La trampa de creer que más ley es mejor país

En Chile, regular más se ha convertido casi en sinónimo de gobernar mejor. Delitos económicos, datos personales, ciberseguridad: frente a cada problema, la respuesta es una nueva capa normativa, cada vez más exigente y punitiva.

Cada ley, vista por separado, es difícil de cuestionar. El problema surge cuando se acumulan sin coordinación ni gradualidad. Hoy una misma empresa puede enfrentar simultáneamente exigencias penales, administrativas y técnicas, bajo autoridades distintas y criterios que no siempre dialogan entre sí. El resultado: más incertidumbre, más costos y menos claridad sobre qué significa realmente cumplir.

Eso tensiona la seguridad jurídica. Cuando un mismo hecho puede gatillar responsabilidades múltiples, la previsibilidad se diluye, y el derecho pierde su función más básica: orientar conductas.

El efecto más profundo, sin embargo, es económico. Chile compite por inversión en un entorno donde se comparan jurisdicciones, y ahí la calidad regulatoria pesa tanto como su existencia. Un sistema fragmentado y altamente sancionatorio eleva el riesgo percibido, encarece hacer empresa y termina siendo un desincentivo directo para el capital extranjero. Puertas adentro, las grandes compañías logran absorber esa carga; para las medianas y pequeñas, el cumplimiento se vuelve inmanejable, y muchas terminan adoptando una fachada de cumplimiento —políticas y manuales que “cubren” exigencias— desconectada de la gestión real de riesgos.

Hay, además, un componente político que rara vez se reconoce: buena parte de estas normas se diseña bajo presión, para dar señales o reaccionar frente a casos mediáticos. Ahí la sanción ocupa el centro no porque sea la herramienta más efectiva, sino la más visible. Y una regulación construida así tiende a sobrerreaccionar: eleva estándares, endurece multas, amplía responsabilidades, sin que eso se traduzca necesariamente en mejor cumplimiento.

Regular no es solo prohibir y castigar; es diseñar incentivos para cambiar conductas. Eso exige coordinación entre normas, proporcionalidad según el tamaño de cada actor, y sentido de realidad sobre cómo operan las organizaciones. Nada de esto es un llamado a desregular: la regulación en estas materias es indispensable. Pero acumular normas sin diseño no es lo mismo que regular bien.

América Latina, en conjunto, enfrenta este mismo dilema. Seguir sumando normas y sanciones puede rendir políticamente en el corto plazo, pero a mediano plazo se traduce en menos inversión y menos dinamismo. La buena regulación no se mide por su dureza, sino por su eficacia: por cuán probable es que las reglas se entiendan, se puedan cumplir y efectivamente se cumplan. Creer que más regulación equivale a mejores resultados es una ilusión que la región difícilmente puede seguir sosteniendo, sin perder con ello su competitividad.