Esta semana, los chilenos supimos que la Municipalidad de Tiltil –regentada por Revolución Democrática, partido de gobierno envuelto en el Caso Convenios– pretende cerrar al menos nueve colegios, por cuantiosas deudas que hacen insostenible el pago de los sueldos de los profesores. Por supuesto, la primera pregunta es si estamos frente a un caso de falta de recursos o si acaso estamos frente a una gravísima mala administración.
Cualquiera sea la respuesta, a los chilenos nos queda claro que, una vez más, las familias de la educación pública son abandonadas a su suerte.
Como es de público conocimiento, durante largos años, distintos alcaldes permitieron que la violencia arreciara dentro de los establecimientos educacionales. Cada cierto tiempo aparecen imágenes de delincuentes realizando talleres de confección de bombas en el interior del Instituto Nacional, al igual que en otros colegios emblemáticos de la educación chilena, que ya han dejado de ser las lumbreras del país para ser vistos como antros de oscuridad, de los cuales las familias huyen lo antes posible.
Frente al desalentador panorama educativo que nos han ofrecido los políticos del oficialismo las últimas décadas, el Consejo Constitucional viene a ofrecer una luz de esperanza para las familias de Chile. Las normas aprobadas por el Pleno en materia educativa consagran expresamente el deber del Estado de fortalecer la educación en todos sus niveles (art. 16, inciso 22, letra c), garantizando el financiamiento en los niveles parvularios, básico y medio (art. 16, inciso 22, letra d y e), con un mandato al Estado para asignación de recursos públicos de acuerdo a criterios de razonabilidad y calidad (art. 16, inciso 22, letra f). Al mismo tiempo, el Estado se encargará de proveer una educación pública, pluralista y de calidad (art. 16, inciso 22, letra j). El financiamiento de la educación pública debe estar asegurado a nivel constitucional, para lo cual la legislación deberá adecuar sus mecanismos de administración de la entidad que utiliza esos recursos públicos.
El Consejo Constitucional ha enviado señales claras de que nuestra prioridad es la educación y la enseñanza en Chile. En esa línea, la propuesta de texto constitucional contiene dos normas que buscan resolver graves defectos de nuestro país. La primera de estas normas tiene que ver con la obligación del Estado de asegurar la continuidad del servicio educativo (art. 16, inciso 23, letra e). La norma está pensada en las constantes violaciones a los derechos fundamentales que en Chile ha habido contra el derecho a la educación y la libertad de enseñanza a través de tomas violentas y paros ilegítimos, especialmente en aquellos casos en que la autoridad no hace nada por recuperar el establecimiento educacional y deja sin clases a los estudiantes.
La segunda de este grupo de normas tiene que ver con la consagración constitucional del deber del Estado y de la comunidad educativa de promover el respeto y desarrollo profesional de los docentes y asistentes de la educación (art. 16, inciso 22, letra l). Una mejor educación para Chile se realiza no solo con una mejor administración de los recursos públicos, sino que también con una revaloración del rol de los profesionales de la educación.
Somos conscientes de que una constitución no es una varita mágica que, al aprobarlo, solucionará todos los problemas del país. No prometemos magia. Prometemos disposición para aunar las voluntades de toda la clase política y la comunidad educativa para sacar adelante la educación chilena. Son estos acuerdos los que deben ser una luz de esperanza para los chilenos. Y estos grandes acuerdos ya han tenido lugar en el Pleno del Consejo Constitucional. Lo que falta es darle continuidad a esa voluntad, primero con el plebiscito a fin de año y luego con la adecuación de la legislación educacional.
Por Sebastián Figueroa, consejero constitucional