El rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados abrió una serie de interrogantes respecto del financiamiento del programa de Gobierno. Una de ellas es si existen fuentes alternativas de recursos o se deberá renunciar a una parte de las promesas hechas durante la campaña.
Para responder a esta pregunta, es necesario revisar las magnitudes en juego. La parte rechazada no corresponde a todo el proyecto tributario del Gobierno (que busca recaudar 3,6% del PIB anual en régimen). El nuevo royalty minero sigue su discusión en el Congreso y se espera el ingreso de un proyecto de impuestos correctivos. Ambas iniciativas sumadas recaudarían 1% del PIB.
La discusión tributaria que viene, para tener éxito, debería considerar una reevaluación del tamaño de la reforma, medidas concretas para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y no debe poner en riesgo la capacidad de crecimiento de la economía, porque esta es la principal fuente de ingresos fiscales de largo plazo.
En este contexto, dado el boom del precio del litio y el rechazo de la propuesta tributaria, ha surgido con fuerza la idea de utilizar los ingresos originados por esta actividad para financiar las iniciativas contenidas en el programa de Gobierno.
Por ejemplo, sólo una de las empresas que operan en este mercado aportó más de US $5 mil millones o 1,7% del PIB a las arcas fiscales el año pasado, mientras que el costo de elevar la PGU a $250 mil es cercano a 1,3% del PIB. El problema de esta comparación es que el mayor gasto por la PGU es permanente, mientras que no sabemos cuánto durarán los mayores ingresos por litio.
Un principio básico de responsabilidad fiscal es que los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes. En ese ámbito, la regla de balance estructural ajusta los ingresos fiscales efectivos sólo por el ciclo del PIB y el precio del cobre.
En la metodología vigente, los ingresos por litio no tienen ajuste cíclico y, por lo tanto, se consideran como estructurales. Dado lo anterior, el riesgo fiscal es que ingresos que son potencialmente transitorios, se destinen a financiar gastos permanentes. Por lo tanto, es necesario aplicar a la brevedad una regla de ajuste simple que permita identificar la parte transitoria de estos ingresos (CFA, 2023).
Para resguardar la sostenibilidad fiscal, es solo la parte permanente de los ingresos del litio la que se podría usar como fuente de financiamiento público. En este sentido, el precio es una variable sobre la cual no tenemos control.
Sin embargo, el Ejecutivo puede contribuir a elevar los ingresos estructurales derivados de la explotación del litio. Esto ocurriría si permite que se acelere el aumento de la producción nacional, ya sea de las empresas actuales o de nuevos competidores. Una mayor producción nos permitiría, en el corto plazo, aprovechar el boom de precios y, en el largo plazo, generar mayores ingresos fiscales estructurales que contribuirían a financiar de forma sostenible el fortalecimiento de las políticas sociales.
*Hermann González, Clapes UC