El histórico temporal invernal que afecta a nuestro país desde el 13 de julio ha cobrado vidas humanas, dejado miles de damnificados y provocado cuantiosos daños en infraestructura pública y privada. En pocos días se destruyeron o resultaron severamente dañados caminos, puentes y viviendas, además del colapso de colectores de aguas lluvia, redes de alcantarillado y canales de riego.
Si bien aún no existe una evaluación definitiva de las pérdidas, los antecedentes preliminares permiten anticipar daños de gran magnitud.
Un reporte de Colliers los estima en alrededor de US$400 millones: US$200 millones en infraestructura pública, US$150 millones en viviendas y US$50 millones en activos agrícolas, sin considerar los costos sociales y económicos derivados de la interrupción de servicios básicos y actividades productivas.
La situación fue particularmente crítica en las regiones de Atacama y Coquimbo. La magnitud del fenómeno queda de manifiesto al comparar las precipitaciones registradas durante el sistema frontal con los promedios históricos (1991-2020). Hasta el último balance oficial disponible, La Serena acumulaba 163,6 mm de lluvia, equivalente al 238% de su precipitación promedio anual (1991-2020). En Vallenar se registraron 64,6 mm (216%); en Ovalle, 163,1 mm (212%); en el embalse Paloma, 148,5 mm (157%) y en Cogotí, 193,5 mm (163%). Incluso en Salamanca e Illapel las precipitaciones superaron el promedio anual completo. Dado que el evento continúa y algunas estaciones han presentado interrupciones en la transmisión de datos, estos registros podrían aumentar.
En otras palabras, en varias localidades llovió, en menos de una semana, entre una y más de dos veces lo que normalmente precipita durante todo un año. Se trata de una intensidad extraordinaria, muy superior a aquella para la cual fue diseñada gran parte de la infraestructura existente.
Este evento plantea una pregunta ineludible: ¿estamos diseñando nuestra infraestructura para el clima del pasado o para el que enfrentaremos en las próximas décadas? La evidencia científica proyecta que el cambio climático incrementará la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos, escenario que parece reflejarse en la sucesión de aluviones e inundaciones ocurridos en Chile durante la última década (i.e. aluviones del Norte Grande y Chico en 2015 y 2017, e inundaciones en las regiones de O’Higgins y Maule en 2023). Más que episodios aislados, parecen formar parte de una nueva realidad climática a la cual el país debe adaptarse. En ese contexto, resulta indispensable revisar los estándares de diseño y construcción de la infraestructura.
Elevar dichos estándares implica mayores costos de inversión, ya sea mediante puentes de mayor capacidad hidráulica, redes viales más resistentes, colectores de aguas lluvia de mayor capacidad o defensas fluviales reforzadas. Sin embargo, desde la perspectiva de la evaluación social de proyectos, estos costos deben compararse con los beneficios que generan: menor riesgo para la vida y la salud de las personas, continuidad de los servicios básicos, menor interrupción de la actividad económica, protección del patrimonio público y privado y una reducción significativa de los recursos destinados a la reconstrucción.
Chile aprendió hace décadas que construir infraestructura capaz de resistir terremotos era mucho menos costoso que reconstruir ciudades después de cada gran sismo, tal vez llegó la hora de cambiar el paradigma en materia climática. El aprendizaje en materia sísmica dio origen a una normativa reconocida internacionalmente, cuyos resultados fueron probados durante los terremotos de 1985 y 2010. Hoy enfrentamos un desafío similar. Incorporar explícitamente el riesgo climático en las normas de diseño y evaluación social de las inversiones públicas no es solo una medida de adaptación al cambio climático, sino una necesidad económica, social y, sobre todo, una forma de proteger la vida de las personas.
