A comienzos de junio, el gobierno ingresó una indicación sustitutiva al Proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09). Dicha indicación es motivada por el conflicto acaecido a fines del 2023 al interior del gobierno, entre los ministerios de Obras Públicas, Defensa, Bienes Nacionales y Hacienda, debido a que se le otorgaba al Ministerio de Obras Públicas (MOP) -a través de la Dirección General de Aguas (DGA)- la facultad de otorgar concesiones y destinaciones para la extracción de agua de mar y el uso del borde costero para efectos de su desalinización.
Ese conflicto surge porque el proyecto de ley hasta antes de la indicación sustitutiva entregaría al MOP una facultad que hoy está radicada en el Ministerio de Defensa, quien es responsable de la administración del borde costero y otorgamiento de concesiones marítimas. Adicionalmente, se está tramitando el proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín 8467-12), ingresado hace ya 12 años, que radicaría la facultad de otorgar concesiones marítimas en el Ministerio de Bienes Nacionales. Así, el Ministerio de Defensa se enfocaría en su rol estratégico de defensa nacional y de fiscalización marítima, traspasando tareas más operativas como el otorgamiento de concesiones marítimas.
Para entender mejor es necesario retroceder hasta marzo del 2022, poco antes del término del segundo gobierno del Presidente Piñera. En esos días se ingresó una indicación sustitutiva en la que se trasladaba dicha facultad desde el Ministerio de Defensa al MOP. ¿Cuál fue el motivo para proponer este cambio? ¿Fue una propuesta antojadiza de la administración anterior?
Tal y como se puede ver en diversas presentaciones realizadas por las autoridades de la época, el principal objetivo fue que las concesiones para desalinización fueran otorgadas por un organismo competente en materias hídricas, dada la gravedad y numerosas aristas del problema, y para reducir los tiempos de desarrollo y construcción de las plantas de desalinización y sus obras complementarias (conducciones, ductos y bombas de impulsión, entre otras). Hoy el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza desde el inicio hasta la puesta en marcha demora un mínimo de 7 a 8 años, esto si todo anda bien.
¿Y por qué dar esta función a la DGA del MOP? Para responder es importante recordar que es en Obras Públicas donde radican numerosas facultades de gestión hídrica, tales como el desarrollo y construcción de infraestructura para riego, consumo humano y multipropósito (Ley 21.639 de 2023), entrega de concesiones, tarificación y fiscalización de servicios sanitarios urbanos y rurales, y la implementación del Código de Aguas, incluyendo los planes estratégicos de gestión hídrica, para los cuales contar o no con proyectos de desalinización de agua de mar es un aspecto relevante. Además, a este Ministerio le ha tocado en varias ocasiones poner urgencia a la búsqueda e implementación de soluciones para enfrentar la falta de disponibilidad de agua, provocada por factores climáticos e ineficiencias en la gestión hídrica a nivel público y privado.
La desalinización podría ir más rápido, pero desde hace varias décadas, se advierte un desempeño lento del Ministerio de Defensa en la entrega de concesiones marítimas, acuícolas, lafkenches y de recursos bentónicos, entre otras. Se trata de una tarea de tipo administrativo y técnico relativa a cartografía, análisis de superposiciones con concesiones otorgadas, y evaluación de proyectos. Es así como diversos sectores tales como el industrial, minero, portuario, acuícola, pesquero, y turístico, entre otras, que requieren de ese tipo de concesiones para desarrollarse, han señalado que la lentitud y la burocracia de dicho Ministerio es insostenible. Dicha postura ha sido refrendada por diversos expertos y estudios sobre la materia (Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, 2019, 2023; la recomendación 9 del estudio de 2023 se refiere específicamente a la necesidad de “agilizar y descomprimir las concesiones marítimas”).
Así las cosas, mediante la indicación sustitutiva recién ingresada, el gobierno opta por dejar todo como está en materia de institucionalidad, es decir, dejar la facultad de otorgar concesiones de desalación en el Ministerio de Defensa, pero complejizando aún más la tramitación ya que, por ejemplo, se agrega la emisión de un informe técnico vinculante de la DGA. Dicho organismo cuenta con un plazo de 60 días hábiles prorrogable por una sola vez, durante el cual debe consultar a otros organismos dependientes del MOP, y puede suspender el proceso para subsanar observaciones del solicitante. Esto puede traducirse en años, porque lamentablemente tenemos demasiados ejemplos de plazos legales que los organismos públicos no cumplen, incluida la DGA.
Se trata pues de una típica solución a la chilena donde no se “corta el queque” y se soslaya el conflicto, olvidando que uno de los objetivos era legislar para reducir la, cada vez más larga y compleja, tramitación de los proyectos de desalinización. Ello resulta asombroso si se tiene a la vista no sólo la compleja situación hídrica, en particular en zonas costeras de las regiones de Atacama y Coquimbo, sino también el ralentizado crecimiento económico del país que requiere con urgencia de nuevas inversiones de todo tipo.
En síntesis, esta nueva indicación sustitutiva lamentablemente no sólo no resuelve el problema, sino que complejiza y alarga aún más el otorgamiento de las concesiones de desalación, ignorando las recomendaciones de los expertos. Asimismo, es contradictoria con la iniciativa de este gobierno por abordar la problemática del lento otorgamiento de autorizaciones y permisos ambientales y no ambientales (ver proyectos de ley en boletines N. 16.552-12 y N. 16.566-03). Tal vez en algunos años más, esta ley de desalinización -en caso de terminar su tramitación-, sea irónicamente objeto de un proyecto de ley para su agilización.
La sobrerregulación a la que se someten los distintos sectores económicos y productivos del país, en aras de una supuesta mayor protección ambiental, laboral o social, que en numerosas ocasiones no se logra porque los cuerpos legales tienden a ser más teóricos que prácticos, no hacen sino aumentar nuestra ineficiencia y reducir nuestra ya débil competitividad. Es de esperar que los legisladores aborden este aspecto con decisión ya que de lo contrario es muy probable que el desarrollo de las plantas de desalinización demore más años, no menos.
Chile tiene condiciones excepcionales para la desalinización respecto del impacto ambiental del proceso.
La corriente de Humboldt tiene una velocidad de poco mas de 1 km/hr, su ancho es de unos 900 kms y su profundidad de mas de 300 metros. Esto significa un caudal de 75.000 m3/seg, equivalentes a 250 ríos con el caudal medio del Bío-Bío.
Gracias a esta condición el impacto de devolver al mar la salmuera resultante del proceso de desalinización desaparece ya que esa mayor concentración es rápidamente diluida.