Cuando el ruido electoral comienza a apagarse, las luces se encienden en otra dirección: los primeros 100 días del nuevo gobierno. Allí no solo se fija un tono político, sino que se anticipan prioridades reales.
Sabemos que este es el inicio del llamado gobierno de emergencia, donde las demandas ciudadanas en materia de seguridad, desempleo e inmigración tienen una ruta instalada. Sin embargo, la salud mental no aparece descrita con la misma urgencia en este período crítico, a pesar de ser una de las principales fuentes de sufrimiento de nuestra sociedad en los últimos años. Hasta ahora, no se conocen anuncios ni definiciones públicas que sitúen la salud mental como una prioridad explícita dentro de las medidas proyectadas para los primeros 100 días del nuevo gobierno.
Se requiere de una señal clara sobre la necesidad de articulación intersectorial en salud mental que permita enfrentar una crisis que no admite más postergaciones. El gobierno que asume tiene desde el inicio la responsabilidad de instalar esta materia como una urgencia país, orientando el debate público, anticipando decisiones y comprometiendo recursos para el próximo ciclo presupuestario.
Sin financiamiento, sin coordinación y sin prioridad política, la prevención y el cuidado de la salud mental seguirán siendo discursos bien intencionados frente a una realidad que se impone con fuerza. Postergar esta agenda tiene un costo humano que el país ya está pagando. No se trata solo de economía o seguridad: la salud mental define vidas, y su ausencia en los primeros 100 días de gobierno es, también, una decisión política.
Quizás con más seguridad, con más orden y con más trabajo disminuyan los problemas de salud mental y quizás esté en las prioridades entre el día 101 y 365. Gobernar es priorizar y ser realista