A partir del 1 de diciembre, Chile dará un paso relevante en la modernización de su marco digital con la entrada en vigencia de la Ley 21.719. Esto implica que las empresas deberán ir más allá del cumplimiento normativo y fortalecer la forma en que recopilan, utilizan y protegen los datos personales en sus procesos y servicios digitales.
Este desafío se presenta en un contexto en que las empresas avanzan en la adopción de inteligencia artificial, sistemas biométricos y tecnologías que permiten procesar grandes volúmenes de información. Su implementación implica el tratamiento de datos personales de clientes, trabajadores y usuarios, lo que exige mayores estándares de seguridad y transparencia, así como claridad sobre qué información se recopila, con qué finalidad se utiliza, quién puede acceder a ella y cómo se resguarda.
La nueva normativa eleva ese estándar incorporando principios de finalidad, seguridad, transparencia y responsabilidad; fortalece los derechos de las personas sobre su información; y exige aplicar medidas de protección desde el diseño y por defecto. También establece evaluaciones de impacto para tratamientos de alto riesgo, como ciertas decisiones automatizadas o tratamientos masivos de datos.
En el caso de los datos biométricos, como las huellas digitales, el reconocimiento facial, la voz o el iris, las empresas deberán adoptar medidas de protección acordes con la sensibilidad de esta información. Su uso requiere establecer con claridad la finalidad de su recopilación, los plazos de conservación y los mecanismos que permitan a las personas ejercer sus derechos sobre estos datos.
Aunque la Ley 21.719 no regula directamente la inteligencia artificial, sí establece exigencias para las soluciones que utilizan datos personales, lo que obligará a las empresas a fortalecer su gobernanza, asegurando la trazabilidad de la información, la claridad sobre su origen y finalidad, y mecanismos de supervisión adecuados.
Para la industria tecnológica, la nueva normativa representa una oportunidad para fortalecer la confianza en el uso de los datos personales y generar mejores condiciones para el desarrollo de servicios digitales. Sin embargo, para avanzar en esa dirección, será fundamental contar con reglas claras, criterios de aplicación consistentes y certeza jurídica que permitan a las empresas adecuarse a las nuevas exigencias sin generar barreras innecesarias para la innovación y la transformación digital.
La protección de los datos personales y el avance de la transformación digital deben ir de la mano, especialmente en un contexto en que la información adquiere un rol cada vez más relevante para el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías.
En este escenario, Chile tiene el desafío de fortalecer los estándares de protección y generar las condiciones para que las empresas puedan seguir innovando, con un marco regulatorio que resguarde los derechos de las personas y, al mismo tiempo, favorezca el desarrollo tecnológico del país.