Varios adjetivos están siendo utilizados en torno a la propuesta de creación de consejos de cuenca que impulsa el gobierno.
Polémica, por lo que ha causado la proposición de un modelo de gobernanza participativa de gestión hídrica conformado por representantes del Estado desde el nivel central al comunal, sector privado, sociedad civil y pueblos originarios.
Sorprendente si se considera que, por el momento, se trata de un anuncio sin mayores detalles, sin un proyecto de ley que lo respalde y, aparentemente, varias similitudes con los planteamientos del proyecto constitucional rechazado el 2022.
Controvertida, porque además de ser en principio inconstitucional, pareciera que una vez más, al actual gobierno poco pareciera importarle la opinión de las personas, manifestada en las urnas y en las encuestas. En temas de gobernanza hídrica, la propuesta constitucional que se rechazó el 4 de septiembre del año pasado, se parece bastante a lo que se busca imponer a través de 16 pilotos a lo largo del país. ¿No sería más prudente y razonable hacer pocos pilotos en cuencas específicas?
Provocadora, al desconocer la institucionalidad vigente, ya que en el nuevo Código de Aguas se fortalecen las organizaciones de usuarios de aguas y el órgano rector de la gobernanza hídrica en Chile es la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Además, desconoce lo planteado por la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, que en abril pasado señaló, en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta, la conveniencia de reactivar en el Senado el proyecto de Ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos del MOP. Y también por usar términos y conceptos que se incluyeron en el proyecto constitucional rechazado en septiembre del año pasado que planteaban que el Estado sería quien determinaría por ley el uso de los recursos hídricos.
Belicosa, al dejar casi fuera de juego a las juntas de vigilancia de los ríos y a las organizaciones de usuarios de agua de la administración de estos recursos y al levantar nuevamente el riesgo de una expropiación soterrada de los derechos de aprovechamiento de agua de la agricultura, energía, minería y otros sectores que contribuyen al crecimiento del país, la generación de empleos y mejorar el nivel de vida de los habitantes de Chile.
Curiosa, además, la sintonía con el documento “Cuencas Regenerativas de la Crisis la Seguridad Hídrica. Hoja de Ruta Maipo y Maule” de Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile, que es la base de la iniciativa Maipo Resiliente a través de la cual la Gobernación de Santiago busca proteger y restaurar la cuenca del Maipo, que concentra el 40% de la población del país y en el ranking de los 18 ríos con mayor estrés hídrico del mundo elaborado por WRI (2014) ocupa el noveno lugar y el único en Sudamérica.
Interesante este documento que propone 18 metas y 61 soluciones para alcanzar la Seguridad Hídrica del Maipo al año 2050, entre las cuales destacan las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) como una “alternativa costo-eficiente altamente recomendable”.
Valiosas, aunque con un sesgo medioambiental, son las metas de conservación del ciclo hídrico, que incluyen, por ejemplo, “100% ha para reparar ecosistemas fundamentales, el restablecimiento del ciclo hídrico y adaptación al Cambio Climático” (Meta 3), por medio de la recuperación de riberas de ríos para mejorar servicios ecosistémicos y la reparación y/o restauración de humedales naturales, estuarios y vegas, e “Implementar cambios de proceso de producción agrícola en un 1,03% de las ha agrícolas, disponibilizando 0,04 m3 /s de agua para abordar la Brecha Hídrica local y en la cuenca” (Meta 10) con soluciones como labranza de conservación mínima o cero, permacultura para la producción agrícola y agroforestería.
Llamativo, eso sí, que gran parte de las metas señalan que requieren -sin especificar de qué modo- del apoyo de los agricultores y los privados dueños de los territorios fundamentales a reparar.
Consenso existe en que la gobernanza hídrica a nivel de cuenca puede y debe perfeccionarse. El punto es conocer exactamente cómo se quiere mejorar y no desconocer el aporte y protagonismo que deben tener las asociaciones de usuarios de aguas.
*Carlos Rubilar Camurri – Ex asesor Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas