El incidente con armas de fuego entre nuestra policía y una banda delincuencial proveniente de Bolivia, que intentaba ingresar droga y luego retornó a ese país, retrata los vacíos y descomposición del gobierno socialista de Luis Arce, incapaz de mostrar avances concretos y serios en el combate del contrabando y narcotráfico.

Sumido en una aguda crisis económica, con las reservas internacionales en franca caída y la actividad gasífera derrumbada, el presidente boliviano ha tenido que acudir a la actividad informal e ilegal, ubicada a sólo pasos del contrabando, narcotráfico y los negocios asociados a la migración irregular.

La ilegalidad aparece como un salvavidas pasajero de un régimen que ha deteriorado la institucionalidad y acelerado la descomposición de su Estado de Derecho. El presidio de la ex presidenta Añez, del gobernador Camacho, la feroz persecución a opositores y medios independientes, expresan a una justicia convulsa y transfigurada en un brazo político partidista del régimen socialista de Arce. La democracia republicana, el pluralismo ideológico, la división de poderes, la libertad de expresión y el imperio de la ley, están objetados en Bolivia, dando paso a una debilidad que se han convertido en un serio problema para el orden público de nuestro Norte Grande, que comparte frontera con un país contaminado por un problema sistémico de pobreza, corrupción, desigualdad y debilidad institucional.

Es en este contexto que, de manera precipitada e inexplicable, el gobierno se ha abierto a conversar con el gobierno de Arce la apertura de un nuevo paso fronterizo, el hito 60, que dará lugar a la llamada ‘Ruta del Litio’, por la que Bolivia pretende exportar su litio vía el puerto de Iquique. El régimen de Arce lo hace apelando al Tratado de 1904 con Chile, que le garantiza el libre tránsito por puertos chilenos. El problema es que los trastornos derivados de la porosidad de la frontera entre Chile y Bolivia -y ante los niveles y la cronicidad de la violencia urbana en nuestras ciudades del norte-, exigen un replanteo profundo del nivel de relacionamiento que Chile debe tener con un país que se convirtió en un laberinto por donde ingresa la violencia a nuestro país.

La tarea primordial de nuestra Cancillería es defender a Chile, la integridad física y psíquica de nuestras poblaciones, la seguridad de las familias, y sólo después atender libertades y garantías situadas en un rango legal inferior, tales como los intereses del gran empresariado minero o potencias extranjeras. Abrir una nueva ruta desde Bolivia a Chile aumentará el narcotráfico y traerá más tensión social a una zona, como Iquique, que se ha convertido en un nudo complejo para la seguridad del norte chileno.

Quedan dos años para el término de un gobierno que le ha dado la espalda al norte, ha tenido un comportamiento errático con Bolivia, y como en episodios anteriores, ha convertido nuestras regiones en una zona de sacrificio. A estas alturas y ante la ausencia de una dirección clara, quedará como tarea del próximo gobierno restablecer el interés nacional en nuestra acción internacional hacia Bolivia.