El jueves 8 de octubre, unos quince encapuchados se tomaron el Liceo Manuel Barros Borgoño, en el centro de Santiago. Manipularon artefactos incendiarios y cerraron con cadenas y candados los portones de evacuación. Dentro quedaron cerca de 490 estudiantes junto a sus profesores y asistentes. Cuando la directora intentó abrir las salidas, la amenazaron de muerte dos veces. Le dijeron que la iban a quemar viva.
Aun así, ella y su equipo encontraron una salida alternativa y lograron sacar a unos 80 estudiantes que no tenían nada que ver con la toma. Carabineros ingresó y hubo detenidos.
La víctima y el victimario están claros. Por eso indigna lo que vino después.
Una declaración que no ve a los encapuchados
El Directorio Comunal Santiago del Colegio de Profesores publicó una declaración que no menciona ni una sola vez a los encapuchados. Tampoco las cadenas, los artefactos incendiarios ni las amenazas de muerte. Para ese directorio, lo único que pasó fue una «violenta e injustificada irrupción» de Carabineros. Peor aún, acusa de «negligencia inexcusable» a la directora, la misma a la que amenazaron con quemar viva por intentar abrir las salidas, y pide sancionar a las autoridades del liceo y a los policías.
Eso no es una postura digna de un educador. Parece más bien una manipulación de los hechos que pone a la víctima en el banquillo y deja al victimario fuera de la foto. Callar la violencia de unos pocos para culpar a quienes protegieron a la mayoría es, en los hechos, una forma de encubrirla.
Los responsables tienen nombre
Quien encadena las salidas de emergencia de un colegio lleno de niños, o amenaza con quemar a una profesora, no es un manifestante: está cometiendo delitos graves. Así lo dijo la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales: «Las amenazas, la manipulación de elementos incendiarios y los daños a un establecimiento educacional son delitos». La responsabilidad es de ellos, sean estudiantes o no, y de quienes los ayudan y encubren. De nadie más.
Frente a un delito flagrante, Carabineros tiene el deber de actuar, también dentro de un liceo. Si hubo algún exceso individual, que se investigue, pero eso no minimiza la responsabilidad de quienes provocaron la violencia.
Lo que está en juego
Lo del Barros Borgoño no es un hecho aislado. Desde hace años, los liceos emblemáticos viven tomas, overoles blancos, bombas molotov y amenazas, y cada vez la discusión termina girando en torno al procedimiento policial o a las «fallas» de los directivos. Mientras tanto, miles de estudiantes pierden clases y cientos de profesores trabajan con miedo.
En ASEDUCH creemos que la autoridad del profesor y del equipo directivo es una condición básica para que exista educación. Una directora que arriesga su integridad para sacar a sus alumnos merece respaldo, no una acusación de negligencia. Hoy ella siente que está sola defendiendo la verdad, pero no lo está.
Por eso pedimos tres cosas: que avancen con rapidez las querellas anunciadas por el SLEP y se aplique la ley a los responsables, incluida Aula Segura; que el Ministerio de Educación y la directora del SLEP den respaldo explícito y protección a los equipos directivos; y que el Colegio de Profesores corrija su declaración y reconozca a las verdaderas víctimas.
Un liceo es un lugar para aprender, no un rehén. Defender a quienes enfrentan la violencia es defender el derecho de miles de estudiantes a educarse en paz. No vamos a normalizar el miedo en nuestras aulas.
Excelente, mucha fuerza, convicción y perseverancia