Este año se cumplen 250 años de la publicación de la primera edición de La riqueza de las naciones de Adam Smith, una obra clave que sentó las bases del liberalismo económico y la economía clásica. Una efeméride que, con razón, se recuerda y celebra en muchas facultades y centros de estudio a lo largo del mundo. Pero no basta rememorar: la mejor celebración es la que resalta su actualidad. Siendo un clásico, tiene algo que decirles a todas las generaciones. Y dándole un giro normativo: no son pocos los que deberían atender a lo que nos está diciendo. Un caso actual puede ilustrar la necesidad de revisitarla.
Considere el reciente anuncio de la venta de Movistar Chile por parte de Telefónica a Millicom, un hito relevante en el mercado de telecomunicaciones. Inmediatamente después, el CEO de Millicom afirmó públicamente que “el mercado no da para cuatro operadores”, sugiriendo que una reducción de la competencia sería una consecuencia natural —e incluso razonable— del proceso.
La afirmación es preocupante. No se trata solo de una opinión empresarial sobre eficiencia o escala, sino de un discurso normativo que busca redefinir el lugar de la competencia dentro de la economía de mercado. Presentar la reducción de competidores como un dato técnico inevitable no es una descripción neutral de la realidad, sino una toma de posición con implicancias institucionales profundas.
Conviene ser claros desde el inicio: el problema no es que una empresa evalúe su rentabilidad, busque sinergias o considere que un mercado está saturado. Esa es su racionalidad privada y forma parte del juego económico. El problema surge cuando ese interés particular se proyecta al espacio público como si expresara una necesidad objetiva del sistema, desplazando la competencia desde un principio estructural del capitalismo liberal a una variable contingente que puede sacrificarse en nombre de la eficiencia.
Desde una perspectiva liberal bien entendida este giro es grave. La competencia no es un lujo ni una concesión ideológica: es el mecanismo que permite que el interés privado se discipline públicamente. Sin competencia efectiva, los mercados dejan de funcionar como espacios abiertos de intercambio y comienzan a comportarse como estructuras cerradas, donde los incumbentes reducen presión, innovación y contestabilidad.
Esta idea no es nueva. Adam Smith, a quien frecuentemente se cita como un defensor acrítico del mercado, fue, en realidad, uno de los críticos más lúcidos del poder económico concentrado. En La riqueza de las naciones advertía con notable claridad:
“Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios.” (Libro I, Capítulo X, Parte II (p.152))
La preocupación de Smith no era moralista, sino institucional. Entendía que, sin competencia, el mercado pierde su función social. La colusión, el monopolio o la reducción deliberada de rivales no son fallas accidentales del capitalismo; son su corrupción interna. Por eso, lejos de defender a los empresarios frente al Estado, Smith defendía al público frente a los empresarios cuando estos buscaban protegerse del mercado.
Cuando hoy ciertos actores sostienen que “el mercado no da” para más competencia, no están defendiendo el mercado, sino su posición dentro de él. Lo que se presenta como una constatación técnica suele ser, en realidad, una preferencia estratégica: menos rivales, mayor estabilidad, menor presión sobre precios y márgenes. Que esa preferencia sea comprensible desde el punto de vista privado no la vuelve legítima desde el punto de vista público.
Aquí conviene introducir una distinción clave que suele perderse en el debate económico: la diferencia entre racionalidad empresarial y legitimidad institucional. Una decisión puede ser perfectamente racional para una empresa y, al mismo tiempo, problemáticamente ilegítima como principio organizador del mercado. Confundir ambos planos es una de las fuentes recurrentes de desconfianza hacia el capitalismo contemporáneo.
Este punto no es meramente teórico. La evidencia empírica comparada refuerza la preocupación. Estudios de la OCDE han advertido de manera consistente que mayores niveles de concentración de mercado tienden a asociarse con precios más altos, menor innovación y mayores barreras de entrada, especialmente en sectores intensivos en capital y con costos de cambio elevados para los usuarios. La competencia, en ese sentido, no es solo un ideal normativo, sino un mecanismo probado de disciplina económica.
El sector de telecomunicaciones es un ejemplo paradigmático. Se trata de un mercado con inversiones iniciales elevadas, economías de escala relevantes y usuarios cautivos en múltiples dimensiones de su vida cotidiana. En ese contexto, la reducción de competidores no es un fenómeno neutro: suele traducirse en menor presión competitiva, menor dinamismo tecnológico y menor sensibilidad frente a la calidad del servicio en el mediano plazo.
