Chile suma otro capítulo a su larga historia de promesas incumplidas en materia indígena. Desgraciadamente, la gestión del gobierno del Presidente Boric, en su intento por abordar el tema, se ha convertido en otra ocasión perdida para avanzar hacia una verdadera inclusión y reconocimiento. La lista de promesas vacías y de avances diluidos refleja una profunda desconexión entre las políticas públicas y las necesidades de los pueblos indígenas, evidenciando la persistente fragilidad de un compromiso que, en la práctica, continúa siendo insuficiente y superficial.
José Antonio Kast y Jeannette Jara, tendrán la oportunidad –y la responsabilidad– de revertir esa lamentable tendencia, promoviendo ( y no solo declarando) una agenda que desarrolle un enfoque integral, sustentado en el respeto a los derechos y el valor cultural de estos pueblos. En este escenario, resulta imprescindible cautelar la distinción conceptual entre violencia y temática indígena, desvincular estos ámbitos para no estigmatizar a las comunidades, y así evitar que las políticas públicas se vean contaminadas por prejuicios que solo dificultan avances reales.
Es fundamental que la nueva administración impulse mecanismos sólidos y legítimos de institucionalidad desde el Estado (como el Ministerio o la Subsecretaría) que permitan un orden y una ejecución eficiente de la política indígena. Tan relevante como lo anterior es avanzar en la consolidación del Consejo de Pueblos Indígenas, de modo que se constituya como un interlocutor válido y permanente con el Estado. Solo así será posible democratizar el diálogo, instaurar un proceso de consulta efectivo y, sobre todo, generar condiciones de participación genuina que trasciendan la mera formalidad.
La incorporación del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es una promesa que no puede seguir esperando, después de más de 30 años de debates y postergaciones. Aunque sea simbólico, es un paso necesario, pero no el fin. Debe entenderse como un punto de partida, con límites claros respecto a derechos y deberes. La verdadera transformación implica avanzar en la resolución de las problemáticas territoriales, priorizando las soluciones más urgentes presentadas en el informe final de la Comisión Asesora Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Ahí están los diagnósticos y las propuestas concretas, no hay mucho que improvisar. Además, se requiere establecer mecanismos de adquisición de tierras, tribunales especializados y medidas de reparación integral a las víctimas de la violencia en el sur, asegurando justicia y reparación efectiva.
Asimismo, la revitalización cultural supone una de las tareas más urgentes y pendientes. La narrativa predominante, que aún visualiza a los pueblos indígenas como comunidades rurales, está completamente desfasada de la realidad demográfica y social. La urbanización de la población indígena exige políticas diferenciadas y modernas: fomento de la enseñanza de las lenguas, uso de plataformas digitales y promoción de sus expresiones culturales en los ámbitos urbanos. Solo así lograremos que su identidad no quede atrapada en el pasado, sino que se fortalezca y se proyecte en el presente y en el futuro.
Chile tiene en sus manos la posibilidad de ser un actor comprometido con los derechos de sus pueblos indígenas. Solo falta la voluntad política para hacerlo realidad.