Aunque perdió las elecciones generales de 2016, el líder del Partido Socialista español Pedro Sánchez se convirtió en primer ministro en 2018, merced a una coalición conformada por el Partido Socialista con todo tipo de partidos políticos. No tuvo reparos a la hora de aliarse con Podemos, una formación comunista y antisistema cuyos dirigentes han recibido financiación de los regímenes dictatoriales de Venezuela e Irán. Tampoco tuvo problema a la hora de unir sus fuerzas a las de distintos partidos separatistas que persiguen el fin de España como nación. Y quizá lo más nauseabundo de todo fue su pacto con EH Bildu, un partido de extrema izquierda que guarda distintos lazos con la banda terrorista ETA, responsable de más de 1.000 asesinatos.
En sus cuatro primeros años de gobierno, Pedro Sánchez ha conseguido el dudoso honor de convertir a España en el país con mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE. Al mismo tiempo, ha protagonizado numerosos comportamientos que ponen en duda su compromiso con el buen gobierno, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la democracia liberal.
Se ha arrogado poderes extraordinarios de forma inconstitucional, con la declaración de varios Estados de Alarma que fueron declarados ilegales por los tribunales y que dejaron la actividad parlamentaria bajo mínimos durante meses. Ha violado en más de 1.000 ocasiones la Ley de Transparencia, negando el acceso a información clave a periodistas y ciudadanos, así como a los partidos de la oposición. Ha publicado más de 150 decretos para burlar y minimizar el control de sus decisiones y acciones de gobierno. Ha politizado los medios de comunicación públicos, así como el Instituto Nacional de Estadística, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas o la gestión de las empresas participadas por el Estado, convirtiendo todas estas instancias en aparatos al servicio de su Ejecutivo. Ha disparado un 500% el gasto en propaganda gubernamental. Ha atacado abiertamente a las principales compañías y gente de negocios del país.
Pero, sin duda, lo más grave de todo ha ocurrido en el ámbito del poder judicial, donde Sánchez ha eliminado el delito de sedición y ha rebajado las consecuencias penales de los delitos de corrupción y malversación, ha impedido la renovación independiente de sus órganos de gobierno, ha nombrado como Fiscal General del Estado a una ex ministra de su partido y ha tomado el control del Tribunal Constitucional a través del nombramiento de asesores y políticos vinculados a su Partido Socialista.
Sánchez no ha logrado ofrecer estabilidad política a España. De hecho, se han celebrado tres elecciones generales en apenas cuatro años. En la más reciente de estas convocatorias electorales, Sánchez resultó perdedor y una abrumadora mayoría de ciudadanos se pronunciaron a favor de un gobierno liderado por el Partido Popular de Alberto Núnez Feijóo. Sin embargo, el dirigente conservador se quedó a cuatro escaños de formar una mayoría parlamentaria suficiente. De modo que Sánchez, que ha llevado al Partido Socialista a los peores resultados electorales de su historia, ha puesto en marcha una reedición de su acuerdo con los comunistas, los separatistas y los herederos políticos de los terroristas.
En el frente económico, el acuerdo contempla medidas aberrantes, como decenas de subidas de impuestos que se suman a las 54 alzas tributarias que ya se han aprobado desde que Sánchez llegó al gobierno. Por el flanco regulatorio, la cosa no es mucho mejor, puesto que incluso se habla de la prohibición de los vuelos aéreos domésticos apelando a la «emergencia climática». Pero lo más grave y preocupante de todo es el contenido de los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con los separatistas catalanes. Dicho pacto ha sido negociado por el primer ministro interino con un político independentista catalán prófugo de la justicia, Carlos Puigdemont, quien huyó a Bélgica después del referéndum ilegal de separación celebrado en 2017.
Así, aunque Sánchez ya ha concedido el indulto a los políticos condenados por el Tribunal Supremo a raíz de aquella consulta no autorizada que provocó graves desórdenes y llevó a España a una situación límite, el líder socialista ha accedido también a aprobar una Ley de Amnistía en la que se estipulará que los procedimientos judiciales que llevaron a la condena de los dirigentes implicados fueron inapropiados e indebidos. De hecho, la Ley de Amnistía contempla también el sometimiento de la justicia a control político, con la creación de una comisión parlamentaria que podrá detener procesos legales que los socialistas y sus socios consideren dignos de ser tildados como ‘guerra judicial’ o ‘lawfare’.
Por si no fuese suficiente, Sánchez también extenderá la amnistía a condenados por terrorismo, caso de los activistas vinculados a organizaciones como CDR o TD, que han protagonizado todo tipo de actos violentos en los últimos años. Además, Ley de Amnistía borrará los delitos de aquellos políticos separatistas que han sido condenados por actos de corrupción. Para colmo, Sánchez ha anunciado que el gobierno central asumirá 15.000 millones de la deuda autonómica catalana que había sido ‘rescatada’ por los contribuyentes de todo el país. Huelga decir que estas aberrantes cesiones permitirán que Sánchez vuelva a ser elegido, pero no van a frenar a los separatistas, que ya han anunciado que preparan un nuevo referéndum de separación.
El insaciable hambre de poder de Pedro Sánchez lo están satisfaciendo todos los ciudadanos españoles, que están viendo a diario cómo sus instituciones democráticas, sus derechos políticos y su producción económica se ponen al servicio de la ambición personal de un aprendiz de dictador al que el resto del mundo no puede seguir tratando con indiferencia. La comunidad internacional debe darle la espalda a Sánchez y apoyar a quienes están luchando por la libertad y la democracia española.
*Diego Sánchez de la Cruz es consultor, analista económico, profesor universitario y periodista.