Recientemente, el Presidente Boric criticó la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador por considerar que busca entregar seguridad sin respetar los derechos humanos y sin hacerse cargo de los “motivos profundos” de la delincuencia. En su estrategia, estos objetivos no serían excluyentes.
Lamentablemente, el Gobierno parece estar fracasando tanto en garantizar seguridad como en combatir factores de riesgo. La delincuencia se ha disparado. El 2022 Chile experimentó un aumento de todos los delitos de mayor connotación social (+42% de homicidios) y el 2023 amenaza con mantener o incluso agravar esta tendencia. Por otro lado, la economía sigue retrocediendo, el desempleo continúa al alza, la inasistencia escolar grave afecta al 20% de la matrícula y el abandono del Estado se hace evidente en muchos lugares del territorio.
La experiencia internacional ha demostrado que contextos de bajo crecimiento económico, pérdida de normas y altos niveles de inseguridad crean terrenos fértiles para la aparición de liderazgos que ponen la seguridad por sobre la democracia y los derechos humanos. En línea con ello, preocupa la última encuesta CEP que muestra cómo la ciudadanía se siente cada vez más atraída por medidas “a lo Bukele”. En efecto, el 72% prioriza el orden público y la seguridad ciudadana por sobre las libertades, y el 50% va un paso más allá señalando que «se deben suprimir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia».
Los costos a pagar por las políticas de “mano dura” pueden ser demasiado altos. Por lo mismo, los esfuerzos deben ser oportunos y contundentes. Necesitamos un Estado presente y acuerdos estructurales que nos permitan, por ejemplo, reemplazar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur (que ya suma 28 prórrogas) por políticas de seguridad que funcionen en contextos de normalidad y que no supongan restricciones a los derechos y libertades de las personas. Debemos fortalecer la capacitación y el equipamiento de las policías y alcanzar consensos amplios respecto al uso legítimo de la fuerza. Urge sacar adelante la ley antiterrorista, la que moderniza el sistema de inteligencia del Estado y la que crea el Ministerio de Seguridad.
Debemos avanzar en reconocer el derecho a la seguridad como un verdadero derecho humano -en cuanto condición indispensable para el ejercicio de los demás derechos y libertades- y el deber del Estado de respetarlo, protegerlo de amenazas de terceros y reparar a quienes sufran vulneraciones. Crear una Defensoría de las Víctimas o indemnizar a las víctimas del terrorismo son propuestas que van en línea con este reconocimiento y que podrían empezar a responder al sentimiento de abandono que viven miles de chilenos y que les hace estar dispuestos a tranzar sus libertades a cambio de mayor seguridad.
Durante el último año, gran parte de la agenda del Gobierno ha estado enfocada en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que quebró nuestra democracia. Esperemos que este sano ejercicio de memoria histórica no les haga perder de vista un desafío de presente y de futuro, como es vivir en un país seguro, sin que sea necesario renunciar a nuestros derechos y libertades. Aquí, y ahora, el Gobierno tiene mucho que hacer.
*Ignacio Abarca. Abogado. Fundación Aire Nuevo