En la discusión pública se ha instalado la urgente necesidad de impulsar la inversión en Chile para aumentar el crecimiento económico que ha sido magro durante los últimos años, y por esa vía el bienestar para todos los chilenos. Uno de los puntos que se ha levantado nuevamente es la “permisología”, puesto que su complejidad y lentitud contribuyen a frenar el desarrollo de proyectos de inversión.
Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, que se encuentra en el corazón de la minería en Chile, manifestó recientemente su inquietud por los perjuicios que la “permisología” provoca en el desarrollo de nuevos proyectos, que están demorando 4,3 años más de lo presupuestado y sus costos se han disparado en un 64%.
Esta discusión no es nueva. Al menos desde el gobierno del Presidente Lagos, y como parte de agendas de pro crecimiento y/o pro inversión, se ha intentado agilizar tanto el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) de los proyectos de inversión, como también el otorgamiento de permisos sectoriales. Algunos lectores recordarán las así llamadas “pepitas de oro” del gobierno del Presidente Lagos y el Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI) durante el primer gobierno del Presidente Piñera. En el segundo mandato de la Presidenta Bachelet se constituyó una comisión asesora que propuso reglas para favorecer una tramitación más expedita de proyectos ante el SEIA, y en el segundo período del Presidente Piñera operó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). En paralelo, se han realizado reformas legislativas, modificaciones reglamentarias y mejoras en la gestión pública (i.e. digitalización de trámites).
Intenciones no han faltado, pero resultados sí. La “permisología” se ha complejizado cada vez, además de que se han agregado nuevos requerimientos tales como la consulta indígena (desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 2009).
En febrero de este año, el Presidente Boric le solicitó a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), órgano asesor de la Presidencia, la elaboración de un estudio de “Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile”. El objetivo es “identificar espacios de mejora y realizar propuestas con miras a avanzar a un sistema de permisos eficiente, previsible y estable, que incentive el desarrollo de proyectos sustentables” (ver Oficio del Gabinete Presidencial). Dicho estudio fue finalizado en agosto recién pasado.
Del análisis realizado, la CNEP concluye que, de 439 trámites analizados, hay 63 permisos sectoriales prioritarios de “resolver” dada su transversalidad, su relación con la localización del proyecto y porque afectan proyectos de inversión en minería y acuicultura que son los sectores priorizados por su importancia económica.
De esos 63 permisos prioritarios, 24 fueron clasificados como clase 3 en este estudio, esto es de la mayor complejidad y por ende con los mayores plazos reales de tramitación y número de rondas de observaciones. Cuatro de los 24 son otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y son los siguientes: Modificación de cauces (N. 42), Construcción de obra hidráulica mayor (N. 43), Aprobación de obra hidráulica mayor (N. 44) y Regularización o defensa de cauce (N. 45). De la evidencia empírica analizada, el estudio concluye que el plazo normativo de los permisos 43 y 44 es de 6 meses, sin embargo, el plazo real promedio durante el periodo 2018-22 fue de 49 y 34 meses, respectivamente, es decir, hasta ocho veces más que el plazo establecido. Asimismo, las solicitudes que presentan los interesados para obtener estos permisos tienen altas tasas de rechazo por parte de la DGA.
Esta situación es particularmente preocupante dado que la gestión del agua se ha vuelto prioritaria y urgente para el país, lo que incluye por cierto el desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica en muchas de las regiones del país, varios de los cuales requieren, por ejemplo, de estos permisos para obras mayores de la DGA por tratarse de embalses con más de 50 mil metros cúbicos de capacidad o muro de más de 5 metros de altura; acueductos que conduzcan más de 2 m3/seg y sifones y canoas que crucen cauces naturales.
Durante el gobierno anterior, se realizaron diversos esfuerzos por agilizar la tramitación de los permisos que otorga la DGA, tales como la digitalización y seguimiento de los permisos, para lo cual, en el año 2019, y en cumplimiento con el Instructivo Presidencial de Transformación Digital, se implementó la Oficina Virtual DGA, destinada a facilitar al público la tramitación de solicitudes, además de estar integrada con el Sistema Unificado de Permisos (SUPER) del Ministerio de Economía. Asimismo, se estableció una coordinación permanente entre la DGA y la Dirección de Obras Hidráulicas, puesto que esta última es parte del proceso de otorgamiento de algunos de estos permisos, y en la Reforma del Código de Aguas (2022) se autorizó la incorporación de peritos externos en la pre revisión de obras mayores para agilizar el otorgamiento de dichos permisos.
Sin embargo, aún existe un amplio espacio para un avance bastante más sustantivo en los ámbitos señalados y también otros. Por ello, es de esperar que este nuevo intento del actual gobierno por mejorar la “permisología” logre avances más que sustantivos en cuanto a eficiencia y eficacia en el otorgamiento de permisos de la DGA, en particular, y de todos aquellos órganos de Estado que otorgan permisos prioritarios para los proyectos de inversión, en general. De esta forma se contribuirá a reimpulsar la deprimida economía chilena.