Chile ha sido consciente de estos riesgos. En las últimas décadas, la institucionalidad de libre competencia se ha fortalecido precisamente para evitar que la concentración se naturalice como resultado inevitable del mercado. La Fiscalía Nacional Económica, en el análisis de operaciones de concentración en telecomunicaciones, ha señalado reiteradamente que los niveles de competencia existentes son un factor clave para proteger precios, calidad de servicio e incentivos a la innovación. Por esa razón, la reducción del número de actores no es tratada como un resultado neutro, sino como un riesgo que debe ser evaluado cuidadosamente.
Resulta entonces problemático que actores relevantes intenten instalar la idea de que menos competencia es simplemente la consecuencia “natural” de cómo funcionan los mercados. Ese tipo de afirmaciones no solo debilita la deliberación pública, sino que desplaza el debate desde el terreno de las razones compartibles hacia el de la inevitabilidad técnica. Cuando eso ocurre, la política deja de deliberar y pasa a administrar hechos supuestamente dados.
Desde una perspectiva liberal, este movimiento es especialmente preocupante. El liberalismo económico nunca se fundó en la defensa irrestricta de los incumbentes, sino en la apertura de los mercados, la posibilidad de entrada y la presión constante que la competencia ejerce sobre el poder económico. Cuando los empresarios comienzan a ver la competencia como un problema a resolver y no como el principio que justifica el mercado, lo que emerge es una versión defensiva y rentista del capitalismo.
Históricamente, los mayores riesgos para los mercados abiertos no han provenido de sus críticos externos, sino de quienes, desde dentro, buscan protegerse de sus propias reglas. Gremios cerrados, carteles y monopolios han sido siempre el reverso antiliberal del capitalismo. No es casual que muchas de las grandes reformas pro-competencia hayan surgido precisamente para limitar ese impulso.
Aquí aparece un criterio normativo mínimo que resulta ineludible en una sociedad democrática: el de razón pública. Cuando una decisión o una orientación general tiene efectos amplios sobre consumidores, usuarios y oportunidades futuras, no basta con invocar eficiencia o viabilidad financiera. Es necesario ofrecer razones que otros puedan comprender y evaluar como razonables, aun cuando no les resulten favorables.
Desde ese estándar, afirmar que la competencia debe reducirse porque el mercado “no da” resulta problemático. No es una razón públicamente compartible, sino la traducción de un interés particular al lenguaje de la inevitabilidad. Consumidores, potenciales entrantes y ciudadanos afectados por la calidad y el precio de servicios esenciales no tienen por qué aceptar ese argumento como legítimo.
La defensa de la competencia, en este sentido, no es una postura antiempresarial ni anticapitalista. Es exactamente lo contrario: es una defensa del capitalismo liberal frente a su deriva concentrada y defensiva. Un sistema económico que requiere cerrar mercados para sostenerse no es un sistema fuerte; es uno que ha perdido su capacidad de legitimarse ante la sociedad.
El caso de las telecomunicaciones obliga así a formular una pregunta más amplia: ¿queremos mercados que funcionen como espacios abiertos, donde el interés privado se discipline mediante la competencia, o mercados protegidos, donde la eficiencia se invoque para justificar la reducción de alternativas? La respuesta a esa pregunta no puede quedar capturada por quienes tienen más que ganar con menos competencia.
Si la economía de mercado quiere conservar legitimidad social, debe aceptar su propia premisa básica: la competencia no es el problema, es la condición que la justifica. Cuando los empresarios comienzan a desconfiar del mercado, el riesgo ya no es solo económico, sino profundamente institucional. En La riqueza de las naciones Adam Smith nos previno de este riesgo con claridad:
“El interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado pero estrechar la competencia. La extensión del mercado suele coincidir con el interés general, pero el reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés, y sólo puede servir para que los empresarios, al elevar sus beneficios por encima de lo que naturalmente serían, impongan en provecho propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas”. (Libro I, Capítulo XI (p.265)).
La celebración de los 250 años de La riqueza de las naciones es una buena ocasión para volver a los fundamentos.
*Christian Rojas – Managing Partner de SAJOR Consulting.
*Daniel Loewe – Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez.
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