligro más grave de todos.

La farándula al interior de la Convención es real. Se trata de hechos, no de una mera campaña de desprestigio. No obstante, estos no revelan la totalidad de lo que ocurre allí. Los convencionales han formado una serie de comisiones temáticas con finalidades muy claras, han aprobado un reglamento dirigido también a asegurar determinados objetivos y han emitido ciertas declaraciones cuyo contenido político y jurídico deja poco al azar. Por lo mismo, se hace urgente identificar los fines de ciertos líderes que hacen las veces de caudillos de la masa de los convencionales, disponiendo las cosas en orden a alcanzar sus fines políticos, consolidar su afán refundacional y minimizar al contrincante. No es un circo, sino una máquina que opera día y noche, con engranajes especialmente diseñados para cumplir funciones específicas, perfectamente aceitada y manejada con cálculo y precisión. El que esté cubierta con una carpa colorida y habitada por algunos payasos y cantantes no significa que los que la dirigen no sepan lo que hacen. La dimensión propia del circo es real, por cierto, y en estas páginas se podrá también ver reflejada, pero hay otros elementos que son pruebas claras de mala fe de ciertos cabecillas de la Convención. Este trabajo busca exponer los hechos, lo que implica también una cierta mezcla de ambas dimensiones -el desorden más o menos casual y la mala fe-, pero precisamente dando cuenta de una visión que no se ha mostrado con suficiente cabalidad hasta ahora de cara a la opinión pública.  

Este trabajo presenta una visión global que deja de manifiesto que no es casualidad que se hayan formulado los textos de una cierta manera ni que se haya aprobado lo que se aprobó. No hay aquí, por ende, un afán por torpedear la Convención ni desprestigiarla, sino un llamado a la cautela, al realismo y a la reflexión para dirigir nuestros esfuerzos hacia las acciones que permitan que este proceso constitucional llegue a buen puerto. Querer que este proceso no fracase exige saber a quiénes tenemos delante. Nuestro interés es que este proceso, que nos involucra a todos, termine bien, con un texto constitucional que no imponga una visión que aplaste el pensamiento disidente. 

Este informe describe eventos concretos, aunque inevitablemente utiliza una perspectiva crítica. Intentamos relatar los actos de la Convención Constitucional como un todo –a fin de cuentas, son actos dirigidos desde la sala de máquinas-, desde su instalación hasta la declaración oficial de inicio del debate de fondo. Dado el fin principalmente descriptivo de dicha tarea, nos centraremos en los actos propios de la Convención y de los convencionales respecto del cumplimiento de su tarea constitucional. Es decir, de aquellos actos que son de su exclusiva responsabilidad. Vemos que hay una parte de la historia que no se está contando, paradójicamente la más relevante de cara al texto definitivo que se someterá a plebiscito. 

En un primer capítulo, nos referiremos a episodios en que no se ha cumplido con estándares adecuados de transparencia, probidad, publicidad y buen funcionamiento de la Convención. No es difícil constatar que los convencionales no siempre han sido capaces de cumplir con los estándares éticos que ellos mismos se dieron. El déficit en estas materias queda de manifiesto al observar medidas o decisiones que buscan imposibilitar que la prensa entre a los salones de la Convención, la forma en que se interpretan el “conflicto de interés” y la “paridad”, o las modificaciones a cuestiones básicas de un debate, como introducir criterios para el uso de la palabra. Muchos de estos actos se deben a simples desórdenes casuales, pero al menos en parte el desorden ha sido promovido o fomentado deliberadamente, como parte de una actitud provocativa.

Posteriormente, revisaremos el actuar al borde de lo permitido, mandado o prohibido por la Constitución, invocándola cuando favorece los intereses de los sectores más extremos de la izquierda, pero rechazándola -invocando la potestad de poder constituyente originario- cuando los perjudica. Lo preocupante no es solo que se infrinja la Constitución, sino que existan ciertos abusos procedimentales o trampas para controlar la discusión de fondo. Algunos casos son la aprobación de los plebiscitos dirimentes, la indicación sustitutiva global del Reglamento Indígena y las propuestas reglamentarias de los Lineamientos Generales Orientadores o las Comisiones de Transversalización. 

Por último, examinaremos algunos de los episodios más preocupantes de la Convención, relacionados con cuestiones ideológicas y discriminatorias, como fueron el caso Arancibia y las sanciones de la Comisión de Ética, los documentos de la Comisión de Derechos Humanos, la exclusión del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos en el Reglamento General y las posturas frente a la violencia ilegítima. Es inquietante la posición de la mayoría de los convencionales y de la Mesa Directiva sobre la violencia, pues existe una clara tendencia a defender una postura determinada. La declaración sobre los llamados presos políticos del 8 de julio, el apoyo a ciertos grupos terroristas en La Araucanía, el caso “Mandela” y la expulsión de la “Tía Pikachú” de Plaza Italia son algunos ejemplos de todo esto.

En general, el diagnóstico despierta inquietud, pues la Convención se arroga atribuciones que no tiene para intentar cumplir tareas que no se le han encomendado. Esto la distrae de su tarea única: proponer un texto constitucional de calidad, cuyo contenido permita sentar las bases de solución para las crisis que nos afectan y pueda ser ampliamente aprobado. Sin embargo, si no hay un cambio de dirección en el cumplimento de su tarea, difícilmente traerá paz y prosperidad a nuestro Chile.

I. Transparencia, Publicidad, Probidad y Buen Funcionamiento

El funcionamiento interno y los procedimientos provisorios durante la instalación de la Convención pueden ser calificados como poco transparentes: se restringió el acceso de la prensa a la Convención (el hemiciclo sesionó cerca de un mes sin ella) y fue llamativa la falta de publicidad de las actas de la Mesa Directiva. Para los ciudadanos de a pie era imposible acceder al contenido de las discusiones de sus sesiones, normas internas, criterios para tomar decisiones, actas y votaciones. 

Un segundo aspecto digno de mención es el incumplimiento del estándar de probidad que la misma Convención se autoimpuso. Así, no se ha observado una “conducta intachable” de los convencionales, en la cual prime el interés general sobre el particular. En este sentido, el interés general es que los convencionales cumplan el mandato constitucional velando para que el proceso se desarrolle en un cauce de orden y normalidad. Este aspecto se hace más criticable si se considera que muchos convencionales se presentaron ante la opinión pública como los que vendrían a renovar la manera de hacer política.

1) Transparencia y Publicidad

La libertad de prensa en nuestro país goza de especial protección y en innumerables ocasiones ha contribuido a entregar información veraz y a fiscalizar las acciones de quienes ejercen cargos públicos de relevancia. Sin embargo, la relación de este derecho con la Convención no ha sido la mejor, debido a la falta de acceso a las sesiones y otros problemas. Desde el inicio de la Convención, convencionales de Vamos por Chile han enviado oficios a la Mesa, solicitando que la prensa tenga acceso total a las sesiones. Así ocurre con los oficios N°. 14 (21 de julio), 25 (30 de agosto), 27 (10 de septiembre) y 31 (20 de octubre), además de las solicitudes hechas por convencionales en sesiones del Pleno. Por otro lado, la prensa solicitó acceso enviando comunicaciones a la Mesa el 6 de julio, el 13 de julio y el 21 de octubre. En esta última, se solicitaba “autorizar el libre acceso de la prensa a los espacios de deliberación, como a las tribunas del Pleno y a las salas de las comisiones temáticas”, a fin de cumplir su trabajo de informar sobre el proceso constituyente, especialmente porque inició “la etapa más importante de su labor, con el debate de los contenidos y, por lo mismo, el acceso de las y los periodistas se hace fundamental para llevar al país los detalles de un proceso que debe ser transparente”.

Además, el 8 de julio, la Cámara de Diputados resolvió solicitar al Presidente de la República “implementar la transmisión de las sesiones que celebre la Convención Constitucional a través de la señal abierta de Televisión Nacional hasta que finalice el proceso constituyente, proponiendo que a partir de las 17:30 horas la señal 2 de Televisión Nacional transmita diaria e íntegramente las sesiones de la Convención Constitucional en diferido o en directo, según capacidad y decisión programática con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía”. Esta petición fue comunicada a la Convención el 21 de julio a través del Ordinario N° 879 de la Subsecretaría General de la Presidencia. Sin embargo, el organismo estimó que correspondía a la Convención “…determinar los mecanismos de participación ciudadana y transparencia que quiera adoptar, entre ellas, las plataformas complementarias a las cuales quiera dar acceso respecto a la señal que se está emitiendo respecto a sus sesiones.

Como mencionamos, dos días después de instalada la Convención, los medios de comunicación enviaron una carta a la Presidencia, solicitando, entre otros puntos, el “acceso a los espacios de trabajo de los convencionales constituyentes para dar cuenta de las sesiones a través de material propio”, pues sólo podía estar en los patios del Ex Congreso. También se solicitó acceso al Palacio Pereira, lugar al que no podían ingresar. La misiva fundaba sus argumentos en la garantía a la libertad de prensa, información y el derecho a la libertad de expresión.

Si bien se accedió a la solicitud, fue después de varias semanas y solo de manera parcial: se permitió el acceso sólo al hemiciclo y a las salas que conforman el pleno, y después de resolver objeciones preocupantes. Sobre lo último, se defendió la idea de no permitir el ingreso con distintos argumentos: se cumplía el aforo, no existía una transmisión constante de todo el contenido del debate, la posibilidad de distorsión y que no sea un canal de televisión abierta, como se hace en el Congreso. Se afirmó que sería mejor si la Convención tuviese medios de comunicación propios y administrar una forma de prensa con criterios de pluralidad y transversalidad.

El 26 de julio la misma prensa acreditada, informó que se había llegado a un acuerdo con la Mesa, y que sus representantes se habían comprometido a permitir su acceso al Hemiciclo y las salas del Pleno. El 3 de agosto la Comisión de Comunicaciones sostuvo una reunión con los representantes de la prensa acreditada, para conocer sus requerimientos e implementarlos, en la medida de lo posible. Pero los oficios y comunicaciones enviadas posteriormente por convencionales y prensa acreditada revelarían que no se cumplió de la forma solicitada.

Finalmente, el 30 de noviembre se comunicó un acuerdo de la Mesa Directiva, cuyo sexto punto autorizaba el ingreso de la prensa acreditada, permitiendo el ingreso diario a las dependencias de la Convención (pasillos y tribunas), en turnos rotativos de diez medios cada día. Sin embargo, no se permitirá el ingreso a las salas de comisiones y Pleno durante las sesiones ni a las oficinas administrativas.

En vez de sacar conclusiones sobre este asunto, nos remitimos al informe sobre el estado de la libertad de prensa en Chile de la Sociedad Interamericana de Prensa, el que, si bien es preliminar, previno lo siguiente: “Argumentando razones sanitarias, las autoridades limitaron el acceso de los medios a ciertos espacios de debate y al propio edificio, restringiendo a los periodistas a la señal digital de la Convención. Algunos convencionales reclamaron por ese condicionamiento, aunque otros lo justificaron para que los medios no puedan desprestigiar a la institución. Luego de las protestas de asociaciones y gremios periodísticos, los medios volvieron a tener acceso.

Por último, si bien las actas y documentos del Pleno y de las Comisiones Transitorias, Temáticas y Funcionales son publicadas en la página web de la Convención, no hay registro público de las sesiones, documentos y criterios para resolver asuntos de la Mesa Directiva. Así, el 9 de noviembre se envió un oficio a la Mesa solicitando que se habilitara en la página web de la Convención una sección en la que se publiquen todos los oficios con sus respectivas respuestas

Estos asuntos son relevantes, por cuanto la Convención es un órgano público sujeto al escrutinio de la ciudadanía como cualquier otro órgano del Estado, y muchas de sus decisiones no son conocidas, con lo que no existe una verdadera y sana transparencia del proceso constitucional. 

2) Probidad

Como la redacción de una nueva Constitución y la modificación de una gran cantidad de cuerpos normativos que regulan procesos e instituciones son procedimientos acompañados de dudas y de preguntas, se espera que los convencionales y la Mesa entreguen garantías de orden y prudencia. Por ello, cuando la conducta de los convencionales atenta contra el orden público o las declaraciones de sus dirigentes levantan puntos oscuros sobre el desarrollo del proceso, es posible que aumente la desconfianza. En este sentido, varias declaraciones públicas del vicepresidente Jaime Bassa pueden estimarse que no responden a una dirección del proceso dentro de márgenes de seguridad y confianza, pues exceden las atribuciones y facultades que la Constitución le reconoce a la Convención.

El jueves 15 de julio, los convencionales Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez fueron detenidos en las afueras de la Catedral de Santiago por participar en desórdenes públicos al acompañar a familiares de los detenidos por hechos violentos en octubre de 2019. Ante ello, se suspendió la sesión del Pleno y el vicepresidente Jaime Bassa, al dirigirse a la comisaría para conocer la situación, señaló a un carabinero “tengo autoridad para estar acá, yo soy el vicepresidente de la Convención Constitucional y estoy exigiendo la libertad inmediata de los constituyentes que fueron arrestados”. Posteriormente declaró que “La fuerza policial no puede ser la respuesta a los conflictos del Estado. La Constituyente ha demostrado que la sociedad elige el diálogo y la deliberación ante los conflictos políticos y sociales. La Constitución no entrega al vicepresidente de la Convención atribuciones ni privilegios para ordenar la liberación de detenidos, pues es competencia exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público. 

El sábado 24 de julio, el vicepresidente Bassa emitió una segunda declaración polémica, al afirmar que un rechazo de la propuesta de Nueva Constitución en el plebiscito de salida no significará una aceptación de la Constitución de 1980, por lo que el mandato del plebiscito de 2020 continuaría vigente. Esto contradice abiertamente el art. 142 inciso final de la Constitución, que señala exactamente lo contrario, es decir, que sí continuaría vigente la Constitución de 1980: “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.”. Otras declaraciones controversiales se refieren a la falta de una condena categórica a la violencia, que veremos más adelante. 

