La Confederación de la Producción y del Comercio de Chile acaba de evacuar un informe demoledor sobre las economías ilícitas que en diversos frentes están destruyendo el comercio legal, formal y sostenible. El reporte da cuenta que en el país se mueven más de US$5.700 millones entre tráfico de drogas, falsificación de productos, comercio ilícito en varias formas y también en pesca ilegal.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que pescan solo su cuota y hace más vulnerables a las comunidades costeras que dependen de esta actividad.
En ese sentido, el reporte de la CPC viene a cuantificar y reconocer una realidad que desde el sector pesquero vemos cada vez con más fuerza. El megaoperativo que desarticuló hace unas semanas a una estructura criminal que operaba desde la región de Los Ríos a la Metropolitana es ejemplo de esto. Hablamos de redes que perforan instituciones y se aprovechan de las debilidades del Estado para operar sobre la base de robos violentos, acopio, distribución, sobornos, falsificación de documentación y comercialización de los productos robados en ferias libres y canales informales, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y la sustentabilidad de los recursos del mar.
La pesca ilegal, que no respeta vedas ni criterios científicos, está dentro de las 10 economías ilícitas más relevantes de Chile, y los recursos del Estado son extremadamente limitados para atender la magnitud del problema. Según el reciente estudio, esta actividad ilícita moviliza al año, unos US$430 millones, con una pérdida fiscal de al menos US$ 50 millones, siendo más cuantiosa que sectores como el farmacéutico, salmonero e incluso el automotriz.
De ahí que el desafío requiere de todos los esfuerzos necesarios. Estamos hablando de piratas en alta mar y estructuras criminales que cuentan con un completo encadenamiento en tierra para el desarrollo de sus actividades.
En la otra vereda, Sernapesca, tiene solo 1.200 funcionarios en todo el país, quienes realizan labores de fiscalización en pesquerías, acuicultura, certificaciones y trabajos administrativos. En 2025 contaban con siete embarcaciones de las cuales solo tres estaban operativas.
Asimismo, la Armada de Chile ha señalado que un porcentaje mínimo de las embarcaciones que se encuentran en el mar cuentan con sistema de posicionamiento satelital, lo que reduce enormemente la posibilidad de realizar una fiscalización. Y para agudizar el diagnóstico, el 96% de los casos de pesca ilegal detectados en el país termina sin sanción efectiva.
Es decir, Chile pese a ser una potencia pesquera mundial y tener una costa de más de 4 mil kilómetros, posee una limitada capacidad de control para las extensas zonas marítimas y terrestres por donde recalan y se transportan las mercancías pesqueras ilegales.
Todas las embarcaciones de la pesca industrial del Biobío cuentan con sistema de verificación satelital, descargan en puertos con fiscalización del Estado y sus capturas son descontadas de las cuotas de pesca oficiales. Hemos aplicado tecnología, ciencia e innovación a esta tarea, pero es tiempo de avanzar a una agenda transversal en torno al combate de la pesca ilegal.
Iniciativas que se debaten en el Senado, como el proyecto de ley que busca crear el delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos, avanza en la dirección correcta. De una decisión estratégica del Estado en esta materia depende la seguridad alimentaria de las familias chilenas, la competitividad de Chile en los mercados internacionales y asegurar el cuidado de los recursos pesqueros para las futuras generaciones.
