Parece que el concepto de “economía extractivista” y la idea de “decrecimiento” han desaparecido del vocabulario de ciertos sectores de la actual administración. ¿Qué ha ocurrido? Tal vez han llegado a la previsible conclusión de que el crecimiento económico es esencial para generar desarrollo.
Es probable que hayan reconocido que el desarrollo sostenible no es contrario a la producción como planteaba un ex ministro de Agricultura.
Por el contrario, hace algunos años, se explicaba cómo se iba a trabajar para preservar el entorno durante la presentación de un proyecto. En aquella ocasión, una conocida activista medioambiental chilena replicó que el grupo de inversionistas detrás de esa iniciativa no comprendía nada, ya que lo deseable era no tocar ni remover un solo árbol.
¿Acaso la exigencia del biocorredor para invertebrados no es otra forma de rechazar cualquier intervención en el entorno? El gerente general del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, afirmó recientemente que es necesario destrabar la permisología, destacando que “nadie puede esperar ocho años por un proyecto”. Sabemos que hay algunos que pueden tardar dos décadas.
De hecho, el Comité de Ministros, instancia más alta del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al que le corresponde revisar grandes proyectos, en la actualidad acumula 15 proyectos por una inversión total de USD 7.609 millones. Cabe mencionar que en febrero del año pasado había 9 proyectos pendientes por USD 1.562 millones.
Daniel Mas, vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), comentó que existe “una preocupación seria por el actuar de diversas instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Sistema de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y algunas Direcciones de Obras Municipales (DOM)”.
Es cierto que ha habido avances en la tramitación de la “Ley de Permisología”, pero Daniel Mas planteó que “sin sanciones administrativas claras por los retrasos esto es letra muerta”. Ahora, la pregunta sigue siendo si esta normativa será suficiente para impulsar las inversiones, especialmente ahora que enfrentamos la inminente entrada en vigor de barreras arancelarias para el cobre en EE.UU. y la implementación en la Unión Europea del CBAM (Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono). Este mecanismo, que comenzará su aplicación gradual en 2026, va a encarecer las importaciones a la UE de productos y servicios en función de su huella de carbono.
Pero ¿estamos sólo ante amenazas? En la Memoria Anual 2024 de Antofagasta PLC, su presidente, Jean Paul Luksic, destacó que la expectativa es que “el sistema político del país esté ahora facultado para centrarse en las preocupaciones fundamentales relacionadas con la promoción del crecimiento económico, la atracción de inversiones y la consecución de mejoras en la seguridad pública, que se han convertido en un reto importante y una prioridad muy evidente para la población”.
En la misma línea, el presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, expresó que “para mí el tema político es bien basal, ya que permite llegar a acuerdos en cuestiones estructurales y reformas. Es más fácil llegar a un consenso entre cuatro o cinco personas que con 22 ideas distintas”. Esto sugiere que la “permisología” está más ligada a una cuestión ideológico-política que a un verdadero interés en preservar la biodiversidad y los ecosistemas.
El subdirector del Conservative Environment Network (CEN), John Flesher, visitó Chile como invitado al seminario “Perspectivas ambientales: Reino Unido vs. Chile. El caso de la Permisología”, organizado por la PUC y la Fundación Jaime Guzmán. En una entrevista, explicó que este Foro busca demostrar que es posible ser ecologista desde una perspectiva conservadora y pragmática. “La izquierda a menudo prioriza el medioambiente a expensas del crecimiento, pero también es crucial que la derecha no favorezca el crecimiento a costa del medioambiente. La respuesta sensata está en el equilibrio”.
Las recomendaciones de Flesher para reducir la “permisología” incluyen simplificar los procesos mediante una ventanilla única, priorizando proyectos según su importancia y centrándose en la mitigación de impactos.
Quizás lo más pertinente sea despojar a esta cuestión de la carga ideológica que la acompaña. No se trata de elegir entre el medio ambiente y la economía, sino de adoptar un enfoque que abarque ambos aspectos.
El cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad no debe seguir el camino de la reconocida ambientalista chilena que aspiraba a no tocar ningún árbol, tampoco debe continuar con la tónica administrativa de retrasar las autorizaciones para el desarrollo de proyectos con argumentos de ambientalismo que no se sostienen. En cambio, se debe promover una buena comunicación que permita una toma de decisiones informada, beneficiando tanto a la naturaleza como a la economía, y, en última instancia, a toda la sociedad.