3) Buen funcionamiento

En la etapa de constitución de comisiones transitorias y normas provisorias de funcionamiento, ciertos acuerdos y decisiones fueron cuestionados por distorsionar elementos básicos de una organización eficiente y un debate ordenado. Una de las primeras decisiones que alteró el desarrollo normal de la discusión fue la determinación de ciertos criterios para distribuir el uso de la palabra. En las primeras semanas de funcionamiento se estableció que, en vez del orden en la inscripción para solicitar hablar, elementos como el sexo, la región de origen, la pertenencia a un pueblo indígena y la diversidad de listas serían criterios para determinar el orden en que los convencionales hablarían, lo cual hizo que las asignaciones de palabra fuesen muy desordenadas (además de haber incorporado un criterio arbitrario para decidirlas).

El 7 de julio se anuló una votación orientada a resolver la cantidad de comisiones con que debiera funcionar la Convención: la Mesa presentó una propuesta para crear cuatro Comisiones Provisorias (Ética, Presupuesto, Protocolo COVID y Reglamento) que funcionaran hasta la aprobación del Reglamento definitivo de la Convención. Primero se aprobó, a mano alzada, crear un comité ejecutivo, como propuso el convencional Agustín Squella, pero tras el reclamo de constituyentes que se acercaron a la Mesa, se anuló la votación sin que se dieran mayores explicaciones y se procedió enseguida a votar una propuesta diferente. Luego se votó un tema fuera de tabla: la ampliación de la Mesa para beneficiar a los “pueblos originarios” con dos escaños reservados. Finalmente, se aprobó la creación de tres comisiones (Reglamento, Ética y Presupuesto y Administración). Al interior de la Convención se reclamó porque se anuló una votación debido a que ciertos convencionales ejercieron una presión indebida, pero también se criticó que no se conoció el detalle de estas nuevas comisiones (integración, funciones, procedimientos, etc.), pues las presentaciones fueron hechas en forma breve y oral, no pudiendo analizarse con la debida anticipación.  

Desde un inicio, fueron motivo de discusiones y votaciones los conceptos de paridad y conflicto de interés. Respecto del primero, se empezó a ocupar como eslogan que la paridad es un piso y no un techo, queriendo decir que, al elegir la composición de todo órgano colegiado de la Convención debía cumplir criterios de paridad (presidencia, mesa, comisiones provisorias, funcionales y temáticas, etc.), y para el caso de una coordinación, ésta podía estar conformada por un hombre y una mujer o por dos mujeres, pero no por dos hombres. La inclusión de criterios ideológicos o políticos afecta la verdadera representatividad democrática y no garantiza un mejor funcionamiento o resultado. Por otro lado, ya se ha señalado que consagrar este criterio y concepto en el Reglamento General es un antecedente que debe incluirse en la composición de los futuros órganos públicos.

Respecto de la definición del conflicto de interés, la discusión se dio en torno a la pregunta de quién debía inhabilitarse, pues algunos entendían que si un convencional tenía un conflicto de interés que le impidiera discutir o votar un tema, entonces éste debía inhabilitarse. Otros, en cambio, argumentaban que también se aplicaba a las personas naturales o jurídicas que fuesen a exponer en las audiencias públicas. Esto último es erróneo, pues es evidente que “estos persiguen sus propios intereses y está bien que así sea en el marco pluralista de la deliberación constituyente”, por lo que el conflicto lo tiene el convencional y no las organizaciones.

También se intentó aprobar una norma que no contabilizara las abstenciones dentro de los votos válidamente emitidos, posición encabezada por la convencional Bárbara Sepúlveda, y resistida por el convencional Squella, quien consideraba legítimo que, ante la falta de opciones sobre la cual decantarse, no se apoyara ninguna. Considerar inválido dicho voto sería una sanción que obligaría a apoyar decisiones con las que no se estaba de acuerdo, además de polarizar los debates y promover la ausencia de diálogo. Aunque está propuesta fue aprobada en la Comisión de Reglamento, en el Pleno no alcanzó los votos necesarios. 

Un aspecto en el que el Gobierno tuvo parte de la responsabilidad fue la falta de disponibilidad de espacios suficientes para que las comisiones y subcomisiones pudiesen sesionar, considerando que las existentes en el Ex Congreso Nacional y las del Palacio Pereira no daban abasto o no estaban completamente habilitadas. Así, la Comisión de reglamento decidió el 9 de agosto sesionar en la Casa Central de la Universidad de Chile, lo cual fue simplemente notificado a los convencionales dos días antes. Los convencionales de Vamos por Chile rechazaron la decisión y solicitaron un informe técnico que acreditara que no se puede funcionar en el Palacio Pereira.  Esta situación derivó en la renuncia de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), pues notificó tardíamente por Twitter a los coordinadores de la comisión que había salas habilitadas con capacidad técnica para sesionar, en momentos en que ya había comenzado la sesión de la comisión. Sin embargo, al día siguiente el convencional Cretton solicitó que se analice la opción de sesionar en las dependencias del Palacio Pereira, pues, como señaló la convencional Hube, la Constitución determina que es el Presidente de la República quien decide dónde se sesionará, y el decreto supremo N° 1684 exento señala que la instalación y funcionamiento serán en el Ex Congreso Nacional.

Si bien puede ser considerado un hecho aislado, generó un precedente para que la Convención y sus comisiones decidieran sesionar en otras regiones, para lo cual fue creada la Comisión de Descentralización, o que la Comisión de DD.HH. decidiera sesionar en establecimientos penitenciarios. Por último, la Comisión temática de Forma de Estado y Descentralización, ha sesionado en 8 de las 16 regiones que por mandato del artículo 64 del Reglamento General debe hacerlo al menos una vez en cada una de ellas. Estas decisiones solo distraen el cumplimiento de la única tarea de la Convención, pues es tiempo que no se ocupa en la redacción del reglamento de votación y de la propuesta de Constitución, además de significar constantes aumentos de gasto para materializar las sesiones, especialmente en el caso de la Comisión de Forma de Estado por los problemas que ha tenido con el Gobierno.

4) Atrasos

Quizás la crítica más persistente que ha recibido la Convención es el atraso en el inicio de su tarea. Es evidente que la instalación, diseño y organización de este órgano requiere algo de tiempo, pero, una vez que se resolvieron los inconvenientes del comienzo, la Convención tomó decisiones que sólo han retrasado el inicio de su única tarea, previo a una rápida discusión y aprobación de un reglamento de funcionamiento y votación. 

Solo unas pocas decisiones fueron suficientes para atrasar el inicio del cumplimiento de su mandato. En primer lugar, la creación de varias comisiones provisorias que resultaban innecesarias, que ayudaron a generar más burocracia y a contratar más funcionarios, lo que mermaba el funcionamiento de los órganos estatales de los cuales estos provenían así como hacía crecer el presupuesto. En segundo lugar, el llamado a audiencias públicas, cuyo altísimo número obligaba a sesiones extensísimas, reducía el tiempo y calidad de la discusión en las sesiones, y forzaba una abrumadora sistematización de documentos y exposiciones que, por su número, era imposible que fuesen leídos. Esto obligó a la Convención a retrasar la fecha límite de aprobación del Reglamento, el cual a su vez dependía de la aprobación de las propuestas reglamentarias de cada una de las comisiones. 

Por ejemplo, el 5 de julio el vicepresidente Bassa señaló que la aprobación del reglamento “no debería durar más allá de 3 meses”, plazo amplio para no generar expectativas posteriormente incumplidas, según registró el medio digital Ex-Ante. Sin embargo, hubo modificaciones a raíz de que las comisiones provisorias entregarían sus propuestas reglamentarias con posterioridad, debido a que se habían constituido y comenzado a funcionar después de haberse creado la Comisión de Reglamento.  Como primera fecha tentativa se fijó que el 10 de septiembre el reglamento estuviese aprobado, lo que se prorrogó hasta el 23 de septiembre. Pero ocurrió que la discusión y votación en general de los reglamentos comenzó el 9 de septiembre, y como se presentaron cerca de 1.280 indicaciones a los cuatro reglamentos, recién el 7 de octubre finalizó la votación en particular. Es decir, se terminó aprobando no uno, sino cuatro reglamentos, con casi un mes de retraso respecto del plazo original planteado. Sin embargo, existe un elemento que distorsiona este plazo: en la etapa de discusión en particular no hubo debate, pues sólo se permitió la explicación de la indicación y ningún convencional podía solicitar aclaraciones o argumentar en contra. Si se hubiese permitido el debate democrático propio de un órgano constitucional, lo más probable es que hubiese durado aún más tiempo. 

Finalmente, queda una interrogante sobre cómo se abordará el asunto de las indicaciones en la segunda etapa de la discusión de fondo: tanto en el Pleno como en la etapa de armonización, los convencionales pueden presentar indicaciones, y el artículo 95 del Reglamento General sólo limita que las indicaciones rechazadas en las comisiones respectivas sean renovadas con la firma de 16 convencionales, pero no establece límites para presentar indicaciones distintas a las anteriores. ¿Qué ocurrirá: se hará una interpretación distorsionada del reglamento señalando que sólo se permite la renovación de indicaciones ya rechazadas; se aprobaran modificaciones al reglamento para introducir requisitos que limiten el número de indicaciones presentadas; se cumplirá el inciso 2° del art. 98 del Reglamento General que permite cerrar el debate cuando falten 20 días o menos para el vencimiento del plazo y existan propuestas e indicaciones pendientes?

Hechos que también restan tiempo a la Convención son las sesiones dedicadas a la discusión y aprobación de declaraciones que no tienen relación con su obligación, o días dedicados a exposiciones. Así, la sesión del Pleno del 8 de julio se dedicó íntegramente a discutir una declaración de la Convención sobre “las personas privadas de libertad con ocasión de la revuelta social y de la judicialización del conflicto político y social que mantiene el Estado con la nación mapuche”. La citación para la sesión del lunes 4 de septiembre establecía como primer punto en tabla la votación de una propuesta relativa a “reconocer que la nueva Constitución se redacta en un contexto de Emergencia Climática y Ecológica, implementar la petición Convencional Constitucional Sustentable y realizar un comunicado oficial de la Convención, en que ésta se declare en Estado de Emergencia Climática y Ecológica. El ciclo de charlas constituyentes también es una instancia que puede ser aprovechada para avanzar lo más rápido posible. Así, la exposición del 1 de septiembre a cargo de Maisa Rojas y Alejandro Aravena, “Levantar la mirada y reflexionar nuestro horizonte para los próximos 100 años” o la del 10 de noviembre a cargo de Alfredo Zamudio, “Diálogo y escucha en tiempos de crisis”, bien pudieron haberse hecho en otra instancia o durante un fin de semana, pues para la primera charla los plazos estaban sumamente acotados para la discusión y aprobación de los reglamentos, y para la segunda, las comisiones temáticas se estaban constituyendo y recibiendo las primeras audiencias.

Otra decisión que le resta tiempo a los convencionales es la de tener una vez al mes semanas territoriales, en las cuales deben dedicarse a difundir el trabajo de la Convención y reunirse con personas y organizaciones civiles para recibir inquietudes y propuestas. Esta iniciativa, que se asimila a las semanas distritales del Congreso, apareció desde un inicio en las comisiones provisorias, quedando finalmente consagrada en el artículo 73 del Reglamento General. Así, entre el 11 y el 15 de octubre se desarrolló la primera semana territorial; entre el 15 y el 19 de diciembre, la segunda; y entre el 13 y el 17 de diciembre, la tercera. El objetivo de la semana territorial es que los convencionales vuelvan a sus distritos de origen y organicen actividades durante una semana para “rendir cuenta” del trabajo de la Convención. La cantidad total de tiempo destinado a este tipo de instancias es de 10 semanas. Lo anterior conlleva asimismo una multiplicación del gasto para costear los viajes y estadías. 

Destinar una semana al mes al trabajo territorial es excesivo y quita mucho tiempo, por lo que algunos convencionales, luego de la tercera semana, comenzaron a levantar el punto y proponer ideas para que se destinase más tiempo a la discusión constitucional. Así, desde los convencionales del FA y de INN se busca votar una propuesta que modifique el reglamento para “reestructurar, suspender, dividir o agendar una semana territorial”, además de poder funcionar y sesionar de forma telemática durante las semanas territoriales. Una opción es que no se realicen semanas territoriales en enero y febrero, sino que en los últimos meses de la Convención, cuando esté funcionando la Comisión de Armonización, compuesta sólo por 40 convencionales. Esta opción fue la que se adoptó en la sesión del Pleno del 29 de diciembre, en donde se realizó un ajuste al Cronograma General: suspensión de las semanas territoriales de fines de enero, febrero, marzo y abril, la inclusión de las semanas territoriales de “Difusión de Propuesta de Texto Constitucional” y la eliminación de la salida regional de la Convención programada de la primera semana de febrero, y la gira del órgano se trasladó para la tercera semana de marzo. 

Así, se puede cumplir lo ordenado por los reglamentos y destinar de forma eficiente recursos y tiempo a la participación popular, para que los convencionales puedan disponer de más tiempo para cumplir su tarea.

Por último, y como indicamos al inicio de este capítulo, otra razón de los grandes retrasos que tuvo la Convención fue obligarse desde el inicio a que el proceso contase con la mayor participación ciudadana posible. La masiva participación ciudadana, reflejada en más de 1.200 solicitudes de audiencias públicas durante la etapa de elaboración de las propuestas reglamentarias de las comisiones provisorias, no estuvo sujeta a criterios que regularan la cantidad de exponentes. Por otro lado, en muchos casos no existió una trazabilidad y potencial efecto de las exposiciones en las propuestas finales. El 5 de octubre se votaron en el Pleno las indicaciones al Reglamento de Participación Popular, aprobándose distintos mecanismos de participación popular: Plataforma Digital, Registro Público de Participación Popular, Iniciativa Popular de Norma, Encuentros Autoconvocados, Audiencias Públicas, Jornadas Nacionales de Deliberación, Cabildos Comunales, Encuentros Territoriales, Cabildos Regionales, etc. Los principios de dicho reglamento se les aplican a los resultados de todos estos mecanismos, obligan a que se reciban todos los documentos que emanen de esos encuentros, a establecer procedimientos de trazabilidad y sistematización y a informar el resultado final, lo cual obliga a destinar funcionarios y recursos a tareas totalmente prescindibles. La ciudadanía se expresó con el plebiscito y con la elección de convencionales, y les encomendó la tarea de redactar una propuesta de Constitución, la cual sería sometida a plebiscito. Las distintas formas de asambleísmo popular son propias de universidades o partidos políticos. Hubiese tenido mejor resultado que se invitara a expertos en las áreas estrictamente necesarias, siendo elegidos de acuerdo con criterios de representación política o ideológica.  

