Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero registró 25 detenidos y formalizados, y es que esta semana los principales movimientos se concentraron en el plano judicial: avanzó la formalización de estas 25 personas imputadas por sustracción de madera y usurpación de terrenos en el sector Púlpito, en Chonchi; la Corte Suprema ratificó la realización de un juicio separado para los adolescentes imputados en el caso del ataque al Molino Grollmus; comenzó en Cañete el juicio oral por el homicidio de Moisés Orellana; y la Fiscalía de Los Ríos evaluó presentar un recurso de nulidad tras la absolución de 18 comuneros acusados de robo de madera en Panguipulli.
El único hecho violento contabilizado por el Indicador fueron las barricadas consecutivas en Chonchi, a raíz de la detención de las 25 personas. Por estos hechos, el Gobierno invocó la Ley Antibarricadas.
Barricadas y robo de madera
Las barricadas con cortes parciales en la Ruta 5 Sur en el sector Púlpito, en la comuna de Chonchi, se han prolongado durante varios días en apoyo a los comuneros formalizados por delitos vinculados a la sustracción de madera y ocupación de terrenos. Las interrupciones del tránsito –a la altura del kilómetro 1.223– han sido encabezadas por integrantes de la comunidad indígena Cuyulhue, quienes mantuvieron bloqueos intermitentes mientras avanzaban las audiencias en el Juzgado de Garantía de Castro, generando preocupación entre gremios del transporte y del comercio por su impacto en la conectividad y la actividad económica local.
Frente a estos hechos, el Gobierno invocó la Ley Antibarricadas y denunció delitos asociados a desórdenes públicos, señalando que impedir el tránsito mediante la quema de neumáticos constituye un ilícito sancionado por la normativa vigente. Además, la autoridad regional advirtió que se evaluaban nuevas acciones legales para reforzar las investigaciones en curso por estos bloqueos.
Las protestas se desarrollaron en paralelo a la extensa formalización de los comuneros detenidos tras un masivo operativo policial que incluyó el despliegue de cerca de 300 funcionarios de la PDI en el sector rural de Púlpito. En total, 25 imputados fueron encausados por el Ministerio Público por los delitos de hurto simple y reiterado de madera, comercio clandestino, usurpación de inmueble y asociación ilícita, en el marco de una investigación dirigida por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Según la fiscalía, estas conductas se vinculan con la extracción sistemática de madera desde predios en conflicto y su posterior comercialización irregular. En paralelo, propietarios de aserraderos también quedaron bajo indagatoria por su eventual participación en el circuito de comercialización y por posibles delitos de lavado de activos asociados a estas operaciones.
En el marco de la causa, ocho de los imputados quedaron con arresto domiciliario total, junto a medidas como arraigo nacional y prohibición de acercarse a los terrenos intervenidos, mientras que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los restantes encausados. La solicitud se discutió durante varias jornadas de audiencia, en paralelo a manifestaciones de apoyo de familiares y vecinos —principalmente de la comunidad Cuyulhue— tanto en las inmediaciones del tribunal como en la ruta, quienes advirtieron que las movilizaciones podrían intensificarse dependiendo de las cautelares que finalmente determine el tribunal para los comuneros formalizados.
Donde también hubo barricadas fue en Concepción el pasado 29 de marzo, esto en apoyo a los condenados por el llamado Caso Quilleco, quienes se encuentran en huelga de hambre.
El caso Grollmus
La Corte Suprema ratificó la realización de un juicio separado para los dos adolescentes imputados por el ataque armado contra la familia Grollmus y el incendio del Molino Grollmus, en la comuna de Contulmo, fijando como fecha de inicio el 22 de abril. La decisión se produjo tras acoger un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, manteniendo el calendario del proceso respecto de los menores sin supeditarlo a la audiencia de preparación del juicio oral de los 19 adultos acusados.
La Fiscalía había separado previamente la investigación en dos causas: una respecto de los 19 adultos y otra sobre los 2 adolescentes imputados, debido a los plazos procesales más acotados que establece la legislación para menores de edad. Posteriormente, el Ministerio Público realizó gestiones para reagrupar ambas causas con el objetivo de realizar un solo juicio oral.
Para la familia Grollmus, la realización de dos juicios implicaría una “revictimización” ya que víctimas y testigos deben acudir a declarar y revivir lo ocurrido en más de una oportunidad, por lo que la familia confiaba en que todo se resolviera en un solo proceso.
En paralelo, se encuentra pendiente la resolución sobre la recusación presentada contra el juez Cristian Rosenberg, lo que ha impedido avanzar en la preparación del juicio oral respecto de los 19 adultos acusados. La definición sobre si continuará ese magistrado en la causa será determinante para fijar la audiencia preparatoria correspondiente.
Otro asunto que avanza desde el punto de vista judicial, la semana pasada comenzó en Cañete el juicio oral por la muerte de Moisés Orellana, un joven de 21 años que fue atacado por un grupo de encapuchados que previamente había protagonizado un atentado incendiario en septiembre de 2020. En la causa hay dos imputados, respecto de quienes la Fiscalía solicita penas de cárcel por delitos asociados a incendios y al homicidio.
Tras absolución de 18 comuneros por robo de madera en Panguipulli, Fiscalía evalúa presentar nulidad
También desde el punto de vista judicial, la Fiscalía de Los Ríos evalúa presentar un recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a 18 comuneros por delitos de robo de madera en la comuna de Panguipulli. La decisión del tribunal se basó en que las pruebas presentadas durante el juicio oral no lograron acreditar la participación de los acusados en los hechos investigados.
El Ministerio Público acusó a integrantes de dos comunidades indígenas por la sustracción de especies nativas entre 2018 y 2019, en un predio perteneciente a una empresa forestal ubicada en el sector Trafún. Por estos hechos, los imputados arriesgaban penas que iban entre 3 y 5 años de cárcel por los delitos de hurto simple y receptación.
Tras el fallo absolutorio unánime, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que se encuentra en análisis la presentación de un recurso de nulidad con el objetivo de revertir la resolución judicial. En caso de concretarse, el recurso deberá presentarse ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, instancia que posteriormente remitiría los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valdivia para su resolución.