Los problemas fundamentales que tenemos en materia de pensiones son dos: El primero -un “happy problem”-, es que los chilenos están viviendo más y, por lo tanto, necesitarán cotizar más y por más tiempo, para poder alcanzar pensiones adecuadas para su más larga vejez. El segundo, que diversas causas llevan a que mucha gente no logre una pensión que cumpla estándares mínimos aceptables.
Otros problemas que circulan por ahí, -que reparto, que No +AFP, etc.-, son, en realidad, más temas de gustos ideológicos que problemas fundamentales como los apuntados. Así entonces, con altura de miras y siendo honestos con el objetivo de que las personas logren pensiones adecuadas, deberíamos concentrarnos en los problemas reales y no desviarnos en temas accesorios.
La buena noticia es que tenemos dos avances muy importantes, pero que debemos cuidar para que no se nos quemen en la puerta del horno.
Uno es el consenso de que los empleadores deberán cotizar, gradualmente, un 6% adicional a la cotización de los trabajadores, para destinarlo a mejorar pensiones. El 6% permite avanzar sustancialmente en la solución del problema de la longevidad. Probablemente no es la solución total, pero es un paso muy relevante para atacar ese problema.
El otro, es la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU). La PGU es un instrumento muy bien diseñado, ordenado, simple, transparente y eficaz, que permite llegar certeramente a las personas que no han tenido las condiciones para un buen ahorro, con un subsidio, pagado por el Fisco, con el que alcancen una pensión aceptable. Es un sustituto superior al sistema de reparto, ya que logra con mejor puntería y mayor fuerza el objetivo de mejorar las pensiones de los que más lo necesitan.
Esas son las buenas noticias. Pero ¿cuáles son los riesgos?
El macro riesgo es que el Gobierno nos siga empujando a rencillas y rivalidades fratricidas que redunden, cual balas locas, en dañar a los trabajadores, estropeando los dos avances hasta aquí logrados, sin resolver los problemas reales de pensiones. Este riesgo macro aterriza en dos riesgos concretos.
El primero es que se diluya el 6%, para que financie cosas distintas que mejorar las pensiones. En efecto, el Gobierno pretende que una parte mayoritaria de ese 6% se desvíe a financiar los subsidios a las pensiones insuficientes, a través de un fondo común, e incluso a financiar salas cuna que no tienen nada que ver con las pensiones. Esto provocaría que el menguado resto del 6% no logrará mejorar sustancialmente las pensiones de los trabajadores a quienes corresponde, al forzarlos (inexplicablemente) a subsidiar ellos pensiones y otros programas para otras personas. Esto es injusto -como han señalado innumerables analistas- ya que los subsidios de pensiones, salas cuna u otros programas sociales deben financiarlos los impuestos generales y no los trabajadores dependientes.
Una gran mayoría de los trabajadores ya ha tomado conciencia de que sus ahorros previsionales les pertenecen y de que es injusto que se los quiten para financiar subsidios que debería dar el Fisco. Meterse contra ellos puede ser un suicidio político.
El segundo riesgo concreto es que la PGU se diluya y pase de moda hasta la irrelevancia en los esfuerzos para reemplazarla por un sistema de reparto. La PGU hoy es altamente apreciada por sus beneficiarios, y que se degradara al ser reemplazada por el difuso y opaco sistema de reparto sería un gran daño para ellos.
En este contexto, es necesario que el Gobierno se abra a deponer varias consignas ideológicas que atentan contra las soluciones reales de los verdaderos problemas de las pensiones y que se allane a dialogar con altura de miras a hacer lo realmente mejor para resolver los problemas de fondo. Por su parte, la oposición también debería aceptar ideas que no atenten contra los objetivos fundamentales y que puedan aportar mayores alternativas de elección para las personas, como podría ser el establecimiento de una AFP estatal compitiendo en condiciones equitativas con las privadas, o la apertura a agentes diferentes a las AFP para la administración de los ahorros de quienes libremente elijan unas u otras.
El diálogo requiere disposición honesta a escuchar (pero de verdad) argumentos y a conceder puntos cuando la contraparte tiene mejores ideas. Hay que diferenciar lo que son meras preferencias ideológicas, de lo que son propuestas objetivamente mejores para solucionar los problemas abordados. En las primeras, los dialogantes deben tener generosidad y grandeza para hacer concesiones. En las últimas, hay que tener grandeza y honestidad con los cotizantes, para adoptar las mejores y reales soluciones a sus problemas.