II. Irregularidades jurídicas

Un segundo aspecto que ha caracterizado la labor de la Convención es el incumplimiento de las normas, lo cual es preocupante, considerando que esta escribirá una norma que nos obligará a todos. Se ha hecho frecuente en la Convención que algunos de sus miembros invoquen la Constitución de 1980 cuando pareciera que es oportuno para sus objetivos, pero la rechacen cuando se opone a los mismos. Vale decir, se invoca solo cuando conviene. En este sentido, puede afirmarse que el actuar constante de la Convención ha sido el de caminar al filo de lo constitucional. Creemos que la razón es lo que se ha llamado “el poder constituyente originario”, según el cual la Convención es autónoma para decidir y ordenar a su antojo, por lo que el cumplimiento de las normas preexistentes no obedece a su fuerza obligatoria, sino a su naturaleza de órgano autónomo que ejerce dicho poder. 

En este capítulo se detallan los casos de infracción a la Constitución, pero también a su propio reglamento, y los intentos de “trampas procedimentales”, exitosos o no, para controlar el debate de fondo sobre el contenido de las normas constitucionales.

1) Infracciones a la CPR

Caso Vicepresidencias

Apenas instalada la Convención, uno de los primeros hechos considerado como una infracción a la Constitución fue el “Caso Vicepresidencias”, surgido en la sesión del 7 de julio, cuando la Presidencia presentó una propuesta para la ampliación de las vicepresidencias hasta 9 cargos, dos de ellos exclusivos para los escaños reservados. El convencional Squella, intentando que la Mesa tuviese más ayuda, pero respetando la Constitución, propuso que se creara un comité ejecutivo que fuese un soporte para la Mesa. 

Sin embargo, hubo un problema en la forma en que continuó la sesión, pues el vicepresidente preguntó: ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de crear un comité ejecutivo compuesto por 5 constituyentes para colaborar con las tareas de Mesa de la convención?”.  La pregunta fue votada favorablemente, pero inmediatamente algunos convencionales se acercaron a la Mesa alegando que se les había convocado a discutir la ampliación de la Mesa y no crear un comité ejecutivo. De forma sorprendente, se anuló la votación y se formuló una segunda pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la propuesta de ampliación de los cargos de la mesa?”, la cual fue aprobada con 127 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. 

Esto fue una decisión contraria a la Constitución, pues el art. 133 inc. 2° señala que la Mesa sólo estará compuesta por un Presidente y un Vicepresidente. Ambos puntos son preocupantes, pues ante la opción de una solución que respetaba la Constitución, la Convención comienza su funcionamiento con la anulación arbitraria de una votación y aprueba una norma reglamentaria provisional que es contraria a la Constitución. No sería la última vez que la Mesa sería encarada por convencionales que no estaban de acuerdo con sus decisiones. 

Caso Reglamentos

Una segunda infracción constitucional, consecuencia de la creación de varias comisiones y la ratificación de que aprobasen propuestas normativas, fue el “Caso Reglamentos”. Si bien el artículo 133 de la Constitución hablaba sólo del reglamento de votación, era esperable que se aprobaran normas que regularan el funcionamiento mínimo de la Convención, pero algo diferente era que existiesen 4 reglamentos distintos que repetían los mismos principios y tenían una regulación dispersa. 

Cuando se aprobaron, el 14 de julio, las “Normas básicas para el funcionamiento provisional de la Convención Constitucional”, que regulaba la integración, funcionamiento y objetivos de las Comisiones de Reglamento, Ética y Presupuestos, si bien se indicó que su cometido era presentar una propuesta de Reglamento al Pleno (art. 6°), también se aprobó que las otras comisiones evacuaran propuestas al Pleno (art. 4°), y en el caso de la Comisión de Ética explícitamente se indicó como uno de sus objetivos “elaborar una propuesta de reglamento de ética y convivencia…” (art. 7 N°2), con lo que ya se daba por hecho que existiría más de un reglamento. El “Reglamento para el funcionamiento provisional de las nuevas comisiones”, aprobado el 21 de julio, confirmó esta tendencia y dispuso que las comisiones tenían un “plazo de 30 días corridos para evacuar sus propuestas al Pleno” (art. 2°).

Así, esta discordancia solo comenzó a ser advertida el 11 de agosto, cuando el secretario de la Subcomisión N°2 de Reglamento informó que, “de acuerdo con lo que se le instruyó de la Mesa Directiva, se pensaba en que debería haber un único reglamento que recogiera todas las normas de funcionamiento emanadas de las diversas comisiones.

El martes 17 de agosto, se discutió en el Pleno la posibilidad de ampliar el plazo para que las comisiones provisorias finalizaran la elaboración de sus informes y propuestas reglamentarias, para que la Comisión de Reglamento las incorporara en su propuesta de reglamento y enviarla al Pleno. El vicepresidente Bassa señaló que “no se está aprobando prórroga de plazo para ninguna comisión, sólo se está haciendo que la comisión de Reglamento pueda cumplir su mandato, ya que se necesitan los insumos de las otras comisiones, ya que siempre se trabajó con la idea de que va a existir un reglamento permanente, salvo la comisión de ética, y por ello, la idea de otorgarle esta potestad a la comisión de reglamento”. De lo anterior se desprendía que sólo existirían 2 reglamentos y que sólo la Comisión de Reglamento tendría competencia para recibir las propuestas reglamentarias de las demás comisiones, sistematizarlas e incluirlas en el Reglamento final, lo que no ocurrió, pues ya existía un fundamento normativo para defender la posición contraria, según las disposiciones reglamentarias señaladas en el párrafo anterior. Así, se aprobaron 4 reglamentos distintos, de igual jerarquía, excesivamente detallados y reiterativos. Lo más irónico de todo era que ninguno era un reglamento de votación.  

El 30 de agosto, los coordinadores de las comisiones transitorias se reunieron para hacer presentaciones sobre las propuestas y trabajar durante la semana en su sistematización. Lo anterior generó una serie de conflictos, pues algunos interpretaban que habían elaborado propuestas reglamentarias propias e independientes del Reglamento General, que sólo podían ser aprobadas por el Pleno.

Al día siguiente, la Comisión de Reglamento aprobó la creación de cinco reglamentos autónomos para el funcionamiento de la convención: Ética, Presupuesto, Participación Popular, Consulta Indígena y el redactado por la comisión de reglamento o Reglamento General. Esto era contrario a los acuerdos propuestos por la Mesa y aprobados por el Pleno en la sesión del 17 de agosto, y sirvió para introducir normas de votación en otros reglamentos. En efecto, la aprobación de los plebiscitos dirimentes por el Pleno ocurrió porque, en lugar de incorporar una norma incompatible con lo ya aprobado por la Comisión de Reglamento -que los había rechazado-, se enviaron directamente al Pleno, donde existían los votos para que fuesen aprobados. Para evitar conflictos, los coordinadores de la Comisión de Reglamento propusieron redactar un informe que dé cuenta de las inconsistencias que puedan aparecer entre las normas propuestas por las distintas comisiones. Se decidió que dichas incompatibilidades fuesen resueltas por el Pleno, ya que la Comisión de Reglamento no tenía competencias para hacerlo. 

El miércoles 1 de septiembre continuó el conflicto de armonización de normas entre la Comisión de Reglamento y la Comisión de DD.HH., por lo que se decidió no incorporar las propuestas reglamentarias de esta última comisión y que fuera el Pleno el que votara tales propuestas, incumpliendo las Normas Provisorias de Funcionamiento, que entregaban competencia a la Comisión de Reglamento para recibir e incorporar las propuestas emanadas de otras comisiones, y no confería a las demás comisiones la atribución de proponer reglamentos al Pleno. Esto se advirtió a algunos asesores de convencionales de Vamos por Chile. 

Caso Plebiscitos

A nivel de Convención, uno de los episodios más polémicos, y que sigue sin resolverse, es el “Caso Plebiscitos”. Los convencionales de Movimientos Sociales Constituyentes, Partido Comunista y Lista del Pueblo intentaron que fueran aprobados en cuatro instancias distintas, estrategia que finalmente resultó exitosa.

El intento de introducirlos comenzó el miércoles 18 de agosto, cuando la Subcomisión N°2 de Reglamento aprobó un artículo que ratificaba que el quórum de aprobación de las normas constitucionales por 2/3 de los convencionales en ejercicio, y se rechazó, en una ajustada votación (6-5), la propuesta de crear plebiscitos intermedios para decidir sobre aquellas normas que no alcanzaran los 2/3 en el Pleno. 

Luego, en la Comisión de Descentralización, el 26 de agosto se rechazó una propuesta presentada por los convencionales Hoppe y Uribe para introducir los plebiscitos intermedios dirimentes (6 a favor y 9 en contra).

En el Pleno de la Comisión de Reglamento se volvió a presentar una indicación para incluir a los plebiscitos dirimentes, pero en la votación en particular del 27 de agosto fue rechazada por tercera vez, si bien la coordinadora de la Comisión, Amaya Álvez, sostuvo que “apoyaremos la propuesta de Plebiscitos Dirimentes que surja de la Comisión de Participación Ciudadana. Estamos trabajando en colectivo para abrir la Convención Constitucional a la participación popular”. 

Finalmente, el mismo día, pero en la Comisión de Participación Popular se presentó una propuesta similar de plebiscitos dirimentes, y los convencionales de izquierda y centroizquierda llegaron a acuerdo en una indicación para incluirlos, por lo que tendría los votos para ser aprobada (no sólo en la comisión, sino también en el Pleno). La frase que venció las resistencias es la contenida en la siguiente indicación: “Para la convocatoria a plebiscito deberán llevarse a cabo las reformas a los cuerpos normativos pertinentes”. Así, se enviaban al Pleno un reglamento que ya había rechazado en tres oportunidades incluir los plebiscitos dirimentes, y otro que sí lo incluía. 

En el Pleno, el 29 de septiembre se terminó de votar el Reglamento General, aprobándose la indicación N°294 presentada al artículo 76, que incluía como función de la Comisión de Armonización “consolidar un Proyecto de Constitución con las normas constitucionales aprobadas por el Pleno y aquellas aprobadas en el plebiscito dirimente intermedio conforme al reglamento específico correspondiente, y la indicación N° 334 presentada al artículo 95, que regulaba el caso de que se rechazara una propuesta de normas constitucional se entendería definitivamente rechazada “con la sola excepción de aquellas que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento específico correspondientes para ser sometidas a plebiscito dirimente. Sin embargo, el contenido mismo de los plebiscitos estaba regulado en el Reglamento de Participación Popular, entre los artículos 47 a 51, y en la votación del 6 de octubre los artículos e indicaciones que regulaban los requisitos de los plebiscitos, su oportunidad, efectos e implementación, fueron aprobados por más de 2/3, salvo el que regulaba los requisitos. Los convencionales de Vamos por Chile intentaron reclamar ante la Corte Suprema, pero sólo consiguieron 38 de las 39 firmas necesarias. 

La redacción final de los artículos de los reglamentos que regulan los plebiscitos dirimentes desobedece el mandato constitucional porque constituye una alteración del procedimiento en la elaboración de la norma, al permitir que propuestas de normas constitucionales sean aprobadas por menos de 2/3, y por quienes no son convencionales (incisos 3° y 4° del artículo 133 de la CPR). Por otro lado, la Convención no puede arrogarse atribuciones que no le han sido entregadas, y “requerir a las instituciones públicas, organismos y a los poderes del Estado pertinentes para que el plebiscito se realice en conformidad a lo establecido en este reglamento”, es una infracción al art. 5°, 6 y 7° de la CPR. Como en otras instancias, la implementación de estos plebiscitos trae consigo profundos inconvenientes, que la doctrina ha explicado latamente, pero hay dos que consideramos graves: el incentivo de no llegar a acuerdos para que una propuesta sea resuelta por la ciudadanía mediante una pregunta cerrada que no refleja la complejidad de un desacuerdo constitucional, y el costo de su implementación, que, si bien no es con cargo al presupuesto de la Convención, tiene su origen en ella. Por último, la aprobación de estas normas afecta la confianza de la ciudadanía en el correcto desarrollo del proceso constitucional, pues éste debe desenvolverse según las normas de la Carta Fundamental. 

El asunto está lejos de terminar, pues la Convención trasladó el foco del problema al Congreso, y será este el que podría debatir un proyecto de reforma constitucional que modifique el Capítulo XV de la CPR, incluyendo los plebiscitos dirimentes. Esto no ha ocurrido hasta ahora. La conformación política del Congreso elegido en noviembre hace pensar que será difícil que una iniciativa de este estilo reciba sanción parlamentaria. 

Caso Rojas Vade

A nivel de convencionales, uno de los episodios que ha traído consecuencias de todo tipo que afectan a la Convención fue el “Caso Rojas Vade”. Rodrigo Rojas Vade era uno de los manifestantes más conocidos en Plaza Italia, fácilmente reconocible por protestar mientras sufría una leucemia linfocítica aguda mixta (cáncer grave que ataca la sangre y la médula ósea) y era visto con parches, mascarilla y un catéter, transformándose en un ícono de la llamada “primera línea”. 

El sábado 4 de septiembre se supo la verdad, pues el mismo convencional Rojas difundió un video en el que afirma no haber tenido cáncer, sino que otra enfermedad condenada socialmente, lo cual provocó una crisis en la Convención, particularmente en su coalición, ya que su campaña y elección como convencional se había fundado en gran parte sobre su supuesta enfermedad. Lo hizo para intentar anticiparse a un reportaje que publicaría La Tercera el domingo, donde él reconocía en una entrevista la mentira sobre su enfermedad. 

Las reacciones de distintos sectores políticos fueron inmediatas. Se criticó a la Mesa, que no fue clara en condenar el fraude. El vicepresidente Bassa si bien aceptó la renuncia a la Convención presentada por Rojas Vade ese mismo día, afirmó que no existirían defensas corporativas, pero que empatizaba con el dolor de todos, incluido Rojas Vade. Así, a la mañana siguiente Bassa emitió una nueva declaración, donde afirmó que se iniciaría un procedimiento interno para adoptar sanciones éticas y regular la posible desvinculación de la Convención. 

