Las elecciones generales celebradas el pasado 27 de octubre en Israel dejaron un resultado que merece una mirada más allá de las habituales lecturas sobre bloques políticos, ganadores y perdedores.
Si bien es cierto por esos días el foco está puesto en la fórmula que está explorando Gadi Eisenkot para formar Gobierno, sin duda también resulta relevante ahondar en la participación electoral de los ciudadanos árabes en este proceso electoral. En efecto, cerca de 840 mil ciudadanos árabes-israelíes, es decir cerca de un 80% del universo, votaron por las dos principales fuerzas políticas árabes. Así, obtuvieron 19 de los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento israelí, en lo que constituye mayor representación árabe alcanzada en la historia parlamentaria del país.
En una región del mundo donde la democracia, la representación de las minorías y el pluralismo político siguen siendo desafíos pendientes, lo ocurrido en Israel constituye un hecho relevante. No porque nuestro sistema sea perfecto ni porque esté exento de tensiones y diferencias, sino porque demuestra que ciudadanos de distintas identidades, religiones y orígenes pueden ejercer sus derechos políticos, organizarse, competir electoralmente y aspirar a incidir en las decisiones del Estado.
Los ciudadanos árabes representan aproximadamente el 21% de la población de Israel, son musulmanes, cristianos, drusos y beduinos, y forman parte de una sociedad diversa con los mismos derechos políticos fundamentales que cualquier otro ciudadano israelí: pueden votar, fundar partidos, postular al Parlamento, ocupar cargos públicos y participar en todos los ámbitos de la vida nacional. De hecho, los ciudadanos árabes israelíes, además de parlamentarios, son médicos, jueces, investigadores, profesores universitarios, empresarios, ingenieros, futbolistas y profesionales que contribuyen cotidianamente al desarrollo del país.
La historia política también ofrece antecedentes concretos que vale la pena recordar. Desde los primeros años del Estado, en 1949, diversas listas árabes participaron en las coaliciones de izquierda encabezadas por Mapai y, posteriormente, por el Partido Laborista. Ya en la primera Knéset hubo tres parlamentarios árabes electos, uno de ellos, Seif el-Din el-Zoubi, fue incluso uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Israel.
Este fenómeno siguió en forma constante y más recientemente, en 2021, el partido Ra’am, encabezado por Mansour Abbas, dio un paso histórico al incorporarse formalmente a la coalición de gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid, permaneciendo en ella hasta 2022. Fue la primera vez que un partido árabe independiente formó parte de una coalición gubernamental israelí.
Pero la participación árabe en los poderes del Estado no se agota en el Parlamento. En esta línea, cabe destacar hitos como el primer juez árabe de la Corte Suprema, nombrado en 1999, y el primer ministro árabe en el gabinete, en 2001.
Las elecciones de octubre también demostraron que la cooperación política entre ciudadanos judíos y árabes no es una aspiración abstracta. De hecho, en esta ocasión, Ra’am incorporó en el segundo lugar de su lista al político judío Yoav Segalovitz, exviceministro de Seguridad Pública. A esto se suma la mixtura árabe-judía en listas como Demócratas y Hadash.
Obviamente, obtener representación parlamentaria no garantiza automáticamente integrar un gobierno. Eso ocurre en cualquier democracia parlamentaria, ya que las coaliciones se construyen mediante negociaciones, acuerdos programáticos y mayorías.
Por eso, resulta desconcertante que algunos analistas utilicen la complejidad de la negociación política para argumentar un supuesto menoscabo participativo de la población árabe, levantando el slogan de “soft apartheid” para atacar el proceso democrático en Israel.
Pero la realidad es que los representantes árabes, elegidos tanto en partidos árabes independientes como por formaciones sionistas, tendrán voz, voto, capacidad de fiscalización, iniciativa legislativa y la posibilidad de influir en la conformación de las mayorías parlamentarias.
Es cierto que no hay que idealizar la realidad y que Israel enfrenta desafíos importantes respecto de los núcleos de población árabe, en materia de igualdad de oportunidades, desarrollo urbano, seguridad y combate a la delincuencia. Son problemas que requieren políticas públicas, recursos y compromiso institucional, y precisamente por eso es tan relevante que los ciudadanos árabes participen activamente en la discusión y en la toma de decisiones.
De hecho, según un estudio realizado por el Moshé Dayan Center y la Fundación Konrad Adenauer hace un año, el 64,6% de la población árabe de Israel cree en una asociación política entre árabes y judíos, y el 77,4% apoya la inclusión de un partido árabe en la coalición de gobierno tras las elecciones.
En un Medio Oriente marcado por profundas restricciones a las libertades políticas, hay un hecho que merece ser reconocido sin prejuicios: Israel es el país de la región donde los ciudadanos árabes pueden votar con mayor libertad, elegir a sus propios representantes, organizar partidos y disputar democráticamente el poder. Y la participación récord de octubre recién pasado es una demostración elocuente de esa realidad y, de paso, una llamada de atención ante las carencias democráticas de la propia Autoridad Palestina.
Interesante, muchas gracias