Una vez más, como ha sido recurrente desde el año 2000, el régimen autoritario que detenta el poder en Venezuela ha utilizado su principal instrumento represivo, el Tribunal Supremo de Justicia, para buscar destruir una nueva iniciativa democrática, la cual, con el adecuado apoyo internacional, podría poner fin a la larga noche criminal que ahoga a la patria de Bello, desde hace más de dos décadas.
Lo primero que debe advertirse, frente a titulares y reportajes que terminan por desinformar y encubrir -en muchos casos, presumo, sin mala fe-, es que el TSJ no funciona como un tribunal independiente e imparcial -desde su puesta en funcionamiento, en diciembre de 1999, nunca lo ha sido-, y que las personas que lo integran no son jueces, sino sicarios políticos del régimen tiránico al que sirven.
Luego, mal puede calificarse como «sentencia» al pronunciamiento reciente de quienes usurpan cargos en la Sala Electoral, en contra del proceso y los resultados de las primarias realizadas por los demócratas venezolanos el pasado domingo 22 de octubre. Se trata, en realidad, de un acto de fuerza, de una vía de hecho más, cuyo objetivo es, abusando de la fuerza del Estado, impedir que la ciudadanía mantenga y eleve su apoyo no sólo al proceso de primarias, sino a su ganadora, la política liberal María Corina Machado.
Varias razones explican la desaforada respuesta del régimen que lidera Nicolás Maduro ante los resultados de las primarias, proceso conducido, valga decirlo, por destacados y prestigiosos académicos y profesionales venezolanos, entre ellos el profesor de Derecho Constitucional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal.
La organización, transparencia y rápida entrega de los resultados del evento pre-electoral, la amplia y garantizada participación de venezolanos domiciliados en el extranjero, la masiva y extendida participación de venezolanos dentro y fuera del país, en especial los de los sectores más pobres y azotados por el estatismo socialista y totalitario del régimen chavista, y, quizá lo menos tolerable para los integrantes de este, el número de votos obtenido (más de 2.200.000 de votos), muy por encima de todas las demás opciones, de la candidata que desde su irrupción en la política venezolana, ha defendido la opción liberal frente al socialismo autoritario del chavismo, y también frente al socialismo populista del resto de la oposición venezolana, por demás causante de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998.
El chavismo sabe que su principal riesgo para mantenerse en el poder es que surja en la población venezolana la ilusión y compromiso por una opción política verdaderamente comprometida con la libertad y la democracia (en ese orden, no en el inverso), que apueste «a llegar hasta el final», y que convoque tanto consensos y apoyos electorales y políticos internos, como sobre todo internacionales, por igual de países democráticos de Occidente, y de países que en la actualidad siguen, ya no tan convencidos, apoyando a Maduro y sus aliados.
Para impedir lo anterior, el TSJ al servicio de la revolución chavista, «a petición» de un vulgar operador político del régimen indebidamente calificado como opositor en algún medio chileno, pretende, no sólo desconocer la ley de la gravedad, es decir, dejar sin efecto jurídico hechos consumados, sino que amenaza con reprimir de forma tiránica contra los ilustres miembros de la Comisión de Primarias, e impedir en última instancia que María Corina Machado sea la candidata presidencial de la democracia venezolana en 2024.
Para ello está, por cierto, dispuesto todo. Así el Ministerio Público, otro instrumento de represión del chavismo, dirigido por uno de sus líderes originarios, garantiza la persecución y criminalización de toda disidencia real.
Además, insiste en afirmar que María Corina Machado está inhabilitada por 15 años para ocupar cargos públicos, cuando no existe ningún acto formal que haya impuesto semejante medida en su contra y si existiera sería también una vía de hecho inconstitucional.
Por último, en su desesperación por negar la realidad, esto es, el repudio que le profesa más del 90% de la población venezolana, el chavismo está dispuesto a desconocer parte de los compromisos asumidos en la negociación en Barbados con los Estados Unidos, quien ya ha advertido sobre la posibilidad de revertir las licencias aplicadas a las sanciones contra el Estado venezolano, por sus actividades vinculadas con formas de delincuencia organizada.
Lo esencial para toda persona interesada en la situación política y de los derechos humanos en Venezuela es entender que en ese país el derecho no rige al menos desde el año 2002; que todo acto del Estado contra las personas y su dignidad son actos de fuerza, represión pura y dura, no leyes, no actos administrativos o sentencias; y que acusaciones como las hechas contra los integrantes de la Comisión de Primarias -fraude electoral, usurpación de autoridad electoral, etc.-, son meras acusaciones sin fundamento jurídico real para intimidar, deslegitimar y reprimir la acción libertaria de los venezolanos de bien, que en este 2023 reúnen fuerzas, luego del grave tropiezo del fallido gobierno interino de Juan Guaidó, para librar una nueva batalla política en 2024, en su deseo profundo de recobrar la libertad que les fue robada en 1999 por un demagogo devenido en peón de los peores autoritarismos de todo el mundo.