Desde hace unos días en el mundo editorial se ha desarrollado una polémica: se afirma que existe una crisis terminal en el mercado del libro, condenando a las editoriales y librerías independientes a desaparecer.
Para quienes formamos parte de esta industria, es evidente que esta afirmación no está lejos de la realidad. La línea que separa el éxito del fracaso es delgada, y los desafíos estructurales, como el comercio online, el dominio de los grupos transnacionales, los cambios en el hábito de la lectura y la crisis económica se han convertido en obstáculos difíciles de sortear para muchos actores del sector.
Sin embargo, plantear que la solución pasa exclusivamente por la intervención estatal, mediante la imposición de un precio único al libro o regulaciones que vulneren la libre competencia, refleja la visión predominante de este gremio en Chile: que es responsabilidad del Estado garantizar el financiamiento, preservación y difusión de la cultura, ya que esta se concibe como un bien comunitario y el lucro asociado a ella es visto como inmoral.
Esta perspectiva resulta contradictoria, ya que muchas editoriales que se autodenominan “independientes” dependen del Fondo del Libro otorgado por el Ministerio de las Culturas, así como de fondos regionales, municipales y otras instancias para subsistir. En la práctica, estas empresas -ya que en su mayoría están constituidas como SpA o EIRL- terminan lucrando con recursos públicos, ya que no sólo los utilizan para financiar su producción, sino que también comercializan sus libros directamente al Estado a través del sistema de Mercado Público, como ocurre con las compras realizadas por las bibliotecas públicas CRA. De esta forma perpetúan un sistema ineficiente y dependiente que debilita la competitividad y limita el desarrollo de la industria editorial.
Si nos enfocamos en los recursos otorgados por el ministerio, el Fondo del Libro y la Lectura dispone de diversas líneas de financiamiento, estas abarcan desde incentivos económicos para la escritura hasta becas de estudio, apoyo para la equipación de bibliotecas y la creación de librerías. No obstante, al igual que en otros ámbitos estatales, varias de estas iniciativas presentan serias deficiencias en su ejecución.
La Línea de Fomento a la Creación, que financia la escritura de poesías, novelas, crónicas, entre otros, sólo exige presentar un mero texto preliminar; por ejemplo, en el caso de las novelas, un máximo de 40 páginas. Una vez aprobado el proyecto, no existen mecanismos claros para verificar si el manuscrito final cumple con lo presentado originalmente. En otras palabras, un autor podría completar el resto del texto de manera improvisada o incluso entregar un producto final de baja o nula calidad literaria. Además, aunque la idea sea publicar el libro, no hay ninguna obligación real de garantizar su comercialización o distribución. Esto significa que los fondos públicos generalmente financian obras con nulo impacto cultural o comercial, y sin un seguimiento adecuado de sus resultados.
A esta problemática se suman otros fondos destinados a capacitaciones, como becas para diplomados y magíster en áreas relacionadas con la edición y el diseño editorial. Si bien estas iniciativas buscan fortalecer la industria a través de la profesionalización, su efectividad se ve mermada al no profundizar en aspectos clave de la gestión y el desarrollo rentable del sector.
Desde una perspectiva más notoria, tanto La Furia del Libro, organizada por la Cooperativa Editores de la Furia, como la Primavera del Libro, realizada por Editoriales Independientes de Chile, recibieron este año un financiamiento aproximado de 40 millones de pesos cada una, además del evidente apoyo logístico municipal. Sin embargo, estas organizaciones ejercen un control discrecional al determinar si los expositores cumplen o no con sus “objetivos gremiales”. Basta con observar las tendencias políticas de estas agrupaciones para entender quiénes pueden participar y quiénes quedan excluidos, pese al uso de recursos públicos.
Con todo esto, queda claro que el apoyo estatal hacia la industria literaria no es insuficiente, y que a pesar de haber pasado más de 30 años desde la creación del Fondo del Libro, los avances en el sector son escasos. De hecho, se sigue manteniendo la misma tesis que el expresidente Patricio Aylwin defendió en 1991 para la creación de este apoyo: “El libro es un bien caro, los lectores son pocos, el mercado es pequeño, la compra de libros para bibliotecas ha disminuido considerablemente, y los hábitos de lectura siguen gravemente deteriorados”.
La solución a este problema radica en abandonar el pensamiento victimista y comprender que, al igual que en otras industrias, nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades -y en nuestro caso. de los lectores. En otras palabras, la industria editorial debe volver a colocar al lector en el centro de su desarrollo.
Existen señales que apuntan en esa dirección: los lectores están manifestando sus preferencias a través de sus compras, optando por libros de editoriales independientes que destacan por ofrecer historias novedosas, frente a los títulos de los grandes grupos transnacionales. Además, se ha generado un contexto favorable para la interacción directa entre autores y lectores, lo que ha fomentado el surgimiento de diversas comunidades lectoras.
En última instancia, es el lector quien decide. El éxito o fracaso de una librería o una editorial depende de su capacidad para responder a las necesidades del público. Sostener empresas culturales fracasadas no sólo es insostenible, sino también inmoral en un contexto de crisis económica. La clave está en acercarse a los lectores, comprender sus preferencias y construir una relación directa con ellos: ir a buscarlos, no esperar a que nos encuentren.