La imagen de la Convención siguió viéndose afectada, pues el miércoles de esa semana funcionarios de la PDI acudieron al Ex Congreso Nacional para notificar a la Presidenta y el Vicepresidente de la investigación por el caso Rojas Vade, debiendo acudir en la tarde a declarar en calidad de testigos. Además, el Ministerio Público ofició a la Contraloría General de la República para que entregara todos los antecedentes relacionados con la postulación del convencional a la Convención, y al Ministerio de Salud, para que entregara los documentos sobre las atenciones que ha tenido en el sistema de salud. 

Rojas, quien era vicepresidente de la Mesa, debía ser remplazado por la convencional Madariaga, lo que no se concretó, pues en una entrevista a La Tercera, el vicepresidente Muñoz señaló que la Presidenta Loncón “tiene un lado humano que se pone en evidencia siempre y ella ha respondido desde ahí en el primer momento” pero que al momento de la noticia faltaba información por lo que el cargo quedaría vacante. La razón de esto fue que el mecanismo de reemplazo para las vacancias sólo aplicaba en caso de que existiese una corrección de “composición paritaria”, pero no operaba para las renuncias. Se solicitó un informe jurídico para integrar el vacío normativo. Ese mismo día, Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), coalición a la que pertenecía Rojas Vade, emitió una declaración informando que ya no sería parte del colectivo. Por su parte, Rojas Vade informó públicamente que estaba dispuesto a asumir las sanciones que estableciera el Reglamento Provisorio. 

El lunes de la semana siguiente, publicó un video en el que comprometía su renuncia a la Convención, afirmando que no participaría de las sesiones, ni aceptaría dinero por los días en que no trabajó sin justificación, y que esperaría el mecanismo formal para hacer efectiva su renuncia, cuestión que continua pendiente. 

Arista renuncia y reemplazo

La arista constitucional de la renuncia y reemplazo del convencional Rojas tiene relación con el cumplimiento de la CPR, pues la remisión del art. 134 al art. 60 de la CPR establece que sólo el Tribunal Constitucional puede conocer de la renuncia, calificar y pronunciarse al respecto. Pese a ello, la Mesa empezó a buscar una fórmula para que fuese la Convención la que tomara esa decisión. De esta forma, el jueves 23 de septiembre se aprobaron en el Pleno los mecanismos de renuncia de convencionales, por lo que podrán renunciar “cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñar su cargo y así lo califique el Pleno”, atribuyéndose una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, aunque algunos han señalado no existiría tal potestad, pues la Ley N° 21.200 no reformó ningún artículo que estableciera expresamente que sería dicho tribunal el encargado de decidir el asunto. Por otro lado, para solucionar el problema del reemplazo de un convencional elegido como independiente dentro de una lista de independientes, se aprobó que “serán reemplazados por la persona del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la misma lista«, contrariando por segunda vez la CPR, pues el inciso 4° del art. 51 (aplicable por remisión del art. 134) expresamente prohíbe el reemplazo de convencionales independientes. Por quinta vez, la derecha consideró ir a la Corte Suprema.

Esta situación también significó que la Convención reconociera sus límites, pues a pesar de los intentos de regular la renuncia y reemplazo en los reglamentos, distintos proyectos de ley se han presentado en la Cámara de Diputados y en el Senado para reformar la Constitución y subsanar este vacío: algunos sólo contemplan la renuncia, otro se aplicaría a convencionales y parlamentarios por igual, etc. El 1 de diciembre, el Senado resolvió no votar el proyecto que permite a los convencionales renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad del proceso, y devolverlo a la Comisión de origen, pues si bien habría acuerdo en habilitar la posibilidad de renuncia por causa grave, no existiría respecto de la implementación de los mecanismos de reemplazo, con lo cual la situación sigue sin resolverse.

Más allá de las reacciones mediáticas contra la Convención y la crítica de la opinión pública, lo que consideramos inquietante es que las soluciones previstas por los convencionales no se ajustan al marco establecido por la Constitución. Aprobar normas que se arrogan atribuciones que no le competen genera un grave problema. Lo realmente grave ocurriría con el reemplazo, pues si la Convención acepta que un candidato a convencional que no fue electo como tal, asuma los derechos y obligaciones de Rojas, con voz y voto en las discusiones y votaciones, la legitimidad del proceso se afectaría gravemente, pues sólo los convencionales declarados como tales por el Tricel pueden participar del proceso constitucional, y una norma reglamentaria no puede modificarlo.

Caso 2/3  

El quórum de aprobación de normas constitucionales fue uno de los elementos más discutidos, defendidos y atacados desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Considerados como una garantía que impidiese cambios radicales o como un resquicio obstruccionista que resistía los cambios que la sociedad demandaba, según la perspectiva de cada sector, han sido objeto de una intensa polémica en la Convención: el “Caso 2/3”.  

Si bien desde antes de la instalación de la Convención los convencionales del Partido Comunista y otros afines ya empujaban la modificación del quórum de 2/3, la disminución del quórum, al igual que con la introducción de los plebiscitos dirimentes, se intentó lograr con la presentación propuestas e indicaciones en la Comisión de Reglamento. 

A nivel de Comisiones Provisionales, el intento de reducirlos fue según los procedimientos establecidos, esto es, presentación y votación. Así, el 18 de agosto, la subcomisión N°2 de Reglamento rechazó, por 6 votos a favor y 5 en contra, rebajar el quórum de 2/3 a 4/7 y mantuvo el quórum original. Esta decisión fue ratificada por el Pleno de dicha comisión, cuando el 27 de agosto, se rechazó una indicación presentada por convencionales de la Lista del Pueblo, Partido Comunista, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblos Originarios, por 19 votos en contra y 12 a favor. 

Sin embargo, a nivel de Pleno, la estrategia ocupada se caracterizó por una interpretación mañosa que justificaba violar los 2/3 de las normas de procedimiento para salvar los 2/3 para la aprobación de normas constitucionales. La noche del 8 de septiembre, el secretario John Smok, a pedido de la Mesa, envió un correo electrónico a los convencionales informando que determinadas normas de las propuestas reglamentarias debían ser votadas por 2/3 y no por mayoría simple, pues se trataría de normas de votación. Varios convencionales, especialmente de escaños reservados, se opusieron a esta medida, pues algunos artículos del reglamento de participación indígena debían ser votados por 2/3, específicamente los referidos a los acuerdos vinculantes

Por ello, la sesión del Pleno del jueves 9 se interrumpió a las 11:30 AM, pues un grupo de convencionales de escaños reservados increpó con gritos -de la misma manera que cuando se votó el comité ejecutivo y no la ampliación de las vicepresidencias-, y de pie frente la Mesa, contra la decisión informada el día anterior. Ante esto, se suspendió la sesión, y la Mesa Ampliada se reunió a fin de preparar una propuesta que solucionara el problema. 

En la sesión de la tarde, la Mesa propuso que el debate de las propuestas reglamentarias fuese entre el 9 y 10 de septiembre, y la votación el martes 14. Se aprobó que los convencionales pudieran presentar indicaciones patrocinadas por 30 constituyentes para solicitar que ciertas normas fuesen calificadas para ser aprobadas por 2/3. 

El martes 14 se votaron los reglamentos. Al inicio se votó por separado cada una de las normas calificadas por Vamos por Chile, pero ninguna obtuvo más de 39 votos en el mejor de los casos, entre ellas el art. 94 del Reglamento General, que establece el quórum de votación para aprobar normas constitucionales por 2/3. Así, para aprobar estas normas se necesitaría de mayoría simple y no de 2/3. Lo anterior es contrario a la CPR, pues el art. 133, inciso 3°, señala que tanto las normas constitucionales como el reglamento de votación de estas, deben ser aprobados por dos tercios de los convencionales en ejercicio. Sin embargo, los convencionales del Colectivo del Apruebo, INN, Colectivo Socialista y Frente Amplio prefirieron incumplir el quórum de 2/3 para aprobar las normas de votación, a fin de asegurarse que se respetaran los 2/3 de las normas constitucionales, ya que no tenían los votos para aprobar por 2/3 las normas calificadas de quórum especial, debido a que los convencionales del Partido Comunista, Pueblos Originarios, Movimientos Sociales Constituyentes y Lista del Pueblo tenía más de un tercio de los convencionales. Así, saltarse los 2/3 de aprobación de las normas de votación para mantener los 2/3 de aprobación de las normas constitucionales también es una infracción constitucional, aun para detener el intento de rebajar el quórum de aprobación de normas constitucionales de 2/3 (103 CC) a 3/5 (93 CC). Los convencionales de Vamos por Chile amenazaron con reclamar a la Corte Suprema, pero ello no ocurrió.  

El miércoles 29 se terminó de votar el Reglamento General. Habiéndose decidido la estrategia, se rechazó la indicación N°329 al artículo 94 (actual 96) del Reglamento General, que proponía rebajar el quorum de 2/3 a 3/5, y luego se votó el artículo, en aquello que no había sido modificado, aprobándose por menos de 2/3, lo que contravenía lo ordenado por la Constitución, pues era una norma de votación. Muchos tenían motivos para celebrar, pero por distintas razones: los convencionales de RN, EVO, Colectivo del Apruebo, INN, Colectivo Socialista y Frente Amplio, porque se ratificaba finalmente que las normas constitucionales fuesen aprobadas por 2/3, mientras que los convencionales de Movimientos Sociales Constituyentes, Partido Comunista, Lista del Pueblo y Pueblos Originarios, festejaban que el quorum fijado era por decisión de la Convención y no por acatamiento de la Constitución, es decir, la Convención soberanamente había decidido el quórum. 

Caso República

Desde el inicio del funcionamiento de la Convención, algunos convencionales han emitido comentarios sobre el carácter de república democrática de nuestro país y la permanencia o modificación de algunos símbolos patrios. 

Sobre lo primero, el 11 de agosto, en la Subcomisión N°1 de Reglamento, se aprobó una indicación que excluía la expresión “República de Chile” del artículo 2°, que regula el objeto del Reglamento. Lo anterior despertó una discusión entre los convencionales, pues se consideraba que se adelantaba una discusión de fondo y porque el inciso final del artículo 135 de la CPR señala que “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile…”. Sin embargo, la plurinacionalidad no se opone al concepto de República, pues el segundo se refiere a la forma de gobierno, por oposición a la monarquía, mientras que el primero apunta al reconocimiento explícito de los pueblos originarios y sus derechos. Si bien se pudo haber entregado una señal política manteniendo el concepto, ello no ocurrió, pues el 23 de septiembre se rechazó en el Pleno la indicación N°9 al artículo 2°, sobre el objeto del Reglamento, que buscaba incluir la expresión “República de Chile”

Un aspecto relacionado a esto es el poco respeto y deferencia de la Convención por los símbolos patrios. Así, en la instalación de la Convención el himno nacional fue interrumpido varias veces y la convencional Labraña declaró en televisión que a alguien se le podría ocurrir “hacer un himno nuevo, por qué no, u otra bandera. Estamos en un proceso de refundación del país. Por su parte, la convencional Beatriz Sánchez publicó en Instagram que realizó una actividad en la Escuela Agroecológica de Pirque proponiéndole a estudiantes y profesores “intervenir el escudo proponiendo otro lema o frase”, y una foto con frases como “Dignidad y Rebeldía, Igualdad y Libertad”, “Tierra de Equidad y Dignidad” o “Justicia y Equidad”, entre otras. En la sesión del Pleno del 13 de septiembre se permitió cantar el himno nacional al término de ella, pero varios convencionales se taparon un ojo en señal de protesta. 

Arista Poder Constituyente Originario

Una discusión, intelectual para algunos y estratégica para otros, ha sido el Caso Poder Constituyente Originario”. El jueves 23 de septiembre se aprobó que la Convención fuese un poder originario: “La Convención Constitucional es una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario”, y en los demás reglamentos es posible encontrar expresiones similares que manifiestan la idea de que la Convención no está sujeta a poder alguno, que es autónoma para tomar decisiones y aprobar normas aun cuando no se ajusten al ordenamiento jurídico vigente y que el resto de los “poderes constituidos” debe acceder a sus solicitudes, requerimientos o demandas, como lo demuestran oficios y artículos de los reglamentos.

En efecto, ciertos convencionales de Vamos por Chile solicitaron una reunión con la Presidencia de la Convención, lo que ocurrió el 22 de septiembre. En ella, le plantearon su preocupación por la vulneración de las normas constitucionales, y que el fondo del asunto es que no se reconoce la supremacía constitucional que tiene la Constitución sobre la Convención. Según los convencionales que participaron, “tanto Loncón como Bassa les aclararon que precisamente existe una diferencia en la posición de los constituyentes respecto de esa supremacía. 

2) Infracciones a los reglamentos de la CC 

Con el antecedente de incumplir constantemente la Constitución, no fue sorprendente que, una vez aprobados los reglamentos, éstos tampoco fueran acatados. La preocupación se confirma: este supuesto “poder constituyente originario” no sólo es incapaz de cumplir las normas que le dieron origen, sino que tampoco hay un respeto y obediencia a las normas que él mismo se ha dado. A continuación, incluimos algunos ejemplos de infracciones reglamentarias que han tenido lugar.

2.1. Integración de Comisiones Temáticas 

El 8 de octubre, la Mesa dictó el Oficio N° 163 informando la integración de las siete comisiones temáticas, según lo ordenado por los artículos 3, 32, 39, 61 y 70 del Reglamento General. Sin embargo, la integración incumplía tales normas, pues la Comisión N°5 (Sistemas de Justicia), está integrada por 7 mujeres y 12 hombres, cuando el art. 32 señala que el género masculino no puede ser superior al 60% en la integración de la comisión. En segundo lugar, no se respetaron los escaños reservados para los pueblos originarios, lo que afectó a otros convencionales. Así, en la Comisiones N°1 y 2 falta que 2 y 1 escaños sean ocupados por convencionales de Pueblos Originarios, respectivamente, y en las Comisiones N° 3, 6 y 7 sobra 1 escaño reservado en cada una. 

En la sesión del 7 de octubre, los convencionales de la Comisión de Reglamento reconocieron que no se estaban cumpliendo los criterios de integración, pero también advirtieron que el Reglamento no establecía los mecanismos para corregir la situación. Para remediarlo, según dijo la coordinadora Álvez, sería necesario aprobar una reforma al reglamento y la mayoría de los miembros de la comisión dijo estar de acuerdo en impulsarla. Si bien es cierto que el 4 de noviembre la Mesa envió al Pleno un informe sobre adecuaciones reglamentarias, y el 1° de diciembre se votó el comparado con las adecuaciones hechas, ninguno de las modificaciones tenía relación con la corrección de la integración de las comisiones temáticas. 

