Durante años, el robo de madera fue una de las expresiones más visibles del avance del crimen organizado en Chile. Se hablaba de un negocio ilegal cercano a los US$100 millones anuales, sostenido por organizaciones capaces de robar y comercializar grandes volúmenes de madera.
El país reaccionó. El tema ocupó portadas y movilizó al Congreso. En 2022 se publicó la ley que tipificó los delitos de robo y hurto de madera, incorporó herramientas de fiscalización y aumentó las sanciones. El Estado comprendió que enfrentaba una cadena delictiva que requería una respuesta especial.
Hoy existe otro negocio ilegal que mueve más de cuatro veces esa cantidad y que, sin embargo, no provoca la misma reacción.
Según el informe sobre economías ilícitas de la Confederación de la Producción y del Comercio, la pesca ilegal en Chile mueve alrededor de US$430 millones anuales y genera pérdidas tributarias estimadas en US$50 millones. A ello se suma el robo directo de pesca ya capturada por empresas que operan legalmente. Durante 2026 se han presentado más de diez querellas y la Fiscalía mantiene un foco investigativo activo.
En el mar se producen así dos formas de apropiación de lo ajeno. Una afecta a empresas que capturan legalmente y luego ven cómo parte de esa pesca es sustraída e incorporada a circuitos clandestinos. La otra nos afecta a todos: ocurre cuando se extraen recursos fuera de las cuotas autorizadas para transportarlos, procesarlos y venderlos ilegalmente.
Jurídicamente son conductas distintas, pero comparten una lógica: organizaciones que construyen cadenas de abastecimiento para apropiarse de recursos que no les pertenecen. Esto no es pesca de subsistencia ni una infracción menor. Requiere financiamiento, embarcaciones, transporte, almacenamiento, compradores y canales de comercialización.
¿Por qué un fenómeno de esta magnitud no genera la misma urgencia que produjo el robo de madera?
La explicación puede ser tan sencilla como incómoda: el robo de madera ocurría a la vista de todos. Veíamos los camiones, los predios afectados y, muchas veces, la violencia asociada. Tenía víctimas reconocibles y una conexión directa con la crisis de seguridad en la Macrozona Sur.
El robo de pesca, en cambio, sucede lejos de nuestra mirada. Ocurre mar adentro y luego la captura pasa por intermediarios hasta perder cualquier rastro de su origen. Cuando aparece en un punto de venta, es prácticamente imposible distinguir si fue obtenida legalmente. Esa invisibilidad física ha terminado produciendo también invisibilidad política.
El exsubsecretario del Interior Felipe Harboe ha explicado este desplazamiento mediante la “teoría del globo”: cuando el Estado presiona una actividad ilícita, el crimen organizado busca otro espacio donde operar. Se aprieta una parte del globo y el aire se desplaza hacia otra.
Chile debe preguntarse si, al endurecer la persecución del robo de madera, parte de esas capacidades criminales se trasladó hacia la pesca. No significa que todas las organizaciones hayan seguido ese recorrido. Significa entender que el crimen organizado aprende, se adapta y diversifica sus negocios más rápido que el Estado. Si una actividad se vuelve riesgosa, busca otra que combine rentabilidad, baja fiscalización y sanciones insuficientes.
Por eso sería un error tratar estos hechos como un problema sectorial. Si existen organizaciones que coordinan la extracción, el robo, el transporte y la venta, la respuesta debe provenir también de la política de seguridad y persecución criminal.
La Fiscalía ya comenzó a mirar mientras la política todavía no parece dimensionarlo.
El Congreso debe discutir una tipificación específica para el robo de pesca, siguiendo la lógica aplicada frente al robo de madera. No porque un nuevo delito resuelva mágicamente el problema, sino porque permitiría reconocer la cadena criminal, perseguir a quienes la financian y comercializan y aplicar sanciones proporcionales.
El Gobierno debe asignar recursos y coordinar a Sernapesca, la Armada, las policías, el Ministerio Público y los organismos con competencias en fiscalización, transporte y patrimonio.
Aquí no solo se roba pesca a empresas privadas. Cuando se extraen recursos fuera de cuota, se les roba patrimonio a todos los chilenos y se compromete la disponibilidad futura de especies que no son infinitas.
Que ocurra lejos de la costa no lo vuelve menos grave. Solo lo hace más fácil de ignorar. Y mientras el Estado siga mirando hacia tierra firme, el crimen organizado continuará encontrando en el mar un espacio rentable para crecer.
