La irresponsabilidad política buena y la mala

Cuando la opinión pública tuvo conocimiento de las rebajas de penas, el primer comentario, fuera de la apreciación legal-técnica de la decisión, apuntó a la falta de “criterio político”. La forma en la que se ha ido desarrollando la controversia ha acentuado el aspecto “político”. Y por lo mismo, algunos creen que deben hacer valer la “responsabilidad política” del Ministro.

Si se trata de evaluar el tiempo, modo y forma de una decisión gubernamental, por supuesto que se pueden hacer muchos juicios políticos. Es necesario que se pueda deliberar, discutir y objetar el buen o mal proceder de quienes ejercen la potestad pública. Pero también existen personas que hacen política profesional que no pierden la oportunidad de sacar su cuota de utilidad. Y para ello a veces no basta con apelar al mérito de lo decidido, hay que exprimir la polémica lo más posible, con todas las herramientas existentes para dañar al adversario y salir bien parado ante los electores.

Y si de usar todas las herramientas se trata, hay una que siempre provoca un gran atractivo: la acusación constitucional. Un mecanismo que establece la Carta Fundamental para sancionar las infracciones en su contra, con causales determinadas, que es decidida por el Senado actuando como tribunal. Una cuestión muy seria al servicio de la necesidad de figurar, de aparecer, de ganar un like.

Hemos leído incluso algunos reconocimientos expresos de parte de actores del mundo político de que en el caso del Ministro de Justicia no existe infracción, pero que es inevitable aceptar la acusación, de que no hay otra vía de salida. No sólo se trata de presentar una acusación, lo que no es un error en sí. Es peor. Si el Presidente no saca al ministro, siendo el único que puede designarlo o removerlo, habrá que sacarlo imputándole un incumplimiento constitucional hasta ahora difícil de identificar. Eso puede ser muy cómodo para lanzarlo en los medios y para ganar aceptación de quienes no quieren al Gobierno, pero compromete gravemente la institucionalidad, convirtiendo la política en demagogia.

Resulta lamentable que los mecanismos que ha dispuesto la ley fundamental de la República para su propia defensa estén siendo utilizados para que unos políticos hagan gala de su irresponsabilidad política. No hay otra forma de describirlo. Porque mucho se habla de la importancia de “saber de política” cuando se trata de la actuación del ministro Rabat, pero poco se habla de lo peligroso que es escudarse en la “necesidad política” para instrumentalizar la Constitución. Existiría una irresponsabilidad política mala, la del Gobierno al no deshacerse de Rabat, y una buena, la de vulnerar el ordenamiento político-jurídico con tal de asegurarse un bono electoral.

Los que creemos que no hay nada más antipolítico que el ejercicio del poder fuera del Derecho, sólo podemos repetir que no hay mayor irresponsabilidad política que jugar con la institucionalidad, torcer sus herramientas y tratar de sacar un provecho mezquino de ellas, más aún cuando se hace a sabiendas y ni siquiera se hace un esfuerzo para cubrirlo o legitimarlo. Esa es la llamada “vía de los hechos” que no podemos aceptar si realmente creemos en la política.