2.2. Plazo para la presentación de iniciativas constituyentes populares 

Tanto el Reglamento General como el de Participación Popular establecen un proceso para la discusión constitucional y mecanismos para que la sociedad civil, y no sólo los convencionales, pueda participar en él. Uno de estos instrumentos es la iniciativa popular constitucional, definida por el art. 31 del Reglamento de Participación Popular como un “mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar a la Convención Constitucional una propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional”. Algunos requisitos que debe cumplir son reunir quince mil firmas, de cuatro regiones del país, en un plazo de 60 días. Este último elemento es el que más cuestionamientos ha recibido pues el inicio de este, su forma de cómputo y la afectación a la sociedad civil, no se ha ceñido a lo prescrito en los reglamentos, lo que afecta a la sociedad civil, y pone en duda una verdadera participación popular y efectiva que se ha intentado implementar.    

En primer lugar, el plazo ya está corriendo. En efecto, el art. 79 del Reglamento General señala que “…realizada la primera semana territorial, la Presidencia de la Convención declarará ante el Pleno el inicio oficial del debate constitucional”. Luego, el art. 81 indica que “Después de abierto el debate constitucional, se podrán presentar iniciativas constituyentes…”, estableciendo quiénes pueden presentarlas, y las clasifica en convencionales y populares. Por otro lado, el art. 84 establece que el período para la presentación de iniciativas constituyentes “no podrá ser inferior a 60 días y deberá ser definido de acuerdo al cronograma”. 

En segundo lugar, el plazo es de días hábiles. El art. 6° del Reglamento General señala que los plazos establecidos en “este Reglamento se entenderán de días hábiles y completos”, y los plazos serán “de días corridos cuando así se señale expresamente”, y el art. 84 no señala que sea un plazo de días corridos, y sólo dispone que “no podrá ser inferior a sesenta días”. Es decir, vence el 12 de enero de 2022. 

En tercer lugar, las Comisiones Temáticas sólo pueden discutir y aprobar propuestas de normas constitucionales, una vez vencido dicho plazo. Así, el numeral 6° del art. 24 del Reglamento General, que regula los derechos de los convencionales, sólo los faculta a “presentar iniciativas constituyentes e indicaciones, conforme a las normas de este Reglamento”. Además, el art. 61, sobre las Comisiones Temáticas, establece que su finalidad es “estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales…, conforme a lo establecido en el presente Reglamento”. Por último, el Párrafo 2° del Título IV se refiere a las iniciativas constituyentes (presentación, requisitos, plazo, admisibilidad, sistematización y clasificación), y el Párrafo 3° norma el trabajo de las Comisiones Temáticas una vez recibidas las iniciativas constituyentes, por lo que claramente son etapas distintas y sucesivas. 

Sin embargo, el cronograma general aprobado por el Pleno el 3 de noviembre, incluía dos plazos distintos para la etapa de presentación y suscripción de iniciativas populares constituyentes: el plazo para la presentación de propuestas sería de 60 días corridos, comenzando el 8 de noviembre y venciendo el 6 de enero de 2022; y el plazo para la firma de iniciativas sería de 60 días hábiles, iniciando el 8 de noviembre de 2021 y finalizando el 1 de febrero del año siguiente. Esta distinción sobre la naturaleza de los plazos no se encuentra en ninguno de los reglamentos. 

Un segundo problema fue el retraso en la implementación de la Plataforma Digital, mecanismo que permitía a las personas inscribirse en el Registro Público de Participación Popular, para así poder presentar propuestas. En efecto, la Plataforma Digital no estaba implementada el 18 de octubre -fecha, como dijimos, en que comenzaba el único plazo-, y cuando se aprobó el Cronograma General, se estableció que la Plataforma Digital estaría habilitada el 8 de noviembre, pero no ocurrió y finalmente ésta quedó a disposición de la ciudadanía el 22 de noviembre. Es decir, con más de un mes de atraso, la sociedad civil pudo comenzar a presentar propuestas, y la Plataforma Digital no incluía una sección especial para las iniciativas populares constituyentes exclusivas para los pueblos originarios. 

El tercer problema fue la declaración de admisibilidad de las propuestas y su publicación para que fuesen apoyadas. Por un lado, la Comisión de Participación Popular se demoró en constituirse: en noviembre hubo tres sesiones (3, 8 y 29 de noviembre) dedicadas a la constitución, cronograma, implementación, etc. y recién el lunes 6 de diciembre se aprobó la admisibilidad y pertinencia del primer grupo de iniciativas populares, y el 9 de diciembre fueron publicadas en la Plataforma Digital. Por otro lado, el Reglamento de Participación Popular ordenaba la implementación de una Secretaría de Participación Popular, con una enorme cantidad de funciones, y que debía hacerse cargo de todo lo relacionado con la recepción de iniciativas populares constituyentes, para ayudar a la Comisión del mismo nombre. Lo anterior es preocupante, pues ya el 25 de noviembre se informaba que se habían recibido más de 500 iniciativas de personales naturales y organizaciones, pero en la sesión del 6 de diciembre se informó que de ellas sólo se había resuelto la admisibilidad de 214, declarando que 97 de ellas cumplían los requisitos, 83 tenían errores de forma y 6 contravenían tratados. 

Sobre todo lo dicho, cabe hacer dos comentarios. El primero puede parecer poco pertinente o extemporáneo, pero la iniciativa popular de norma es un mecanismo que, bajo la justificación de permitir la participación ciudadana y democratizar la construcción de la nueva Constitución, tiene serios problemas: supone aumento del gasto, pues implica contratar nuevos funcionarios para nuevas unidades administrativas, y es un antecedente para la iniciativa popular de ley. También genera una distorsión de la tarea de los convencionales y no existe certeza sobre su verdadera efectividad. Son ellos quienes tienen el deber constitucional de discutir y presentar propuestas, y la introducción de iniciativas populares puede terminar reemplazándolos: para la misma fecha en que se habían presentado 500 iniciativas populares, se habían presentado menos de 10 provenientes de convencionales. 

Por otro lado, la implementación de este mecanismo debe hacerse respetando los plazos. Si la puesta en marcha se atrasó, deben agregarse los días faltantes para alcanzar a completar las quince mil firmas, con la idea de que puedan discutirse en las comisiones temáticas. 

Por último, la novedad de estas iniciativas populares vuelve impredecible su resultado. En todo caso, sea cual sea, debe hacerse respetando las normas reglamentarias. Sobre este asunto, el convencional Achurra señaló que “Hemos pensado desde cosas como, qué se yo, vemos que hay una iniciativa popular de normas que lleva 10 mil firmas y que probablemente va a alcanzar las 15 mil, pero si esperamos que las alcance, no vamos a alcanzar a tratar el tema, de repente decir, vamos a tener que patrocinarlas nosotros para incorporarla y permitirnos discutirla y no llegar el último día que logre las firmas. Ahí vamos a tener que encontrar algunos acomodos poco ortodoxos. Este tipo de declaraciones genera dudas respecto de si todas las iniciativas populares recibirán un mismo tratamiento ¿Cómo se aplica disminución en el número de firmas? ¿Cómo un convencional “patrocina” propuestas populares? ¿Qué es un “acomodo poco ortodoxo”?

2.3. Aprobación del Cronograma General

Según el artículo 60 literal d) del Reglamento General, la Secretaría Técnica de la Convención debe formular una propuesta de cronograma general una vez iniciado el debate de fondo, por lo cual ésta se abocó a diseñar uno que fuese aprobado por el Pleno. Sin embargo, varias de las propuestas y la versión finalmente aprobada contenían hitos cuestionables.

Por ejemplo, los dos plazos de 60 días hábiles y corridos mencionados anteriormente; la inclusión de un eventual plebiscito dirimente para el 28 de mayo de 2022, cuando en el Congreso no ha comenzado la tramitación de un proyecto de ley que lo haga posible, o las eventuales jornadas de deliberación, que en un principio dependían de la aprobación de feriados nacionales. 

El punto más cuestionable, es que el cronograma está diseñado para un funcionamiento de un año y no de nueve meses, plazo original para terminar su tarea. La solicitud de prórroga de tres meses, según ordena el artículo 137 de la Constitución puede ser hecha por la presidencia de la Convención o por un tercio de los convencionales, con una anticipación no superior a quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses”. Sin embargo, cuando el 3 de noviembre se aprobó el cronograma general, que incluía de facto el funcionamiento de la Convención hasta julio de 2022, se estaba solicitando la prórroga lo cual es contrario al espíritu de la norma, pues en primer lugar se deben hacer todos los esfuerzos para cumplir su mandato dentro de plazo, y sólo si es que no es posible cumplirlo, solicitar la prórroga.

Quizás este es el mejor ejemplo de que la distracción de la Convención de su función más importante para atender cuestiones que no le fueron encomendadas, provoca una pérdida de tiempo que es difícil de recuperar y obliga a considerar desde un principio el plazo máximo posible para terminar su trabajo. 

3) Trampas jurídicas

Esta sección reseña los distintos mecanismos que fueron apareciendo durante la discusión de las normas reglamentarias, especialmente en las subcomisiones de reglamento, que pudieron ser ocupadas para controlar la discusión de fondo, y otras que fueron ocurriendo con posterioridad.

Caso L.G.O. 

La Subcomisión N°2 de Reglamento tenía por función diseñar el proceso de elaboración y aprobación de las normas constitucionales. Así, en las sesiones de agosto se debatió y votó la inclusión de un mecanismo previo al inicio del debate constitucional: desde INN se propuso la idea de los “Lineamientos Generales Orientadores” (LGO) que informarían el proceso previa aprobación del Pleno, pero comenzó una discusión sobre su naturaleza jurídica y finalidad, pues podrían ser incluidos en el preámbulo de la Constitución. Se discutió que, si corresponde a principios, entonces son normas constitucionales y deben ser aprobadas por 2/3, o si tendrían un carácter vinculante respecto a si una indicación o iniciativa de norma constituyente podría ser declarada inadmisible por no conformarse con un LGO. En la sesión del 11 de agosto se aprobaron los LGO por 9 votos a favor y dos en contra, y se discutió si ellos se incorporarían en la propuesta de texto constitucional o en su preámbulo, y si acaso tendrán fuerza vinculante para posteriores discusiones y votaciones. Sobre estos puntos no se llegó a acuerdo, y se aprobó (6-5) que “El Pleno acordará los lineamientos generales orientadores para la nueva constitución política por la mayoría de las y los convencionales, en conformidad a las normas generales”.

En esta etapa se rechazó la única indicación presentada al art. 3° que regula los LGO, manteniendo la redacción acordada en la sesión del 11 de agosto:

“Artículo XX. Lineamientos generales orientadores para la nueva Constitución Política. Una vez que se dé inicio al debate constitucional, se abrirá un plazo para que Convencionales, pueblos originarios, pueblo tribal afrodescendiente y sociedad civil, presenten sus propuestas de lineamientos generales orientadores para una nueva Constitución Política. Este plazo vencerá dos días después de haber concluido los discursos mencionados en el artículo anterior.

Las propuestas de lineamientos no pueden ser firmadas por menos de ocho y ni por más de dieciséis convencionales. Las y los convencionales podrán patrocinar diversas propuestas.

Las propuestas de lineamientos que propongan los pueblos originarios, el pueblo tribal afrodescendiente y la sociedad civil se sujetarán a las normas que fijen la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial y la Comisión de Participación Popular y Consulta Indígena, respectivamente.

Recibidas las propuestas de lineamientos, la Mesa Directiva Ampliada revisará su admisibilidad, las ordenará y sistematizará, para efectos de identificar coincidencias y diferencias entre ellas. La Mesa tendrá un plazo de hasta tres días hábiles para presentar un informe que contenga las propuestas de lineamientos sobre el que trabajará el Pleno.

El Pleno acordará los lineamientos generales orientadores para la nueva constitución política por la mayoría de las y los convencionales, en conformidad a las normas generales”.

La aprobación de esta propuesta permite suponer con bastante seguridad que sería una forma de saltarse los 2/3, pues su inciso final ordena que se vote por simple mayoría. Por un lado, es preocupante su contenido ambiguo, que impide tener claridad sobre su naturaleza. Por otro lado, su alcance puede llegar a ser gravísimo, pues una vez aprobados los LGO podría controlarse la discusión de fondo, evitando que sean aprobadas las propuestas que sean contrarias a los LGO. Si bien los convencionales Atria, Sepúlveda y Bravo argumentaron que se trataba de un marco teórico, de una hoja de ruta, y que servían para dar sentido y relato de la importancia de la nueva Constitución o como insumo para el preámbulo, rechazaron las indicaciones que intentaban limitar a los LGO, por lo que quedó en duda el fin con el que podrían ser efectivamente ocupados.  

Sin embargo, en el Pleno de la Comisión de Reglamento, las indicaciones que se le hicieron al documento consolidado que se elaboró al unir las propuestas reglamentarias de las tres subcomisiones, y que buscaban incluir los LGO en distintas materias (definición, derecho de los convencionales, etapa en la discusión constitucional, sistematización y clasificación) fueron retiradas o rechazadas, y no se presentaron indicaciones al Reglamento General en la discusión en el Pleno. 

Caso Comisiones de Transversalización

La idea básica de la transversalización es que se pueda asegurar la inclusión de contenidos mínimos en la propuesta constitucional y que generalmente constituye resolver de antemano algunos principios o normas que se incluirán en el texto constitucional. La primera vez que se reguló reglamentariamente fue al regularse los objetivos de la Comisión de DD. HH., cuando se estableció como uno de sus objetivos específicos “proponer las acciones para transversalizar armónicamente el enfoque de derechos humanos en el conjunto de las definiciones de la Convención, como también las perspectivas programáticas que apunten a la revisión inclusiva y democrática de la memoria histórica«. Luego, cuando los convencionales de la subcomisión N°2 de reglamento presentaron sus propuestas de flujograma, algunas ya incluían comisiones transversales: convencionales Montero y Gómez, del Colectivo Socialista; Sepúlveda, del Partido Comunista, y Jiménez, de los PP.OO. 

