El operativo que puede fortalecer al monopolio criminal

Un operativo policial allanó 50 domicilios entre la Región Metropolitana, La Araucanía, Los Lagos y el Maule: 35 detenidos de una facción del Tren de Aragua. Buena noticia, y hay que decirlo sin cinismo: hubo trabajo policial serio.

Pero hay algo incómodo que casi nadie discute: ese mismo operativo, sin algo más, puede terminar fortaleciendo al negocio que dice haber golpeado.

Es el mecanismo que México y Colombia documentaron: cuando se detiene a los eslabones más visibles de una red —sin tocar su patrimonio ni su infraestructura financiera— el mercado no desaparece. Se poda. Los operadores expuestos caen presos; el espacio lo ocupan los más sofisticados, que ya tenían el capital para absorberlo.

Esa es la distinción que Chile no incorpora: golpear el flujo no es golpear el stock.

El flujo es lo que se ve en un operativo: personas, droga, vehículos. Se reemplaza en días. El stock es lo que sostiene a la organización más allá de cualquier detención: patrimonio, propiedades a nombre de terceros, redes de lavado. Nadie sabe cuánto de ese stock quedó intacto tras el operativo, porque Fiscalía, la UAF, el SII, Aduanas y la CMF siguen con información fragmentada. Un negocio que repone su flujo en 48 horas y conserva su stock no fue golpeado: fue reorganizado.

Esto es más que un problema de método policial. El crimen organizado no es una lista de bandas para desarticular una por una: es un monopolio. Amenaza, expulsa, controla territorio y decide quién opera. No intenta dominar el mercado. Intenta ser el mercado. Y un monopolio no se derrota deteniendo empleados reemplazables: se derrota quitándole la rentabilidad al negocio.

La evidencia económica ya existe. El economista Paolo Pinotti estimó que la penetración mafiosa redujo el PIB per cápita del sur de Italia en torno a 16% respecto de su trayectoria contrafactual. Chile tiene su propia versión: según un cálculo del Bci, si la delincuencia se hubiera mantenido en los niveles de 2016, la última década habría crecido 2,6% en vez del 2,0% efectivamente registrado.

La magnitud del negocio que se pretende golpear tampoco es menor: la CPC estimó que las economías ilícitas mueven en Chile unos US$5.700 millones al año, cerca de 1,5% del PIB —más del doble del presupuesto total del Ministerio de Seguridad Pública para 2026.

Y aquí este operativo se cruza con una decisión que casi no tuvo cobertura. El 23 de marzo, en la Comisión de Seguridad del Senado en Valparaíso, la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el subsecretario Andrés Jouannet expusieron un ajuste transversal del 3% que golpeó al Plan Nacional Contra el Crimen Organizado con un recorte adicional de 64% en su componente policial —sobre una caída de 31,7% ya sufrida entre 2025 y 2026. Jouannet justificó el recorte por baja ejecución de compras del año anterior. Legisladores, incluidos sectores del propio oficialismo, le respondieron hablando de “falta de consecuencia”, por el contraste con un gobierno que se define a sí mismo como una administración de emergencia en seguridad. El presupuesto total del ministerio se mantiene casi plano: no es que Chile gaste poco en seguridad. Es que, dentro de lo que gasta, sigue tratando como negociable el instrumento diseñado para golpear el stock, no el flujo, frente a un negocio que ya lo duplica en tamaño.

Controlar una esquina a la fuerza es caro: expone, arriesga detenciones. Capturar una patente municipal es barato y silencioso. El fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, advirtió que el Tren de Aragua —la misma organización golpeada en este operativo— tomó control de mercados, como la explotación sexual, que el crimen chileno nunca había organizado. Donde no hay Estado mirando, no hace falta pelear por el territorio: se hereda solo.

Y el costo humano ya tiene nombre propio. En 2025, el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue secuestrado tres días por una red que exigió millones de rescate. Si una autoridad con protección no está a salvo, ¿qué le queda al comerciante que denuncia sin ninguna de esas dos cosas? En México, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mostró hacia dónde escala esto. Chile no está ahí, pero cada vez hay más alcaldes con chaleco antibalas en su rutina.

La agenda tiene dos frentes:

• Medir el stock, no solo el flujo, e integrar la información financiera. Cada operativo debería reportar patrimonio identificado y redes de lavado desarticuladas, no solo detenidos —y eso exige que Fiscalía, UAF, SII, Aduanas y CMF compartan una arquitectura común, no memorandos de coordinación.
• Explicar el recorte de marzo línea por línea, en la misma sesión donde se anuncian nuevos operativos.

Chile todavía tiene lo que otros países perdieron antes de reaccionar: instituciones capaces de responder cuando se les exige. Pero esa ventaja no se demuestra con un parte policial exitoso al mes. Se demuestra explicando por qué, mientras se celebran 35 detenidos, el instrumento para golpear el patrimonio sigue perdiendo presupuesto.

Los detenidos importan. Pero si el mercado que ocupaban sigue siendo más rentable de capturar que de competir, la pregunta no es si alguien más lo va a ocupar. Es cuánto va a tardar.