Hace una semana analizamos cómo el Estado chileno contribuye al desarrollo del ecosistema emprendedor nacional. Sería injusto afirmar que el Estado no ha aportado a este desarrollo; lo ha hecho consistentemente, en especial desde la creación de CORFO en los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, una realidad innegable persiste: los recursos no llegan directamente a quienes emprenden. ¿Quién se queda, entonces, con estos fondos?
Entre los servicios públicos que destinan recursos al emprendimiento, destacan cuatro instituciones fundamentales: FOSIS, SERCOTEC, INDAP y CORFO. En conjunto, estos organismos administran un presupuesto anual cercano a los 2.000 millones de dólares para el año 2025, una cifra nada despreciable.
Sin embargo, el análisis detallado revela una situación preocupante: 128.000 millones de pesos se destinan exclusivamente a gastos de personal, mientras otros 23.000 millones cubren costos operacionales (oficinas, servicios básicos, vehículos, equipamiento tecnológico, viáticos, entre otros) para el ejercicio 2025.
La estadística más reveladora -y que evidencia la urgente necesidad de reestructurar el ecosistema emprendedor estatal- es la escasa proporción de recursos que efectivamente llega a manos de los emprendedores:
En el caso de FOSIS, de su presupuesto total de 98.000 millones, apenas un 10% (aproximadamente 10.000 millones) beneficia directamente a emprendedores. El resto se diluye entre salarios institucionales, gastos operativos e intermediarios de programas. La situación en SERCOTEC es aún más crítica, con solo un 6,3% de transferencia directa a emprendedores, lo que representa 4.000 millones de pesos de un presupuesto de 68.000 millones. Para INDAP, en el ámbito del desarrollo agropecuario, el 34% de los recursos alcanza a los beneficiarios, mientras CORFO destina 383.000 millones a beneficiarios directos, equivalente al 27% de su presupuesto total.
Resulta evidente la necesidad de fusionar estos servicios públicos en una única entidad coordinadora -idealmente CORFO- para generar economías de escala tanto financieras como de recursos humanos. Esta consolidación permitiría que un mayor porcentaje de recursos llegue efectivamente a quienes necesitan apoyo y son, después de todo, los legítimos destinatarios de estos fondos públicos.
La actual dispersión de servicios dedicados al mismo objetivo ha perjudicado notablemente al sector emprendedor: escasez de recursos disponibles, procesos burocráticos que no se alinean con la velocidad que requieren los emprendimientos, y consecuentemente, pérdida de valiosas oportunidades de negocio que impiden el crecimiento del país.
Chile necesita reactivar su crecimiento económico, y esto solo será posible con el impulso de emprendedores y empresarios, no mediante más burocracia o intereses anexos que desvían recursos. El mensaje debe ser claro y contundente: «La plata para los emprendedores». Ellos serán quienes vuelvan a levantar Chile.
Muy interesante. Sin embargo, de acuerdo a las cifras dadas al comienzo del artículo, de un presupuesto de 2.000 millones de dólares, 150 millones se irían entre gastos de personal y operativos, menos del 10%, no está mal. Pero, dado los muy bajos porcentajes indicados que llegan a los usuarios finales y objeto principal del presupuesto, se deduce que el problema está en los «intermediarios», se desconoce su rol y utilidad. Pareciera una vez más, que el baucher directo es mucho más sano, justo y eficiente.