En las últimas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido favorablemente algunos recursos en contra de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que constituye un precedente delicado para cualquier institución pública.
El 30 de diciembre, la Corte ordenó eliminar los derechos de aprovechamiento de una hidroeléctrica del listado de derechos afectos al pago de patente por no uso correspondiente al año 2023, ya que la empresa cuenta con obras correspondientes, que fueron aprobadas en el año 2015, y en la sentencia se indica que hubo una demora en resolver una solicitud de traslado de punto de captación, que aún se encuentra pendiente.
El 8 de enero, acogió un reclamo de ilegalidad en contra de una resolución de la DGA de marzo de 2024, que un recurso de reconsideración en contra de la orden de restituir cauce del río Biobío y el perfilamiento del talud en el deslinde del predio del reclamante, quien argumentó que la medida estaba fuera de plazo. La sentencia señaló que hubo una demora injustificada de más de ocho años.
Un elemento común que se encuentra en ambas sentencias es la demora excesiva de la DGA para resolver una resolución administrativa.
El Centro de Sistemas Públicos (CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile con la Subsecretaría de Hacienda dieron conocer los principales resultados del «Estudio de Modernización del Estado desde el año 1990 a la actualidad», que identificó la reducción de tiempos en tramitaciones administrativas como una de las principales brechas pendientes, y entregó una serie de recomendaciones, que fueron estructuradas en tres áreas: Visión Estratégica al 2050, Corto Plazo (2 años) y Mediano y Largo Plazo (más de 2 años).
En las medidas de Corto Plazo, se incluye la propuesta de reingeniería de procesos para reducir la burocracia en permisos y trámites.
Lo más evidente es que la digitalización y el uso de tecnologías dan la posibilidad de mejorar la eficiencia hídrica en sectores como la captación, distribución, tratamiento y reutilización. Por ejemplo, emplear equipos de telemetría avanzados para trabajar con la variabilidad climática y desarrollar un sistema de alerta respecto de los niveles de escorrentía de los ríos; facilitar la articulación mediante el registro digital de la información que levantan los privados producto de obligaciones surgidas de RCA o de inversiones realizadas con apoyo estatal, y aumentar la transparencia de los procesos al poder visualizarse en qué etapa se encuentran.
La modernización pasa casi obligatoriamente por el uso de tecnologías digitales, mejor manejo de la data y algoritmos de inteligencia artificial, entre otros que permitan el análisis de la información, pudiendo diseñar filtros capaces de revisar que se cumplan las formas, los requerimientos mínimos y considerar los plazos. Lo que se necesita para que funcione es que se defina previamente un modelo de inteligencia operacional, que ponga foco en el cumplimiento de la institución de cara a los ciudadanos y usuarios del agua.
En este contexto, la inteligencia operacional es la capacidad de un sistema para procesar información de manera rápida y efectiva, aplicarla a situaciones concretas, analizar la información con sentido crítico y resolver los problemas en forma eficaz, incluyendo cumplir los plazos, lógicamente.
Usar esta lógica y aplicaciones de IA para la resolución de expedientes aumenta la velocidad y precisión en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la identificación de patrones y de errores, y automatizar tareas repetitivas. Esto permitiría ahorrar tiempo, de manera que en cuanto se reciba una solicitud -que puede ser aceptada o no- el funcionario que debe dar curso al trámite, por ejemplo, pueda tomar una decisión en mucho menor tiempo, haciendo casi desaparecer la “procesología”, pariente cercana de la “permisología”.
Basta recordar que la Clave Única fue un hito en la digitalización del Estado. Con este número personal e intransferible se pueden realizar 1.787 trámites en 1.422 plataformas de 376 instituciones. Ya es hora de que el Estado, y en concreto la DGA, dé un nuevo salto y reduzca la burocracia en permisos y trámites, justo cuando se inicia el segundo cuarto del siglo XXI y buscar seguir el ritmo y la velocidad que llevan los cambios tecnológicos en beneficio de la ciudadanía.
