Muchos me han preguntado cuáles son las causas de las recientes revueltas en diversos países de Europa, qué consecuencias tendrán para el futuro económico de la Unión Europea (UE) y, sobre todo, qué lecciones puede extraer Chile de este escenario. La respuesta, aunque compleja, apunta hacia una evidencia insoslayable: años de políticas orientadas a garantizar un estado de bienestar, pero sin reparar en un anémico crecimiento económico y un progresivo endeudamiento fiscal que mantiene en alerta máxima a los mercados financieros y ha generado decepción en la población.
El descontento no se limita a Francia. Escenarios similares se han replicado con barricadas en Milán, Turín y Bolonia, huelga general anunciada en España, y fuertes movilizaciones en Portugal, Bélgica, Albania y Países Bajos. El denominador común es la frustración ciudadana: la percepción de que, sin importar cuánto se trabaje, la calidad de vida retrocede.
Durante décadas, los europeos parecían poseer el sistema económico más equilibrado del mundo, fundado sobre un “estado de bienestar” que prometía ser una herramienta para intervenir el libre mercado y corregir sus asimetrías para asegurar que la cohesión social y la igualdad de oportunidades sean una realidad y no una simple promesa, modelo que un sector político ha considerado históricamente superior al estadounidense al que miraban con desdén. Al parecer, los resultados y hechos recientes están resquebrajando tal paradigma.
¿Sigue siendo viable este pacto social? El economista español Juan Manuel Rallo ilustra bien la raíz del problema: hasta el año 2008 el ritmo de crecimiento económico entre la UE y Estados Unidos era comparable. No obstante, entre 2008 y 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense se expandió un 37%, mientras que el de la UE lo hizo apenas un 18%. Esta pérdida de dinamismo europeo se ha traducido directamente en un estancamiento del poder adquisitivo. La remuneración de los trabajadores, en términos reales, apenas ha crecido un 5 al 7% real en 17 años y desde 2021 la variación ha sido nula.
A este desastre salarial se suma el devastador efecto de una inflación resistente -impulsada por los costos energéticos- y una severa crisis de asequibilidad en el mercado inmobiliario. Entre 2015 y la actualidad, el precio de la vivienda ha experimentado un alza nominal cercana al 61%, el doble del crecimiento de los salarios en el mismo periodo (34% nominal) y en algunos países como España el impacto ha sido aún mayor.
Una de las razones de la asfixia económica radica en el tamaño y la productividad del aparato estatal. Mal se podría culpar a la desigualdad si el gasto público en la Eurozona asciende actualmente al 49,5% de su PIB. De este colosal volumen de recursos, una mayor proporción -cerca del 48%- se destina al pago de pensiones y un 30% a la salud, ambos especialmente en sistemas estatales redistributivos e inevitablemente creciente debido al acelerado envejecimiento demográfico. Tampoco se puede culpar a la concentración de la riqueza si a lo anterior se suma una expansión monetaria y gasto social de discutible efectividad. Además, existe un exceso de trabas regulatorias, políticas ambientales inflexibles y una transición energética precipitada y cara; restricciones al uso del suelo para proyectos habitacionales y políticas agrarias asfixiantes, agravado por fugas de talento y capitales a países que ofrecen más oportunidades.
El caso de Francia ilustra lo anterior. En su afán por sostener una vasta red de beneficios sociales, el Estado destina al gasto público un insostenible 57,1% de su PIB. Para ponerlo en perspectiva, Francia consume hoy una proporción de su riqueza mayor que la que invertía la Unión Soviética (50%) dos años antes de su colapso económico en la década de los ochenta. En contraste, grandes potencias como Estados Unidos y China destinan hoy aproximadamente un 38% y un 32% de su PIB, respectivamente.
El propio expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha encendido las alarmas en su reciente informe sobre competitividad. Draghi advirtió explícitamente que Europa se enfrenta a un «desafío existencial». Para sostener el «contrato social» la UE necesita elevar drásticamente su productividad, transformar de raíz su estrategia económica y movilizar inversiones por 800.000 millones de euros anuales y así, cerrar su brecha de innovación tecnológica frente a Estados Unidos y China. Si ello no ocurre, la única vía será emitir más deuda, consolidando un círculo vicioso de altas tasas de interés y una factura financiera asfixiante. Ante este panorama, la Comisión Europea, consciente de su nulo margen de maniobra, ha recomendado controlar la inflación y contener el déficit, una ortodoxia fiscal que inevitablemente ha contribuido a avivar la llama en las calles.
En este contexto, la gestión de la inmigración se ha incorporado al debate por el gasto social y el quebrantamiento -con consecuencias difíciles de prever- de la cohesión social deseada. También han cobrado fuerza las peticiones de reforzar la seguridad ciudadana y revisar las condiciones de libre circulación dentro del espacio europeo. Las protestas en centros educativos por falta de recursos plantean, además, un debate sobre cómo se ejerce la autoridad en colegios, liceos y universidades, y cómo se promueven el mérito, la disciplina y la responsabilidad. Visto lo anterior, es evidente que el contrato socialdemócrata no se está cumpliendo: el Estado es incapaz de mantener la deseada cohesión social, de crecer, distribuir y ofrecer buenos servicios públicos.
El declive europeo plantea una advertencia política para nuestro país: las promesas de beneficios sociales a largo plazo sin financiación sostenible, la laxitud fiscal y el debilitamiento de la autoridad institucional pueden erosionar los cimientos de la democracia. Chile debe observar detenidamente esta crisis y superar ideales paternalistas que confunden la equidad e inclusión social con la ausencia de exigencias y disciplina fiscal. Aún estamos a tiempo de evitar esta deriva. Para ello, es imperativo recuperar la responsabilidad fiscal, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, y la capacidad de gobernar. El mayor error histórico sería contemplar el deterioro de Europa como un fenómeno ajeno, ignorando que las semillas del estancamiento económico y social están germinando desde hace un par décadas en nuestro propio país.
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No podría estar más de acuerdo.