El reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, no sólo pone en entredicho el buen uso de los permisos laborales por enfermedad, sino que revela también una falla sistémica en el control de recursos públicos y en la vigencia de principios básicos como la probidad y el buen servicio.
En Chile, cada licencia médica conlleva una carga económica directa: subsidios que son cubiertos por Fonasa o las Isapre, según el régimen de salud del trabajador. Desde esta perspectiva, el uso fraudulento de licencias médicas representa un perjuicio patrimonial al Estado y, por lo tanto, a todos los contribuyentes.
Pero esta vez el impacto va más allá: cuando el abuso proviene de quienes desempeñan funciones públicas, el efecto se multiplica. Se afecta la continuidad de servicios esenciales y se deteriora la confianza ciudadana en las instituciones, sobre todo porque los funcionarios públicos gozan de protección de sus remuneraciones mientras hacen uso del reposo, lo que no ocurre con el trabajador del sector privado, el cual debe esperar a que se pronuncien las instituciones de Salud sobre el pago del subsidio que reemplaza la remuneración.
El reposo no constituye un permiso o autorización para tomar vacaciones o extenderlas, por ejemplo, sino que es parte del tratamiento que prescribe un profesional de salud habilitado para lograr que el trabajador recupere su salud y pueda reincorporarse a su lugar de trabajo para cumplir las obligaciones que tiene con su empleador, sea el estado o un privado.
El reposo no puede realizarse en el extranjero y tampoco “habilita” para viajar, salvo que sea por razones fundadas que dicen relación con someterse a tratamientos de salud que sea necesario realizarlos fuera del país.
De verificarse incumplimientos del reposo, no sólo por viajes fuera del país, sino que por otros motivos se puede dar lugar a la instrucción de procedimientos disciplinarios o términos de contrato de trabajo sin indemnización cuando logra acreditarse la causal de despido.
El problema, sin embargo, no se resuelve solo con normas. También es necesario mejorar la gestión en la detección temprana del fraude. La información existe, está disponible y es posible hacer el cruce de información de manera coordinada entre las distintas instituciones públicas.
Es hora de asumir que combatir el abuso requiere acción decidida desde los tres poderes del Estado. El Ejecutivo debe fortalecer los sistemas de fiscalización y priorizar la modernización de los sistemas de revisión. El Legislativo debe revisar la normativa vigente, especialmente en lo relativo a las causales de despido en el sector público y privado, mejorando la normativa existente. Y el Judicial debe aplicar una mirada más rigurosa sobre la conducta abusiva, ponderando no sólo los derechos individuales, sino también el interés público comprometido.
Las instituciones tienen el deber de actuar bajo esta lógica, no sólo por los recursos involucrados y la lentitud en la atención a los ciudadanos, sino que por todos aquellos pacientes y trabajadores que realmente necesitan hacer uso de una licencia médica, que no abusan de este instrumento y deben enfrentar la burocracia, rechazos y tardanza porque los recursos escasean.
Combatir el fraude en la Seguridad Social es un imperativo ético de todos.
El respeto a la licencia médica como derecho exige, al mismo tiempo, un firme rechazo a su uso fraudulento. Es un deber con quienes realmente están enfermos y necesitan este instrumento para recuperar su salud, pero que muchas veces se enfrentan a trabas para hacer efectivas sus licencias legítimas y necesarias. No es aceptable que, por culpa de algunos, terminen pagando justos por pecadores.
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