El arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos es el costo visible de la nueva controversia comercial con Chile. El costo potencialmente más importante, sin embargo, puede estar en las condiciones que Washington exija para reducirlo o eliminarlo.
En apariencia, la negociación trata sobre salmones, vinos, frutas, carnes y productos forestales. En realidad, puede terminar definiendo aspectos mucho más amplios de la política chilena sobre inversión extranjera, infraestructura crítica, telecomunicaciones, tecnología, minerales y relaciones económicas con el mundo.
Por eso, esta discusión no interesa solamente a los sectores exportadores. También debería preocupar a empresas mineras, energéticas, tecnológicas, portuarias y sanitarias, a fondos de infraestructura y a compañías que dependen de proveedores extranjeros o reciben inversión internacional.
La medida estadounidense fue adoptada al término de una investigación bajo la Sección 301. Washington no acusó al vino, al salmón ni a la fruta chilena de utilizar trabajo forzoso. Tampoco identificó exportaciones chilenas específicas como resultado de esa práctica.
La acusación es distinta. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Chile no dispone de una prohibición de importación que cumpla con los criterios estadounidenses para impedir el ingreso desde terceros países de bienes producidos mediante trabajo forzoso y hacer efectiva esa prohibición.
La sobretasa recae, por tanto, sobre exportaciones chilenas que no han sido vinculadas con trabajo forzoso, con el objeto de inducir un cambio en nuestra regulación de importaciones. USTR aplicó esta política a 60 economías y dejó a Chile en el grupo sujeto a una tasa de 12,5%.
La diferencia con los países gravados con 10% es importante. Esa tasa menor se aplicó a economías que ya cuentan con una prohibición, que poseen un régimen parcial considerado efectivo o que se comprometieron a adoptar y aplicar uno mediante un Reciprocal Trade Agreement (RTA).
Chile enfrenta ahora tres niveles de negociación.
El primero es el alivio inmediato: ampliar las exclusiones de productos. Para conseguirlo, Chile debe demostrar que excluir determinados bienes también beneficia a Estados Unidos (o sea, EE.UU. no entrega nada porque está en su interés).
Pero las exclusiones son una solución defensiva. Reducen el daño sin resolver el problema estructural.
El segundo nivel es conseguir que Chile pase de 12,5% a 10%. Para ello podría aprobar y comenzar a aplicar unilateralmente una prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso, y solicitar sobre esa base que USTR lo traslade al grupo sujeto a la tasa menor.
Una legislación chilena sobre esta materia puede justificarse por sus propios méritos. Chile no debería convertirse en destino de productos elaborados mediante explotación laboral. Una reforma bien diseñada podría fortalecer las facultades de Aduanas, mejorar la trazabilidad y acercar al país a estándares internacionales más exigentes.
El problema no es regular. Es hacerlo apresuradamente, bajo presión externa y sin evaluar las consecuencias para importadores, cadenas de suministro y relaciones con terceros mercados.
El tercer nivel es el más importante: qué otros compromisos podría asumir Chile para alcanzar una solución más amplia.
Una posibilidad es que ambos países intenten acordar primero un framework: un entendimiento político preliminar que fije los componentes principales de un futuro acuerdo comercial recíproco y deje para una etapa posterior la redacción y firma del texto definitivo.
Estados Unidos ha utilizado esa secuencia con ya varios países de la región. Primero anunció un marco político y posteriormente concluyó el RTA.
Lo que es importante tener presente es que los acuerdos comerciales recíprocos impulsados recientemente por Estados Unidos no responden a una lógica tradicional de acceso a mercados. También forman parte de una política más amplia de seguridad económica.
Esto abre la posibilidad de que la conversación avance desde el trabajo forzoso hacia asuntos como revisión de inversiones extranjeras, infraestructura digital, minerales críticos, puertos, cables submarinos, datos, ciberseguridad y selección de proveedores tecnológicos.
Ese tránsito tendría consecuencias empresariales concretas. Por ejemplo, una cláusula sobre investment screening podría influir en quién puede adquirir una empresa eléctrica, financiar una desaladora multipropósito, operar un terminal portuario o participar en un proyecto de minerales críticos.
Pero una política seria de seguridad económica debe evaluar riesgos concretos. No puede descansar en presunciones generales basadas exclusivamente en la nacionalidad del inversionista o en el país de origen de una tecnología. Ningún mecanismo moderno de investment screening suele declarar que está dirigido contra un país específico; por el contrario, normalmente se presenta como neutral y no discriminatorio. Sin embargo, en la práctica, estos sistemas pueden concentrarse de manera desproporcionada en inversiones provenientes de determinadas economías. Precisamente por eso, Chile debe evitar que la neutralidad escrita termine ocultando una discriminación basada en origen y exigir que toda restricción se justifique por el riesgo de la operación, no por la bandera del inversionista.
Chile está comenzando a analizar un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras. Sería un error que su diseño quedara predeterminado en una negociación arancelaria o que reprodujera automáticamente las prioridades geopolíticas de otra potencia.
El Gobierno enfrenta, por tanto, decisiones diferentes que no conviene confundir.
Conseguir exclusiones para salmones, vinos y frutas es una necesidad inmediata. Bajar de 12,5% a 10% puede ser un resultado intermedio. Recuperar el acceso sin sobretasa es la solución comercial de fondo. Y preservar la capacidad de Chile para definir su política de inversión y tecnología es un objetivo estratégico de largo plazo.
El 12,5% es solo el comienzo de la conversación. El verdadero precio del arancel puede terminar pagándose no en las cajas de vino ni en los filetes de salmón, sino en las reglas que determinarán quién puede invertir, qué tecnologías pueden competir y con qué países Chile podrá desarrollar su infraestructura futura.
Negociar es inevitable. Renunciar a decidir por nosotros mismos no lo es.
Claro análisis y recomendaciones para avanzar en esta negociación.