Un Consejo Fiscal con dientes y una regla suiza para Chile

Chile fue pionero en América Latina al adoptar, en el año 2001, una regla de balance estructural que buscó aislar el gasto público de los vaivenes del precio del cobre y del ciclo económico. Gracias a ella, el país logró acumular ahorros en épocas de bonanza y aplicar políticas contracíclicas en momentos críticos, como durante la crisis financiera de 2008 o la pandemia.

Esa regla fue, durante años, un pilar de la estabilidad macroeconómica chilena. Sin embargo, desde fines de la década de 2000, la disciplina fiscal comenzó a debilitarse. La deuda bruta del gobierno central pasó de cerca de un 5% del PIB en 2008 a alrededor del 42% en la actualidad. Esta tendencia refleja una pérdida de control fiscal y las limitaciones de una institucionalidad que depende en exceso de la voluntad política.

A este cuadro se suma un problema menos visible, pero igual de relevante: lo cambiantes que han sido las metas de balance estructural que distintos gobiernos han definido a lo largo de los últimos 18 años y la generación de déficit estructurales que exceden las metas lo que ha ocurrido repetidamente desde el año 2015. Las metas han cambiado con frecuencia -entre administraciones e incluso dentro de un mismo año fiscal- ajustándose a las condiciones del momento o a presiones coyunturales.

Esta práctica, junto con los reiterados incumplimientos de las metas, han erosionado la credibilidad de la regla fiscal y han hecho imposible consolidar una verdadera ancla fiscal. Cuando las metas se modifican constantemente y no se cumplen, dejan de ser un compromiso de mediano plazo y se transforman en una variable de ajuste para justificar decisiones de gasto.

El resultado es claro: Chile ha perdido el rumbo fiscal. Hoy, el país enfrenta déficits persistentes, una deuda creciente y una institucionalidad que ya no genera confianza ni previsibilidad. Un nivel elevado de deuda no es un problema abstracto: obstaculiza la inversión y el crecimiento, encarece el financiamiento del Estado, reduce el espacio fiscal para el gasto social y limita la capacidad de respuesta ante futuras crisis. La sostenibilidad fiscal es en consecuencia una condición básica para el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible.

Desde el año 2019, Chile cuenta con un Consejo Fiscal Autónomo (CFA) encargado de evaluar el cumplimiento de la regla estructural y velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero su rol sigue siendo principalmente consultivo: puede advertir y sugerir, pero no tiene facultades para exigir correcciones ni para obligar al gobierno a justificar públicamente sus decisiones. Es, en la práctica, un guardián sin dientes.

En los últimos años, el país ha dado algunos pasos para fortalecer su marco fiscal, como la incorporación de una referencia explícita de deuda pública del 45% del PIB, una suerte de “techo” orientador para resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, su valor será limitado si no se transforma en un ancla institucional vinculante y si no se asocia a mecanismos automáticos de corrección cuando la deuda se aproxima o supera ese umbral.

La experiencia internacional muestra que sí es posible combinar autonomía técnica con responsabilidad política. En España, la AIReF obliga al gobierno a justificar públicamente cualquier decisión que se aparte de sus recomendaciones. En el Reino Unido, el Office for Budget Responsibility (OBR) elabora las proyecciones fiscales oficiales, reduciendo el espacio para el optimismo excesivo en la proyección de ingresos. En los Países Bajos, el CPB genera proyecciones económicas y fiscales que todos los partidos deben utilizar, asegurando neutralidad y transparencia en el debate público.

Pero quizás el modelo más inspirador sea el de Suiza, donde desde el 2003 rige el llamado debt brake o “freno de la deuda”. Esta regla constitucional obliga a equilibrar el presupuesto a lo largo del ciclo económico: los déficits en recesión deben compensarse con superávits durante la recuperación. Si el gasto supera lo permitido, el exceso debe corregirse automáticamente en los años siguientes. El cálculo del balance estructural se basa en un método simple y transparente, y ha permitido que Suiza reduzca su deuda pública de más del 50% del PIB a cerca del 30% en dos décadas, sin sacrificar gasto social ni credibilidad. Alemania adoptó un mecanismo similar en 2009, que ha sido clave para mantener la estabilidad fiscal incluso en momentos de presión política.

Chile puede y debe aprender de estas experiencias. Para recuperar la credibilidad y la estabilidad de su política fiscal, el país necesita reforzar su institucionalidad fiscal. Ello implica, primero, dotar al Consejo Fiscal Autónomo de verdaderos dientes: facultades semi-vinculantes que obliguen a las autoridades a justificar públicamente sus decisiones cuando se aparten de las recomendaciones del CFA.

Segundo, fortalecer la capacidad técnica del CFA, ampliando su equipo y presupuesto, de modo que pueda elaborar proyecciones propias e independientes del gobierno.

Tercero, elevar la jerarquía legal de la regla fiscal, blindándola frente a modificaciones discrecionales y definiendo un rango explícito de deuda sostenible, donde el techo del 45% del PIB actúe como límite vinculante que active mecanismos de corrección automática.

Cuarto, incorporar un mecanismo correctivo automático, similar al suizo, que obligue a compensar los desvíos del balance estructural en los años siguientes.

Por supuesto, toda regla fiscal moderna debe contemplar cláusulas de escape bien definidas, que permitan suspender temporalmente la meta estructural en caso de crisis excepcionales -como recesiones profundas, desastres naturales o emergencias sanitarias-, pero con condiciones claras, plazos acotados y supervisión del Consejo Fiscal. Flexibilidad, sí, pero dentro de un marco de responsabilidad y transparencia.

Quinto, simplificar el cálculo del PIB tendencial, de modo que sea transparente, reproducible y comprensible para la ciudadanía.

Y sexto, comunicar con claridad el sentido de la disciplina fiscal: no como una camisa de fuerza tecnocrática, sino como una condición indispensable para sostener las políticas sociales en el tiempo.

A ello debe sumarse una estrategia explícita de consolidación fiscal, orientada a recuperar superávits estructurales en los próximos años. Para ello se requiere un acuerdo político entre Ejecutivo y Legislativo, que comprometa una senda clara de estabilización de la deuda y de reconstrucción de los fondos soberanos, como el FEES, cuya función contracíclica ha sido clave en el pasado.

La sostenibilidad fiscal no debe entenderse como una simple contabilidad de ingresos y gastos. Es, ante todo, una condición habilitante del desarrollo inclusivo y sostenible. Un sistema fiscal sólido permite estabilizar la economía en momentos difíciles, pero también financiar políticas ambiciosas que reduzcan brechas sociales, impulsen la productividad y enfrenten desafíos estructurales como el envejecimiento de la población.

Chile cuenta con una base institucional valiosa, pero se encuentra en un punto de inflexión. Consolidar un sistema fiscal robusto exigirá decisiones difíciles, compromiso político sostenido y visión de largo plazo. La responsabilidad fiscal no es un fin en sí mismo: es el medio para que el Estado cumpla sus promesas hoy sin hipotecar su capacidad de hacerlo mañana.

Fortalecer la institucionalidad fiscal -dotando al Consejo Fiscal de verdaderos dientes y complementándolo con una regla exigente, transparente, automática y flexible ante crisis excepcionales- es el paso necesario para que la disciplina fiscal vuelva a ser un activo nacional, capaz de sostener las promesas del Estado sin comprometer el futuro de Chile.