En tiempos de polarización, desconfianza y profundas transformaciones culturales, las universidades enfrentan una pregunta que antecede a todas las demás: ¿Para qué existe una universidad? Un reciente informe elaborado por destacados académicos de universidades norteamericanas vuelve sobre esta cuestión a partir de la situación de las humanidades y las ciencias sociales. Su conclusión merece ser discutida también en Chile: una universidad pierde una parte esencial de su razón de ser cuando renuncia a la búsqueda rigurosa y desinteresada del conocimiento.
El punto de partida del informe es inequívoco. Las humanidades y las ciencias sociales son indispensables. Nos permiten comprender la cultura y la sociedad, situarnos históricamente, aproximarnos a las grandes creaciones del espíritu humano e identificar problemas que afectan nuestra convivencia. Más aún, contribuyen a formar personas capaces de participar inteligentemente en la sociedad.
Las humanidades y las ciencias sociales nos enfrentan a preguntas que ninguna tecnología puede responder por nosotros: qué vida merece ser vivida, qué entendemos por justicia, qué sociedad queremos construir. Forman pensamiento crítico, comprensión cultural, empatía, razonamiento ético, responsabilidad cívica y capacidad de discernimiento.
Porque estas disciplinas son fundamentales, debemos preocuparnos por preservar las condiciones que hacen posible su desarrollo. El informe advierte sobre el riesgo de sustituir los criterios académicos por criterios ideológicos. No cuestiona que los investigadores tengan convicciones políticas, participen en el debate público o estudien asuntos socialmente controvertidos. Tampoco considera problemático que la investigación haya incorporado temas, grupos y experiencias históricamente postergados.
El problema aparece en otro lugar: cuando conocemos anticipadamente la respuesta que estamos dispuestos a aceptar; cuando una conclusión resulta admisible o inadmisible dependiendo de su conveniencia política; cuando el disenso académico se transforma en motivo de exclusión; o cuando evidencia y argumentación pasan a considerarse categorías subordinadas a una determinada causa.
Esto exige reivindicar la libertad académica y el pluralismo intelectual. Una comunidad universitaria necesita diversidad de perspectivas, pero no para establecer cuotas ideológicas ni reemplazar una ortodoxia por otra. La calidad de una investigación no depende de la orientación política que pueda haberla inspirado, sino de su rigor intelectual.
Esta prevención adquiere especial importancia cuando las universidades reciben presiones externas. Gobiernos, legisladores, grupos económicos, fundaciones o movimientos sociales pueden legítimamente expresar sus opiniones; pero ninguno debiera determinar cuáles resultados científicos son aceptables.
También debemos evitar una reacción equivocada desde la propia gestión universitaria. La defensa del rigor académico no significa entregar a las autoridades administrativas la facultad de determinar qué constituye una verdad científica. Las disciplinas descansan sobre comunidades de especialistas y la evaluación académica exige respetar esa experiencia.
Hay aquí una reflexión particularmente pertinente para Chile. Cuando discutimos el futuro de nuestras universidades solemos concentrarnos en financiamiento, acreditación, empleabilidad e innovación. Todos son asuntos indispensables. Pero existe un patrimonio universitario anterior a ellos: la confianza de la sociedad en que nuestras instituciones constituyen lugares donde todavía es posible buscar honestamente la verdad.
Esa confianza es frágil. Se deteriora cuando la universidad habla solo a quienes ya piensan de una determinada manera; cuando confundimos educación con adoctrinamiento; cuando una causa, por noble que sea, determina anticipadamente aquello que una investigación debe concluir. Pero también se destruye cuando poderes externos pretenden decirles a los académicos qué deben investigar, enseñar o pensar.
Por eso, probablemente la afirmación más profunda del informe se encuentra al final. Una de las razones de ser de la universidad es practicar una “investigación desinteresada”, orientada al conocimiento y a la comprensión. Desinteresada no significa indiferente a los problemas de la humanidad. Una universidad comprometida con la justicia, la democracia, la dignidad humana y el desarrollo sirve mejor a esos ideales cuando preserva radicalmente su compromiso con la verdad.
Las universidades no estamos llamadas a decirle a la sociedad qué debe pensar. Nuestra responsabilidad es más profunda: enseñar a pensar, ampliar las preguntas y crear las condiciones para buscar juntos la verdad. Defender esa misión significa defender las humanidades, las ciencias sociales y, finalmente, el alma misma de la universidad.