La propuesta final de la Comisión de DD.HH. aprobada el 28 de agosto, incluyó la creación una Coordinación Transversal de Derechos Humanos que velaría por “garantizar y aplicar un enfoque integral de derechos dentro de la Convención”, y alertaría de las incoherencias que debieran ser corregidas por el pleno de la comisión temática correspondiente. Esta idea, de Comisiones de Transversalización (de género, plurinacionalidad y descentralización), si bien fue aprobada por unanimidad en la Subcomisión N°1 de Reglamento, luego se aprobó una indicación que las suprimía, y ocurrió lo mismo en la Subcomisión N°2 y por el pleno de la misma , el 26 de agosto, pues se corría el riesgo de que actuaran como “supra comisiones”, “comisiones de 2° piso”, “policías de redacción” o una forma de censura. Quienes las defendían, argumentaban que no incluirlas tendría como efecto que la perspectiva de género y la plurinacionalidad pudiesen ser tratadas de forma superficial u olvidadas, y estas comisiones pueden “proponer una discusión tanto técnica como política de la transversalización del género y la plurinacionalidad a nivel constitucional, velando para que las normas sustantivas y  adjetivas incorporen una perspectiva feminista, de género y plurinacional a lo largo de la nueva Carta Fundamental.

Si bien se rechazó la creación de comisiones de transversalización con enfoque de género y de plurinacionalidad, propuestas por la convencional Sepúlveda, del Partido Comunista, se aprobó en el Reglamento General la creación de los mecanismos de transversalización, los que no tienen una regulación tan detallada, pero su tarea incluye la aplicación transversal de ciertos principios: derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socio ecológico y descentralización. 

Cada comisión temática deberá elegir a dos convencionales designados que den cuenta de los debates de cada comisión para “identificar posibles duplicaciones, divergencias o ausencias en relación con los enfoques definidos”. Es decir, se trata de una especie de comisión de armonización, pero que, en vez de velar por la coherencia y calidad de lo aprobado, sólo lo hace en relación con los enfoques definidos. A todo lo anterior, se le suma que, al momento de presentar las propuestas normativas al Pleno, deberá “acompañar un informe que incluya el proceso de discusión sobre implementación de los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socio ecológico y descentralización, y aquellas duplicaciones y divergencias que pudieran mantenerse entre comisiones

Queda la duda sobre el grado de obligatoriedad que tendrán los resultados de las reuniones de los convencionales de transversalización y su impacto en las discusiones y votaciones: ¿Podrán revertir votaciones? ¿o añadirán nuevos artículos o incisos? ¿Qué quiere la implementación de los enfoques: algún tipo de derecho preferente o acción que lo resguarde?

Caso Indicación Sustitutiva 1 y 2

El 1 de octubre comenzó a votarse en el Pleno el Reglamento de Consulta Indígena, pero la aprobación de una indicación sustitutiva global a todo el reglamento patrocinada por más de 80 convencionales tensó el ambiente y despertó críticas, pues el texto cambiaba en su totalidad. Si bien se reconocía que el texto nuevo era de mejor calidad que el elaborado en la comisión, muchos convencionales manifestaron que esta forma de actuar era poco transparente y de bajos estándares democráticos. En la práctica, como ya tenía un número de patrocinios superior al quórum para su aprobación, estaba aprobada en general y en particular, y se caían la mayoría de las indicaciones presentadas. Lo anterior, porque se estableció un límite mínimo de 30 convencionales para la presentación de indicaciones, pero no se puso un límite máximo a la cantidad de patrocinantes. Así, el principio de deferencia, ocupado en la comisión de reglamento para aceptar los plebiscitos dirimentes, no fue respetado en esta instancia. 

Para intentar remediarlo se pidió que se abriese un plazo especial para presentar indicaciones al nuevo reglamento, y se inició un largo debate. En este punto, la Presidenta Loncón señaló que no podían hacerse innovaciones, y el vicepresidente Bassa indicó que existían argumentos razonables por ambas partes: “tampoco hay argumentos jurídicos de texto, que permitan interpretar con plena certeza que la indicación sustitutiva que se ha presentado no cabe dentro del tipo de indicaciones que admiten las reglas provisorias que nos hemos dado. Lo dicho por la presidenta es importante por cuanto este era el tercer desencuentro que existía entre ella y los convencionales de escaños reservados (primero, por su intento de calificar normas del Reglamento Indígena por 2/3 y por haber votado a favor de aprobar las normas constitucionales por 2/3 y no 3/5), revelando la separación entre ellos, y que últimamente se ha evidenciado con la renuncia del convencional Antilef a la coordinación de la Comisión de Pueblos Originarios y la aparición de un nuevo colectivo, la Coordinadora Plurinacional, en la que se incluiría a los convencionales Alexis Caihuán, Victorino Antilef, Isabel Godoy, Eric Chinga y Natividad Llanquileo.

Entre los argumentos de los escaños reservados, uno que da cuenta sobre la forma de entender y actuar en la Convención fue el de la convencional aimara Isabella Mamani: “Quiénes mejor que nosotros los convencionales de escaños, que venimos de los territorios, que conocemos nuestros derechos, quizás lo que falta es que los no indígenas reconozcan los derechos colectivos. Finalmente, la Mesa Directiva suspendió la sesión para reunirse con los pueblos originarios y los integrantes de la comisión de consulta indígena, pero al momento de votar la procedencia de la indicación sustitutiva, no llegó a acuerdo (5 a favor, 1 en contra y 1 abstención) y en el Pleno se aprobó la indicación sustitutiva (103 votos a favor, 20 en contra y 22 abstenciones). El problema es más político que jurídico, pero envía una señal preocupante a la discusión y aprobación de normas constitucionales, sea en las comisiones temáticas o en el Pleno, pues, como indicó el vicepresidente Álvarez, “significa que el trabajo de una comisión completa el día de mañana puede ser reemplazado por una indicación sustitutiva que diga ‘todo lo anterior no vale’

No fue sorpresivo cuando se ocupó este mecanismo nuevamente en la misma Comisión. Una de sus tareas consistía en aprobar un documento base en un plazo de 15 días desde que se constituyó. El documento tenía por objeto entregar las directrices principales para la realización de la consulta indígena y fue aprobado en general el 12 de noviembre. El 6 de diciembre, luego de semanas de discusiones entre los convencionales indígenas, se aprobó una indicación sustitutiva que reemplazó el documento base, la cual fue ingresada como una “propuesta de adecuación”. Sin embargo, la decisión recayó en la Mesa, pues los coordinadores de la comisión enviaron un oficio solicitando que se pronunciara sobre la naturaleza de la indicación presentada. La respuesta al oficio incluía entre sus argumentos para considerar que la enmienda propuesta era una indicación global sustitutiva

III. Sesgo ideológico de la Convención

Desde su instalación, la Convención ha impulsado una agenda y ha encontrado los medios para ir cumpliéndola: una Constitución descentralizada, plurinacional, con perspectiva de género y de derechos humanos. Los ejemplos son numerosos. Quizás relatar algunos permita ilustrar adecuadamente el actuar de la Convención, sea de la Mesa o de las coordinaciones de las comisiones temáticas. Se ha incurrido, en conductas graves, como no permitir la presencia de determinadas personas u organizaciones, la falta de una condena sin matices contra la violencia instalar conceptos obligatorios como la paridad de género, el enfoque de niñez y feminismo, o excluir ciertos derechos del catálogo mínimo que se discutirá. 

Caso Arancibia

El viernes 30 de julio, a propósito de una carta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos enviada a la Comisión de Derechos Humanos, en la que se señalaba que el convencional Arancibia había sido edecán naval de Augusto Pinochet entre 1980 y 1982, se discutió acerca de si estaba inhabilitado políticamente para integrar la comisión. El 3 de Arancibia se defendió señalando que fue electo democráticamente. Sin embargo, quienes se oponían a su presencia argumentaron que debía salir por su trayectoria “negacionista” y sus vínculos con Pinochet. El caso fue remitido por la Comisión de Ética al futuro Comité de Ética el 11 de agosto.

Mientras tanto, en la Comisión de DD.HH. se realizó una votación “política” para que las audiencias públicas se realizaran sin el convencional Arancibia, ya que -se argumentaba- su presencia podría crear un “espacio de revictimización”. Fue aprobada con 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, aunque el coordinador Celedón sostuvo que debía tener derecho a permanecer. 

El 16 de agosto, la coordinadora de la Comisión de DD.HH. reconoció, pese al mencionado voto político, que no tenía atribuciones para excluir al convencional Arancibia de las audiencias. El asunto se resolvió cuando la coordinación de la comisión le pidió al convencional que participara en las audiencias públicas de la Subcomisión de Marco General, pero no en la Subcomisión de Verdad Histórica (en la cual se realizan presentaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos). Arancibia aceptó. 

Excluir a algunos no parece ser un modo adecuado de redactar una Constitución que se plantea como “la casa de todos”. El convencional Arancibia fue electo democráticamente y los convencionales, individual o colectivamente (sea en el Pleno o en comisiones) no tienen atribuciones para expulsar a un par. Tratar de hacerlo es son una forma de vetar y censurar. 

Caso veto a organizaciones

El viernes 30 de julio (el mismo día en que inició la polémica por el convencional Arancibia), la Comisión de DD.HH. aprobó una propuesta que indicaba que no serían recibidas en audiencias públicas las personas u organizaciones que “a través de sus planteamientos, propuestas o discursos hayan difundido mensajes de odio o que puedan incitar a la violencia respecto de grupos vulnerables o históricamente excluidos”. 

Cuatro entidades fueron directamente afectadas a raíz de un supuesto historial de difusión de “mensajes de odio”: la Fundación Jaime Guzmán, el Movimiento Acción Republicana, la Fundación Cuide Chile y la ONG Confamilia. Sin embargo, más tarde se llegó al acuerdo de aceptar la comparecencia de dichas organizaciones, aunque con la posibilidad de interrumpir la exposición si alguno de los convencionales calificaba que el contenido de esta constituía discurso de odio. Esto ocurrió efectivamente cuando Magdalena Moncada, exponiendo sobre los hechos del 18 de octubre de 2019, fue interrumpida por la coordinadora de la comisión, quien le advirtió que se mesurara en sus palabras. 

Limitar la libertad de expresión o censurar una opinión solo puede obedecer a razones justificadas y excepcionales, y debe ser realizado por quien tenga las competencias y atribuciones para ello, de las que carecía la coordinadora.    

Caso bandera evangélica

El 4 de agosto se celebró el primer mes de funcionamiento de la Convención, izando banderas de las regiones, los pueblos originarios, la diversidad sexual y el feminismo a la entrada de la ex sede del Congreso Nacional. Sin embargo, la Presidenta Loncón rechazó expresamente la petición del convencional Luciano Silva de incluir también la bandera cristiana evangélica, argumentando que Chile es un Estado Laico. Lo contradictorio es que el mismo día se celebró una ceremonia ancestral “Pawa”, para agradecer a la “Madre Tierra”, y en la que participaron convencionales de todos los sectores con cánticos y bailes. El argumento del Estado Laico debería aplicarse a todas las creencias religiosas. 

Frente a las críticas, que incluyó una manifestación de grupos evangélicos contra la presidenta Loncón el 28 de agosto, la Mesa de la Convención intentó enmendar la situación mediante un comunicado en el que anunció que realizaría “un gesto y símbolo hacia el mundo cristiano… Como una muestra de respeto y valoración, expresamos la intención de que esto sea realizado en el contexto del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. También hubo luego disposición de la Presidenta para recibir un documento sobre libertad religiosa por parte de los representantes de las Iglesias Anglicana, Católica, Ortodoxa, de la Plataforma Evangélica y de las comunidades judía y musulmana. En todo caso, el episodio de la bandera evangélica dejó entrever un trato desigual para ciertas confesiones religiosas, lo cual no se condice con la laicidad del Estado chileno, que debe respeto a los distintos credos.

Caso negacionismo y otros

El 17 de agosto, la Comisión de Ética definió por primera vez el concepto de negacionismo: “Se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión, que justifique, niegue o minimice, así como apruebe, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Así también, se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile”. Algunos días más tarde, el 20 de agosto, se aprobó como sanción al negacionismo la pérdida del derecho a voz en las comisiones. El esfuerzo por generar una visión única sobre acontecimientos y situaciones en los que existen múltiples miradas e interpretaciones va acompañado aquí por un ánimo de censura y por la ausencia de un debate serio. Además, lo aprobado se opone a la sentencia del Tribunal Constitucional que consideró inconstitucional el proyecto de ley que tipifica el negacionismo y los delitos de odio, como reseña la Sociedad Interamericana de Prensa

En esa misma fecha, la Comisión de Ética aprobó las sanciones a los constituyentes por infracción a las normas y principios del Reglamento de Ética, entre ellas, amonestación, censura (que implica la inhabilitación para mantener cargos de responsabilidad dentro de la Convención como coordinación de comisión, vicepresidencia o presidencia), multas hasta 750 mil pesos, suspensión temporal del uso de la palabra en las comisiones (durante 15 días corridos). Se rechazó que caer en “negacionismo” según había sido definido implicara también la pérdida del derecho a voto. 

A esto se suma la aprobación de una norma que podría llegar a prestarse para múltiples excesos. La Comisión de Ética aprobó el 23 de agosto que la ciudadanía y agrupaciones de la sociedad civil puedan denunciar a los convencionales que cometan infracciones a los artículos 41, 42 y 43 del reglamento de dicha comisión (principios de probidad, transparencia y lobby y gestión de intereses particulares). El principal problema de esta norma es que dichos artículos no tipifican con precisión ciertas conductas, sino que mencionan algunos conceptos normativos abiertos, y señalan que debiera procederse sólo ante conductas extremadamente graves. Esto abre la puerta a la presentación de denuncias eventualmente falsas o inciertas sin límite o requisito definido. 

El jueves 30 de septiembre avanzó la votación del Reglamento de Ética. Se aprobaron normas marcadas por un alto contenido ideológico. Así, se incluyeron los principios de igualdad, prevención y sanción de distintos tipos de discriminación; de prevención y sanción de las violencias; y de perspectiva de género. Es cierto que todos esos principios admiten una lectura benévola, pero también lo es que bajo la etiqueta de la ética se podrían acallar opiniones que no coincidan con las de la mayoría. Se incluyeron, por lo demás, algunas definiciones que no dejan lugar a dudas esta última posibilidad, sobre todo con la aprobación de las indicaciones que definían la discriminación y la discriminación indirecta, la violencia, la violencia de género y los discursos de odio. La definición de negacionismo (cabe destacar que ninguna de las indicaciones que pretendían modificarla o eliminarla fue aprobada) es particularmente peligrosa por lo extenso de su alcance, la ambigüedad de su redacción, la inhibición de la discusión y la censura de ideas. 

