Agosto, Mes de la Minería, es más que una efeméride. Es una oportunidad para mirar de frente los desafíos que enfrenta una industria clave para el desarrollo de Chile. Y hoy, ninguno es más urgente que el acceso al agua.
La natural disminución en la ley de los minerales, pues se suele comenzar por las zonas de mejor rendimiento de los yacimientos, obliga a procesar mayores volúmenes de roca, lo que incrementa significativamente la necesidad de utilizar agua. Ante este desafío, la minería del cobre, según Cochilco, ha asumido un compromiso concreto: reducir en un 36% el uso de agua dulce continental hacia 2034 y avanzar hacia una matriz hídrica más sostenible. Para 2033, se proyecta que el 71% de la demanda hídrica de la minería será cubierta con agua desalada. En un país marcado por el estrés hídrico y la presión climática, esta transformación dejó de ser una opción estratégica para convertirse en una condición de supervivencia. En este nuevo escenario, la desalación se posiciona como una tecnología crítica que permitirá sostener la actividad minera sin comprometer los recursos hídricos continentales.
Pero esta transición tiene costos. La desalación, aunque abundante en recursos, es intensiva en energía. Cochilco estima que el consumo eléctrico asociado a estas soluciones pasará de 2,98 TWh en 2023 a 6,5 TWh en 2034, convirtiéndose en el segundo mayor factor de consumo energético del sector. La respuesta podría estar en el liderazgo de Chile en energías renovables no convencionales. Con un alto potencial solar en el norte y condiciones óptimas para la generación eólica en diversas zonas, el país ha avanzado en la transición energética, promoviendo tecnologías limpias tanto en la minería como en la generación eléctrica. Este impulso permite vislumbrar una matriz hídrica sustentada por desalación alimentada con energía renovable, reduciendo la huella de carbono y reforzando el compromiso ambiental del país. El dilema persiste, pero también lo hace la oportunidad de convertirlo en una ventaja estratégica.
Y como si fuera poco, la permisología sigue siendo un obstáculo estructural. La industria lo ha dicho con claridad: los cuellos de botella regulatorios están frenando proyectos claves. Aunque el Congreso aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales -que promete reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%- la verdadera prueba será su implementación. Hoy, construir una planta desaladora puede tomar más de once años. Un plazo incompatible con la urgencia de la falta de agua para cualquier sector. La Dirección General de Aguas (DGA), por su parte, enfrenta una sobrecarga crítica: entre 2010 y 2025, los permisos sin procesar se triplicaron, y los tiempos de tramitación oscilan entre 30 y 40 meses. Así lo advierte el documento Unlocking the Green Transition, de Miguel de Iruarrizaga y Pablo Eguiguren.
Mónica Ríos en la columna A propósito de permisología y aguas señala que esta situación también fue abordada por el estudio Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile (agosto de 2023), elaborado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), órgano asesor de la Presidencia. El informe identificó 63 permisos sectoriales como prioritarios de resolver, entre los 439 trámites analizados, debido a su transversalidad, su vínculo con la localización de los proyectos y su impacto en sectores estratégicos como la minería y la acuicultura. De esos 63 permisos, 15 corresponden a permisos vinculados a proyectos mineros.
A pesar de estos desafíos, la minería sigue avanzando. La gestión del agua ya no es solo una preocupación técnica: es parte de los estándares Environmental Social Governance (ESG) que definen la competitividad global. Iniciativas como el encapsulamiento de relaves en Andacollo o los paneles sobre minería verde que se había programada para el “Summit Ecos de la Minería”, que se suspendió por la reciente tragedia ocurrida en la Mina El Teniente, muestran una industria que busca compatibilizar productividad con responsabilidad ambiental. Quizás en esta materia hay mayores desafíos en el segmento de la pequeña y mediana minería.
Sin embargo, no toda la minería es igual, y el caso del litio en el Salar de Atacama lo deja claro. A diferencia del cobre, cuya transición hacia el agua de mar es más viable, la extracción de litio se realiza directamente desde salmueras, lo que impacta en ecosistemas continentales sensibles. La autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) a Minera Tarar, filial de Codelco, para extraer 2,5 millones de toneladas de litio metálico entre 2031 y 2060 plantea la pregunta de cómo regular el uso del agua.
En este Mes de la Minería, Chile debe mirar más allá de la celebración. La seguridad hídrica del sector no es solo un asunto técnico: es una pieza clave de nuestra competitividad internacional y, con ella, un gran aporte para el desarrollo de Chile. En un mundo donde el agua será cada vez más escasa, los países que logren gestionar recursos sin comprometer sus ecosistemas serán los que lideren, y Chile puede ser uno de ellos, pero para lograrlo necesita más que tecnología: requiere visión, gobernanza y voluntad política.
