Un proyecto que recibió respaldo transversal y mayoritario en el Congreso, que responde a una anhelada demanda ciudadana, protege un derecho fundamental en nuestra sociedad y busca entregar justicia a muchas personas a quienes el Estado se las niega. Ese es el sentido de la ley de usurpaciones que esta semana aprobamos en la Cámara de Diputados y el Senado.
¿Quiénes estuvieron en contra? El gobierno y su coalición, formada por el PC y el Frente Amplio. Por eso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que va a vetar uno de los aspectos de esta ley, es decir, a través de una herramienta jurídica, el Presidente Boric manifestará al Parlamento su voluntad de sacar de la iniciativa una parte de esta.
En términos generales, el texto que votamos en el Congreso establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Asimismo, plantea la legítima defensa privilegiada, que permite que las propias personas afectadas intervengan para que les restituyan la propiedad tomada.
Es este último punto el que el Gobierno quiere eliminar. Y pueden dar cientos de argumentos más o menos ciertos, pero la verdad es que el problema no es el texto; el problema es que a sus partidarios comunistas y frenteamplistas no les gusta la ley y, peor aún, la critican desde la ignorancia.
Así, el anuncio de veto no es más que una muestra de la falta de liderazgo del Presidente y la escasa conexión del Gobierno con las más sentidas demandas de las familias chilenas. La seguridad debe ser una prioridad no sólo para los discursos, se debe demostrar en los hechos y en eso, este Gobierno está en deuda.
Al final, lo que uno puede suponer es que, luego de la salida de Giorgio Jackson del gabinete, el Presidente no quiere seguir perdiendo amigos y va a hacer cualquier cosa con tal de no enojar al PC. El cambio de gabinete que tuvo que hacer Boric es una muestra de eso y, por enésima vez, un ejemplo de que hicieron promesas falsas en campaña.
O sea, ¿cómo es posible que no hubiera nadie más adecuado para el cargo de ministra de Cultura que la hija de una diputada? Aunque prometieron el fin de los pitutos, lo que la realidad muestra es que llegaron a La Moneda a poner a los amigos y parientes.
Mientras, el desempleo sube en el país, la inseguridad y la violencia es un drama cotidiano para millones de chilenos, y los precios de los alimentos aumentan. Es difícil creer que vienen mejoras si estamos frente a un Gobierno sesgado y tozudo, sin conexión con el sentido común. Sin embargo, desde el lugar que me corresponde, pondré todo de mi parte para que sea la voluntad ciudadana y el sentido común lo que se imponga.