También fueron establecidas específicamente como conductas contrarias a los principios del reglamento proferir discursos de odio, realizar conductas negacionistas, “desinformar” (un término ambiguo), ejercer actos de violencia de género, someter a las víctimas a actos de revictimización o retraumatización e incitar a la discriminación a través de discursos de odio. Respecto de las sanciones, se aprobó una indicación que establecía como medida alternativa la participación en programas de formación, contando con el acuerdo del denunciado (inicialmente esta reeducación había sido considerada de carácter obligatorio). Estos programas de formación “estarán orientados a la formación en la materia infringida, tales como derechos humanos, relaciones interculturales, igualdad de género, diversidad religiosa o espiritual, o cualquiera otra que se requiera. El Comité solicitará la dictación de programas de formación a servicios del Estado y organismos especializados, con indicación de la temática a impartir y el plazo en que debe ser dictado”. Por otra parte, se eliminó la suspensión del derecho a voz y las sanciones a quienes no practicaran la “fraternidad” o “sororidad”.

A esto se suman otras medidas. Por ejemplo, además del procedimiento ordinario para el conocimiento de las infracciones, se creó un procedimiento especial para casos de violencia de género, en el cual se podrían pedir medidas cautelares para que -apenas “iniciada la investigación”- se decretara la separación de espacios físicos, la suspensión de labores de la persona denunciada, medidas de alejamiento, etc. Si bien esto suena razonable en teoría, puede en la práctica inhabilitar para votar a un convencional sin siquiera estar condenado. Por supuesto, nada se dice sobre la presunción de inocencia, principio esencial de los sistemas de justicia. 

Caso derecho preferente de los padres de educar a sus hijos

Una de las demandas sociales más debatidas dentro de la Convención y en los medios sociales, ha sido la referida a la educación, especialmente su carácter público o privado, criticando el concepto constitucional de libertad de enseñanza. En este contexto, la exclusión del derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos del listado mínimo de temas a discutir ha levantado críticas por distintas organizaciones de la sociedad civil. 

El 26 de agosto, la Comisión de Reglamento continuó la votación de las indicaciones referidas al listado de contenidos mínimos de las comisiones temáticas. Una de ellas, presentada por los convencionales de Vamos por Chile, proponía incluir una serie de derechos al listado de temas mínimos sobre los que la futura comisión de Derechos Fundamentales debía discutir entre los que se encontraba el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, pero la coordinadora Álvez señaló que ese tema se podría discutir dentro del ítem “Educación” y que, si se retiraba tal derecho de la indicación, ésta tendría más probabilidades de aprobarse. Sin embargo, los convencionales que presentaron la indicación consideraban que se trataba de un punto no negociable (y con razón) la sugerencia no fue acogida, por lo que la indicación no fue aprobada.  Es verdad que eso no significó que este derecho llegue a excluirse del texto final de la eventual nueva Constitución, pero no deja de ser muy preocupante como señal política, pues no fue un hecho aislado. Tanto en el Pleno de la Comisión de Reglamento, como en el Pleno de la Convención las indicaciones que proponían su incorporación al listado de temas mínimos fueron rechazadas. 

Existe un sector político que ve el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos como un aspecto discutible, como uno más dentro del derecho fundamental a la educación, siendo que los padres son el corazón de todo proceso educativo de los niños. Como es obvio, el diagnóstico acerca del pulso político de la Convención no puede sino ser verdaderamente escalofriante. Durante las semanas siguientes esto fue denunciado por diversas organizaciones sociales y varias de ellas comenzaron a realizar actos e iniciativas para asegurar la inclusión de este derecho fundamental en el texto constitucional. 

Caso mecanismos y principios de participación de ciertos grupos

El martes 5 de octubre comenzó la votación en el Pleno de las indicaciones hechas al Reglamento de Participación Popular, las cuales incluían principios y mecanismos de participación para ciertos grupos, denominados históricamente excluidos, pero que afectan la igualdad ante la ley de todas las personas y organizaciones. No existe claridad para saber cuándo un conjunto de personas afectadas por un daño o perjuicio específico puede ser considerado como un grupo históricamente excluido, lo que puede conducir a arbitrariedades. Por ejemplo, las víctimas de atentados terroristas en La Araucanía podrían reclamar que pertenecen a un grupo de estas características. Podría pensarse que esto es inocuo, pero, resulta por lo menos cuestionable que la Convención desarrolle mecanismos que no estaban previstos en el capítulo XV de la Constitución, que es que establece el alcance y misión de la CC.

Vale la pena revisar primero los principios en el Reglamento de Participación Popular: enfoque de género y perspectivas feministas, enfoque de niñez y adolescencia y perspectiva de cuidados. Se aprecia una redacción que privilegia la oposición dialéctica entre hombres y mujeres, así como entre niños y padres, como un modo de zanjar paulatinamente asuntos de fondo en favor de las tesis progresistas. Respecto del enfoque de niñez y adolescencia, se plantea lo siguiente: “La Convención Constitucional a través de la Secretaría Técnica y la Comisión de Participación Popular, deberá reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y como actores relevantes dentro del proceso constituyente; a fin de asegurar que se integren al debate las problemáticas, experiencias y características diferenciadoras en el ejercicio de sus derechos, específicamente del derecho a la participación para hacer efectivo su interés superior y respetar su autonomía progresiva. Tiende a considerárseles como sujetos políticos autónomos, y se opta por dejar de lado mención alguna el parecer de sus padres. Es más, se rechazó incluso la posibilidad de avisar a los padres de los niños que asistan a participar. 

Se aprobaron también ciertos mecanismos para la participación de grupos excluidos, entre los que se encuentran niños, niñas, adolescentes y personas de las diversidades sexo genéricas. Para los niños y adolescentes se aprobaron ciertos principios que orientan su participación efectiva. Entre ellos, el interés superior del niño y niña, la autonomía progresiva. Asimismo, se solicita que dichos mecanismos contemplen un trato respetuoso y acogedor: los “espacios dispuestos por la Convención para escuchar la opinión de que la niñez y la adolescencia deberán garantizar una escucha activa, esto es, que las personas tengan la voluntad de acoger lo que niños y niñas quieren expresar. Se habla también de “disponer de espacios que permitan que todas las niñeces puedan ser parte, esto es, niñez en situación de discapacidad de las diversidades y disidencias sexuales, afectivas y de géneros, indígenas, entre otros.

Para el segundo grupo se aprueba que los mecanismos de participación deberán “regirse bajo los estándares de los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, respetando el principio 25 referido al derecho a participar en la vida pública, prohibiendo la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, que en toda instancia “se deberá respetar el derecho a la identidad y expresión de género en conformidad a lo establecido por la ley 21.120. Según corresponda, recaerá en las personas encargadas de la ejecución de los mecanismos de participación popular la garantía de este derecho en las instancias correspondientes, respetando el nombre social y pronombres de las personas, y dentro de los mecanismos específicos, la Secretaría Técnica junto con la Comisión de Participación Popular “deberán realizar cabildos temáticos donde participen exclusivamente personas de las diversidades sexo genéricas, garantizando participación amplia a través de estrategias de difusión dirigidas a la población LGTBIQ+.

Es evidente el sesgo en favor de la aceptación de la ideología de género y de la normalización de su influencia incluso entre los niños. Se trata de un modo de zanjar cuestiones que aún no se han discutido en la Convención, que no se ha determinado si se incluirían en el texto constitucional sometido a plebiscito y en caso de que así fuera, cuál sería su redacción final. 

Caso perspectiva de género 

La perspectiva de género ha estado presente desde el inicio del proceso constitucional, pues un criterio para determinar quiénes serían los convencionales electos, según la Ley N° 21.216, consistía en el dato de si eran hombres o mujeres, buscando una representación equilibrada en la Convención.  Esto se reflejó rápidamente en la integración de la Mesa, en la composición de las comisiones y de las coordinaciones de estas, como en los distintos reglamentos que se aprobaban. Casi todos, incluían la perspectiva de género dentro de los principios que guiaban su funcionamiento. 

Por ejemplo, el 21 de julio se incluyó en el Reglamento para el Funcionamiento Provisional de las Nuevas Comisiones una serie de principios que debían regir respecto de las Comisiones Provisorias, que configurarán un precedente en sus propuestas de normas reglamentarias, pero que no constituyen un aporte sustancial ni tienen relación con la tarea encomendada a la comisión respectiva, pues se trata de cuestiones meramente ideológicas que se quieren asumir antes de todo debate. Otro ejemplo: en la Comisión de DD.HH. se incluyen los principios de enfoque de género, inclusión e interculturalidad; en la de Participación y Consulta Indígena, los principios de plurinacionalidad, libre determinación, enfoque de derechos humanos, equidad de género e integración de la diversidad sexual, etc. Se manifiesta así la intención clara de orientar en un sentido determinado debates que no han comenzado siquiera: en efecto, no tendría sentido debatir sobre la pertinencia de la plurinacionalidad o de la diversidad sexual en la nueva Constitución si ya diversas normas reglamentarias han contemplado estos elementos. 

Pero esto también ocurrió en otras normas de diversa naturaleza. Por ejemplo, el viernes 13 de julio, la subcomisión N°1 de Reglamento aprobó los principios que guiarán el trabajo de la Convención, entre los que se incluyó la perspectiva de género. 

Profundizando esta mirada ideologizada, el 3 de diciembre la Comisión de Derechos Humanos entregó un Informe final que sistematizaba más de 160 audiencias. En la sección I, sobre grupos excluidos históricamente, el capítulo 1 se refería a las mujeres, género y disidencias, y el capítulo 2, a niños, niñas y adolescentes. Una de las múltiples “demandas concretas en una nueva Constitución” del informe es la de eliminar el término y concepto de familia, es decir, no sólo la palabra misma, sino que también su contenido de todo el texto constitucional. La razón: la familia deriva de la institución del matrimonio y este “se concibe como la unión entre una persona “hombre” y una “persona mujer” con el objeto de procrear otros “hombres” y otras “mujeres””, lo cual como “señalan les participantes, avala las violencias específicas contar los derechos reproductivos, la autonomía como derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la diferencia y la diversidad sexual”. En último término, este concepto “se ancla en el sistema patriarcal…”. El capítulo 4, sobre niños, niñas y adolescentes, recomienda que se les reconozca como sujetos de derecho, relacionado con “la necesidad de incorporarlos en la participación de la esfera pública”, y en el contexto de la Convención Constitucional, “esto implica asegurarle a la niñez y la juventud ser escuchades y que sus opiniones tengan incidencia efectiva en las discusiones que se den en el marco del esfuerzo constitucional”.  

El 23 de julio la Presidenta Loncón se reunió con un grupo de mujeres de la Agrupación Elena Caffarena y con otras organizaciones de mujeres, quienes le entregaron un “Protocolo para prevenir y abordar la violencia política de género con carácter interseccional” y una carta de compromisos para que fuera suscrita por los convencionales, con el objetivo de garantizar a las convencionales su pleno derecho a participar. Este es uno de los muchos ejemplos que podríamos enumerar que, si bien no constituyen un precedente jurídico de ninguna especie, sí entregan una idea del rumbo que ha tomado la Convención.

Caso temas mínimos de las Comisiones Temáticas

El sesgo ideológico también se reveló en los listados de temas mínimos que cada comisión temática debía abordar. El martes 28 de septiembre, en la Comisión sobre Principios Constitucionales, por ejemplo, se aprobó incluir los “mecanismos de participación popular, de los pueblos indígenas, del pueblo tribal afrodescendiente y de niños, niñas y adolescentes”, la “integración de fuentes del derecho internacional de los Derechos Humanos e instrumentos y estándares internacionales en materia ambiental y de Derechos de la Naturaleza”, y “mecanismos de democracia directa y participativa; referéndums aprobatorios y revocatorios de mandato y de ley; iniciativa popular de ley, y democracia digital”. Aparte de las consideraciones presupuestarias, la votación no sólo incorporó la idea de democracia directa, sino también una visión clara en materia migratoria y una noción personificadora de la naturaleza. A la vez, se rechazó la indicación que proponía agregar el “Estado al servicio de las personas” y “Rol del Estado y la persona”.

Para la Comisión sobre Forma de Estado, por su parte, se aprobó incluir la “estructura organizacional y descentralizada del Estado”; “gobiernos locales”, y “autonomías territoriales e indígenas”. Hablar de “autonomías” en esta materia es muy decidor. Además, se incluyó que la comisión deberá orientar su actuar conforme a determinados principios y cumplir ciertos objetivos generales y específicos, lo cual coarta y limita la discusión de fondo. 

Para la Comisión de Derechos Fundamentales se incluyeron como temas a tratar el “Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos”; los “Derechos sexuales y reproductivos”; los derechos de “Niñez y juventud”; los “Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales”; los “Derechos de las mujeres”; y los derechos de las “Disidencias y diversidades sexuales”. Pero se rechazó incluir el “derecho a la propiedad y de propiedad, función social de la propiedad y expropiación”; “la libertad de enseñanza, y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”; “derecho a que los derechos fundamentales no sean afectados en su esencia”; y “deberes ciudadanos, demás derechos y libertades individuales”. Por último, se aprobó que el contenido elaborado por la Comisión Provisoria de DD.HH. debía usarse como insumo para su trabajo. 

Para la Comisión sobre Medio Ambiente se incluyeron los “Derechos de la naturaleza y vida no humana”, el “Estatuto constitucional sobre los minerales”, “de la energía” y “de la tierra y el territorio”, además del “reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad”. El tono de ecología profunda es muy frecuente en varias comisiones. También eso se ve en la Comisión sobre Sistemas de Justicia, en la que se incluyó como tema el “pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas” y la creación de una “Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza”. Como se ve, esto reafirma una vez más una tónica del debate ecologista radical e indigenista. Por último, en la misma línea, en la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, se incorporaron el “derecho a la protección de intereses morales y materiales de producciones científicas, literarias, artísticas y culturales”; los “Derechos de los pueblos indígenas en relación con su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas y de su propiedad intelectual sobre ellos”.

