¿Tiene sentido evaluar la biotecnología como se hace con temas de salud pública? Esa parece ser la lógica detrás de la propuesta de Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 2025-2030 realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, y actualmente en consulta pública. Se plantea que “al 2030 se cuente con un diagnóstico de los riesgos y beneficios de la aplicación de técnicas de biotecnología moderna que puedan impactar a la biodiversidad del país”. Aunque suena razonable, esta idea es errónea desde el punto de vista científico y regulatorio.
La biotecnología moderna no es una única tecnología, sino un conjunto diverso de herramientas y aplicaciones que, entre variados tipos de productos, se incluyen plantas tolerantes a la sequía, vegetales con mejor contenido nutricional, hasta microorganismos del suelo editados genéticamente para mejorar el ecosistema, entre muchos otros. Cada uno de estos desarrollos tiene un perfil de riesgo y beneficio distinto, dependiendo no solo de su naturaleza, sino del entorno en el que se aplica y del uso que se le da. Por eso, los marcos internacionales más sólidos establecen que la evaluación de riesgos debe hacerse caso a caso, producto por producto.
Intentar encasillar a toda la biotecnología bajo un diagnóstico único es, además de técnicamente inviable, un riesgo para el desarrollo futuro de la innovación agrícola en el país. Es como si quisiéramos hacer un diagnóstico global del impacto de “la medicina” en la salud humana sin diferenciar vacunas, antibióticos o cirugías.
Chile no parte desde cero. Hace más de 30 años que el país autoriza, bajo un sistema riguroso de evaluación, la producción de semillas genéticamente modificadas destinadas a exportación. Gracias a esta experiencia, Chile se ha consolidado como un socio estratégico para el desarrollo global de cultivos biotecnológicos, albergando importantes actividades de investigación, desarrollo y validación en campo para empresas y centros de todo el mundo. Asimismo, desde 2017, nuestro país ha implementado un procedimiento de evaluación para productos vegetales desarrollados mediante edición genética, el cual ha permitido clasificar a más de 50 productos como no OGM, favoreciendo su desarrollo con base en criterios científicos y de baja probabilidad de riesgo.
Sin embargo, el marco regulatorio que ha sustentado estos avances no ha sido actualizado desde 2001, y aún carece de instrumentos jurídicos formales como decretos o leyes específicas. En este contexto, lo urgente y prioritario no es establecer diagnósticos genéricos, sino fortalecer y consolidar un sistema regulatorio moderno, transparente y coherente con los avances tecnológicos y los compromisos internacionales del país.
La biotecnología puede ser una aliada de la biodiversidad si se aplica con responsabilidad, basada en evidencia y con una regulación sólida. Pero para eso debemos evitar los atajos retóricos y normativos que, aunque bien intencionados, pueden desinformar más de lo que iluminan.