Hace solo tres semanas comentábamos la declaración de la embajada de China sobre la decisión de Sinovac de no invertir en una planta de vacunas ni avanzar con su centro de I+D cerca de Antofagasta. Ahora, el golpe viene desde el corazón del litio: las empresas chinas BYD y Tsingshan han cancelado sus ambiciosos proyectos industriales en el norte de Chile.
BYD planeaba una planta de cátodos de litio por US$ 290 millones en Antofagasta. El proyecto fracasó porque el Ministerio de Bienes Nacionales no logró asignar un terreno adecuado. Tsingshan, con una inversión prevista de US$ 233 millones en una planta de baterías en Mejillones, enfrentó obstáculos similares.
Ambos proyectos prometían miles de empleos y el posicionamiento de Chile en la cadena global del litio. Pero no fue falta de interés privado, ni solo una cuestión de mercado. Fue, esencialmente, un Estado que no cumplió.
Las empresas señalaron trabas burocráticas y la caída del precio internacional del litio como motivos. El Gobierno lamentó su decisión y apuntó que “es lamentable que las compañías no hayan logrado desarrollar los proyectos a los cuales se comprometieron”. Pero esa frase elude la pregunta de fondo: ¿por qué no lo lograron?
Lo que este episodio vuelve a dejar en evidencia es el freno estructural que significa la «permisología» chilena. El exceso de trámites y cuellos de botella administrativos sigue espantando inversiones estratégicas. El costo es enorme: menos empleo, menos tecnología, menos encadenamientos productivos y más desconfianza internacional.
Sí, el precio del litio ha caído más de un 80% desde su peak en 2022. Pero los inversionistas entienden los ciclos de los commodities. Lo que no aceptan es la incerteza institucional ni la incoherencia entre lo que se promete y lo que se puede ejecutar.
Por eso hoy suenan vacías las palabras del Presidente Boric en Beijing en octubre de 2023: “No nos vamos a limitar solamente a la extracción del mineral… vamos a crear cadenas de valor y hacer transferencia de conocimiento”. La realidad demostró que ese compromiso carecía de respaldo institucional.
No es solo una derrota económica. Es una derrota estratégica. Chile vuelve a perder una oportunidad concreta. Y envía una señal preocupante a otros inversionistas: un país que promete, pero no cumple; que habla de innovación, pero no puede entregar un terreno industrial.
La lección es clara: sin voluntad política, sin gestión pública profesional y sin agilidad administrativa, Chile no se beneficia de los minerales que posee y que son claves para la descarbonización, en cambio otros países sí construirán el futuro a partir de ellos.
Chile aún tiene tiempo. Pero ese tiempo se está acabando.
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