En la mayoría de los casos, lo que se ha hecho preocupante es definir cuestiones de fondo antes de comenzar el debate constitucional. 

Caso violencia, estallido social y Araucanía

Un elemento que ha estado presente desde los primeros días de instalada la Convención ha sido la postura frente a la violencia, la cual se refiere especialmente a dos situaciones. 

La primera es la postura política con la que se defienden las protestas que hubo a partir del 18 de octubre de 2019, condenando el control del orden público por parte de Carabineros y reclamando que hubo violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. Así, la discusión en la Comisión de Derechos Humanos se centró en promover la liberación de quienes fueron detenidos por diversos delitos en el marco de las protestas de 2019 y, consecuencialmente, en el sujeto activo que podría violar los derechos humanos (los particulares, o solo agentes del Estado).En segundo lugar, se condena la violencia que importaría la supuesta militarización de la Araucanía, zona roja debido al aumento de atentados terroristas que se han tratado de justificar como modo de reivindicación histórica mapuche. 

La Convención, a través de los convencionales y la Mesa Directiva, ha tomado una clara postura sobre estos dos puntos, justificando hechos cuestionables y omitiendo pronunciarse sobre cierto tipo de víctimas y actos. Esto fue creciendo a medida que avanzaba el trabajo, y constituyó una fuente de constantes discusiones entre convencionales y representantes del mundo político. El tiempo y energía dedicados a estos asuntos se resta del que se necesita para avanzar en el texto constitucional. Además, se trata de un gasto inútil, ya que no soluciona el problema de fondo, por no abordar el tema íntegramente y por carecer de medios idóneos para resolverlo. 

Un relato cronológico de los hechos relacionados con estos asuntos permite ilustrar el punto. 

El 4 de julio, la Convención se instaló rodeada de manifestantes que intentaban cruzar las líneas de seguridad alrededor del Ex Congreso Nacional y con suspensiones por parte de muchos de sus miembros. Tras un tiempo de desorden, Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tricel, logró ordenar la situación y encauzar el acto, dando lectura al listado de los 155 convencionales constituyentes y señaló que tomaría la aceptación del cargo tras confirmar que todos estuviesen presentes, aunque luego se prefirió que la lectura del acta de aceptación del cargo de convencional constituyente fuese colectiva y no individual. 

El jueves 8 de la misma semana, la Convención dedicó la jornada completa de su tercera sesión para aprobar una declaración (105 a favor, 34 en contra y 10 abstenciones) acerca de la “liberación de los presos políticos y la desmilitarización del Wallmapu”, demandando al Congreso Nacional que tramitara con la máxima celeridad posible los proyectos de ley que buscan ordenar la liberación de quienes fueron detenidos a raíz del estallido de octubre de 2019. Adicionalmente, el mismo día se exigió al Ejecutivo la implementación de políticas de reparación por el actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Sin embargo, emitir este tipo de declaraciones no es una tarea propia de la Convención. Ella no tiene atribuciones para requerir actuaciones a otros órganos del Estado, dado que los órganos del Estado sólo pueden hacer aquello que expresamente se dispone por las normas que establecen su competencia, y la competencia de la Convención sólo le permite proponer un texto que eventualmente podría ser una nueva Constitución para nuestro país.

No fue la última discusión sobre una declaración que condenara la violencia. Convencionales de Vamos por Chile presentaron una solicitud para que la Convención emitiera una declaración pública que condenara todo tipo de violencia como método de acción política, pero fue rechazada (44 votos a favor, 57 en contra y 43 abstenciones). En su lugar se aprobó una segunda propuesta, presentada por convencionales del Frente Amplio, en la que se proponía adoptar medidas institucionales y democráticas que permitieran hacer justicia y terminar con las diversas manifestaciones de violencia. Más que el contenido de las declaraciones, fue la discusión en la sesión XX la que continúa revelando la posición de parte relevante de la Convención de relativizar la violencia: “Se aprobó una declaración para indultar delincuentes, pero no una declaración que sanciona la violencia”.  

El jueves 15 de la semana siguiente, la Convención debatió que el objeto de una de las comisiones nuevas que se crearían (la que en la propuesta tenía el nombre de “Comisión de Derechos Humanos y Reparación”) incluyera a las víctimas de la violencia en La Araucanía, a los comerciantes que sufrieron durante el llamado “estallido social”, los miembros de Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros. Sin embargo, el miércoles 21 de julio esto fue rechazado. Aunque entre las comisiones creadas se incluyó una de derechos humanos (junto con otras seis, aprobadas el jueves 15: de Comunicación, Información y Transparencia; de Participación Ciudadana; y de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios; Participación Plurinacional y Educación Popular; Descentralización), su objeto estaba acotado mediante un claro sesgo político.

Otro evento relevante fue el que tuvo lugar el martes 20 de julio, durante la sesión del Pleno: se produjo un debate por la definición sobre la violación a los DD.HH., y si estos sólo pueden ser atropellados por agentes del Estado o también por particulares. Quienes argumentaban la segunda postura lo ejemplificaban principalmente con los atentados terroristas en La Araucanía y los saqueos y destrucción al comercio, supermercados, iglesias y farmacias en las manifestaciones y marchas de las ciudades del país. Sin embargo, tales argumentos no fueron tomados en cuenta. El lunes 2 de agosto, tres convencionales de Vamos por Chile ingresaron un documento solicitando un pronunciamiento de la Comisión por los dichos del día anterior de la presidenta Loncón, al no condenar el terrorismo que se vive en La Araucanía con la afirmación “Yo no tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas…en este contexto de violencia donde el Estado tiene las manos metidas, yo no voy a hablar sobre el tema. No se trata del tipo de autoridad que se tenga, sino que quien la ostente condene el uso de armas y de violencia como forma de acción política. 

Un hecho lamentable fue la censura que sufrió la convencional Ruth Hurtado. El jueves 5 de agosto, en una sesión por Zoom de la Comisión de DD.HH., dicha convencional interpeló a la convencional Linconao en relación con la sentencia por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, pero la machi fue defendida por los convencionales mapuches. La coordinadora Royo silenció a la convencional Hurtado, siendo imposible que pudiera seguir argumentando, lo que fue considerado un acto de censura arbitrario, si tomamos en consideración que otras imputaciones respecto de hechos graves no fueron silenciadas, sino que incluso fueron apoyadas al interior de la Convención sin la menor consideración a la presunción de inocencia (como la que relatamos en el caso Arancibia). Los hechos no terminaron ahí: el lunes 23 de agosto, los siete convencionales mapuches ingresaron una denuncia al Comité de Ética contra los convencionales Hurtado, Zúñiga, Marinovic y Montealegre por “acusaciones calumniosas” y “discriminación lingüística”, que habrían afectado a la machi Linconao. 

El llamativo sesgo ideológico acerca del conflicto de La Araucanía se manifestó una vez más el lunes 4 de octubre, cuando la Mesa rechazó la solicitud de la convencional Hurtado para realizar un minuto de silencio por Pedro Cabrera, “comunero que cumplió un año de fallecido con un disparo en la cabeza en Collipulli, y para Hernán Allende, que falleció ayer producto de las llamas que lo quemaron vivo. El vicepresidente Álvarez señaló que se trabajaría en un protocolo para normar cuándo corresponde realizar este tipo de actos, pues, como dijeron algunos convencionales, no existe transparencia sobre los votos y razones de este tipo de decisiones. Protocolo que se aprobó el jueves 29 de diciembre.

Otra señal llamativa tuvo lugar el 7 de septiembre, día en que ciertas comunidades mapuches de Malleco pidieron reunirse con el vicepresidente Bassa para manifestar su descontento con la participación de los convencionales mapuches, entre ellas la Presidenta Loncón, por ser “inconsecuentes” con la historia del pueblo indígena. Sin embargo, la reunión no se concretó, con la excusa de superar el aforo permitido. Si bien no es posible probar que existió algún tipo de preferencia, parece cuestionable que sí haya sido posible reunirse con otros grupos y no con comunidades mapuches que señalan que la Presidenta Elisa Loncón no los representa

Durante la semana del 23 de noviembre, en el pleno de la Convención celebrado en la Región del Biobío, una de las siete exposiciones que se escucharon fue la realizada por Solange Etchepare, representante de Paz y Diálogo Biobío, por las víctimas de violencia en la provincia de Arauco. Pidió que se respetaran los derechos humanos de todas las personas afectadas por ataques y usurpaciones de terrenos. En esta ocasión, la Presidenta Loncón no condenó explícitamente la violencia en las zonas afectadas, señalando que “…la Convención Constitucional ha condenado en múltiples veces la violencia, los discursos de odio, el patriarcado, el colonialismo, que, a lo largo de la historia, han sacrificado a nuestros hombres y mujeres…”. En esa semana, convencionales de Vamos por Chile se reunieron con víctimas de ataques en Cañete, comuna en la que la Comisión de Principios Constitucionales sesionaría. Finalmente, se decidió modificar el lugar, por la inseguridad del mismo, donde hubo incidentes que terminaron con un muerto y un herido a principios de noviembre. Algo parecido ocurrió en Lebu, donde sesionaría la Comisión de Sistemas de Justicia. De forma paralela al desarrollo de las comisiones, este grupo de convencionales pudo escuchar los testimonios de seis familias víctimas de ataques terroristas. Este hecho fue criticado por convencionales de las comisiones a las que pertenecen aludiendo a que se trataría de una infracción al Reglamento de Ética por ausentarse sin avisar (convencional Giovanna Roa), armar pautas comunicacionales vacías (Tatiana Urrutia) o “hacer la cimarra” (Jorge Baradit). 

La Presidenta Loncón ha tenido dificultades para comprender que sus declaraciones y actos públicos revisten importancia institucional, dado el cargo que detenta. Siempre ha sido enfática al condenar la supuesta “militarización” de La Araucanía y al respaldar la “reivindicación de tierras”, silenciando el innegable terrorismo que las personas de la macrozona sur sufren diariamente. No obstante, el miércoles 6 de octubre envió un oficio al Ministerio del Interior solicitando coordinar la seguridad de los 155 convencionales para garantizar un buen funcionamiento de las actividades, durante la semana territorial entre el 11 y 17 de octubre. Esto no sólo es un problema por el hecho de que la Presidencia de la Convención no tiene atribuciones para solicitar que se dispongan medidas ejecutables por las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino también porque llama poderosamente la atención que se solicite protección policial para algunos (y más aún, se pide de modo preventivo), mientras se les niega a los ciudadanos de a pie que día a día se enfrentan a los ataques terroristas en La Araucanía. El doble estándar de la presidenta también se pudo apreciar con claridad luego de que, en la noche del 7 de octubre, la convencional Grandón (Tía Pikachú) fuera expulsada de Plaza Italia por manifestantes: en esa ocasión, algunos convencionales de izquierda emitieron declaraciones y comunicados condenando la violencia sufrida por la convencional (incluso el vicepresidente Bassa afirmó que “toda violencia y no sólo una particular, debe ser condenada sin matices”). La Presidenta Loncón llegó a decir que la convencional Grandón “era una luchadora social y ha votado siempre a favor del pueblo”. Lo anterior fue rápidamente denunciado, pues se justificaría la violencia contra aquellos que “no voten a favor del pueblo” (es decir, contra aquellos que no suscriban su visión política contingente). 

Igualmente llamativo fue el tono general con que se abordó el segundo aniversario de los hechos del 18 de octubre de 2019. El contexto nacional estuvo marcado ese fin de semana por disturbios en varias regiones, que recrudecieron durante los días siguientes. El Ex Congreso amaneció con fotografías del estallido social y de las protestas en Plaza Italia, acción promovida por el convencional Woldarsky. Un gran número de convencionales hizo declaraciones tratando de justificar la violencia del 18 de octubre. En variados discursos, muchas veces utilizaron sutiles distinciones que buscaban abstraer la violencia y los saqueos, o simplemente mencionar su relevancia por sus efectos (“gracias a ellos estamos aquí”, fue la consigna esgrimida por muchos de ellos), como en los casos de los convencionales Yarela Gómez, Jorge Baradit y Natividad Llanquileo. También hubo llamados a liberar a los “presos de la revuelta”, como fue en el caso de los convencionales de Chile Digno, o “para exigir el fin a la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos de quienes han ejercido el derecho a la protesta y la movilización”, firmado por 12 convencionales. Luego de la celebración, varios constituyentes fueron a la Plaza Italia a manifestarse

IV.Conclusiones

El propósito de este trabajo ha sido dejar en evidencia que en general al interior de la Convención no se aprecia una actitud dialogante y respetuosa del marco jurídico que la rige. Por el contrario, los ejemplos citados dan cuenta de un clima dominado en muchos casos por los prejuicios y la intransigencia ideológica que hace difícil alcanzar acuerdos sustantivos. 

Numerosas figuras de mucha altura y respetabilidad nacional han destacado la necesidad del diálogo, llamando a tender puentes, buscando puntos de encuentro. Por otro lado, en ocasiones los medios mismos han puesto énfasis en una cobertura que destaca aspectos sensacionales, hasta ridículos, que protagonizan los convencionales. Sin embargo, ambas visiones parecen apartadas de la realidad. La primera actitud supone una aproximación ingenua, pues el ánimo de un grupo muy importante de miembros no es llegar a soluciones pactadas, sino imponer un proyecto sin transar ni ceder. La segunda tampoco supone un diagnóstico acertado: aunque ha habido episodios ridículos relevantes, la Convención sí ha trabajado y avanzado mucho.

El gran problema radica en que en su labor los convencionales han probado el afán de la mayoría intransigente de imponer su visión y el empeño en no considerar a los sectores minoritarios durante el debate de fondo. Asimismo, han dejado claro cuál es esa visión y de qué manera pretenden imponerla., Considerados los antecedentes, no deberían sorprendernos las nuevas y antiguas trampas jurídicas que seguramente tendrán lugar en la discusión de fondo. 

Rectificar el rumbo pasa no sólo por quitarse los disfraces de payaso y callar las amenazas, sino también por estar dispuestos a dialogar para formular un texto razonable y aceptable para quienes tienen una cosmovisión diferente de la de la que existe en los sectores radicales de la Convención. Si queremos que este proceso llegue a buen término, se requieren diálogo real y buena fe. Todavía estamos a tiempo, pero las cosas deben cambiar.

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