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Credit: Cuenta X @AgendaCAF

El Banco Interamericano de Desarrollo BID, fue fundado en 1959, como una alianza entre Estados Unidos y 19 países de América Latina y el Caribe. Actualmente está conformado por 48 estados miembros, entre países prestatarios y no prestatarios. Los 26 países prestatarios tienen algo más del 50% del poder de voto. Los no prestatarios son 22 países, entre los cuales está Estados Unidos, Canadá, China, Corea, Israel y Japón y 16 países europeos.

Su página web indica que el BID brinda “apoyo financiero y técnico a gobiernos nacionales, subnacionales y otras entidades de la región”. Además, expresan: “Colaboramos con países donantes y otras organizaciones internacionales de desarrollo para canalizar recursos esenciales y conocimientos hacia América Latina y el Caribe, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo”. El BID declara que el “arte y la cultura son parte de nuestra agenda de desarrollo”. El banco tiene centenares de empleados -es difícil acceder a la cifra exacta-. La Asamblea de Gobernadores es la máxima autoridad del BID. El directorio ejecutivo está compuesto por 14 directores y también 14 suplentes. La sede está en Washington D.C. y tiene oficinas en los 26 países de América Latina y el Caribe.  

Por su parte la CAF -antes Corporación Andina de Fomento- hoy Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, fundado en 1968, se declara como un banco de desarrollo, “comprometido con apoyar a los países de América Latina y el Caribe y mejorar la calidad de vida de la región”. Chile fue uno de los 6 países fundadores de la original Corporación Andina de Fomento. En 1977 Chile se desvinculó, e ingresó como miembro asociado en 1992 y como miembro pleno a partir de 2023. Fue el 9 de noviembre de 2022 cuando el Congreso aprobó la incorporación de Chile a la CAF. El ministro Mario Marcel, mencionó en el Congreso, múltiples ventajas para Chile.

El CAF tiene 22 países miembros en la región y la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo. Dicen “estar comprometidos con los diferentes sectores, donde llevamos a cabo acciones con un impacto real en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”. Las oficinas centrales están en Venezuela. Para la incorporación de Chile como miembro de CAF, se firmó un convenio de suscripción de acciones de capital ordinario y un convenio de suscripción de acciones de capital de garantía. Chile aprobó un aporte inicial de una acción de serie A por US$ 1,2 millones y después una suscripción de acciones de la serie C por US$ 1.458 millones cuyo valor total terminará de enterarse en 2036.

Diversas interrogantes surgen, a partir de la incorporación de Chile al ahora Banco CAF. En el pasado nuestro país se retiró, tras el fracaso del Pacto Andino. Este banco se desarrolló, en paralelo al BID, es un nuevo ente multilateral, que se suma a muchos más y que se sobrepone en roles con varias instituciones. Centenares de empleados, de distintos países, trabajan ahí sin un rol claro. Estas instituciones, además de la Cepal, se van transformado en fuentes de empleo para políticos que dejan de tener roles en sus gobiernos, cuando cambia de signo político la mayoría gobernante.

Si sumamos al Banco Mundial, a la OEA, a la Alianza del Pacífico que nunca ha despegado, una decena de filiales de la ONU, más la Corfo en Chile, el Banco del Estado y los respectivos organismos de desarrollo que hay en Chile, las conclusiones son evidentes. Arenas, Peñailillo, Narváez, Urrejola y Furche, son sólo unos pocos, de esa larga lista de funcionarios que se van reacomodando en cargos internacionales, con buenos sueldos y buenas jubilaciones. ¿Quién controla la eficiencia de estas organizaciones, cuyos directivos van rotando y cobrando? Lo mismo sucede en Chile con muchas instituciones en las que cuesta encontrar su justificación de existir. Un centenar de organizaciones pro-mujer, ONG ambientalistas, animalistas, culturales, de memoria histórica etc., etc. De alguna forma se financian, pero siempre el origen está en los contribuyentes, que son los que se llevan el costo y no siempre los eventuales beneficios. Si agregamos el Segib, dirigido por Andrés Allamand, ALBA, Unasur, Caricom y Mercosur, se dan cita los mismos países en los mismos foros y con similares objetivos.

Así como el Estado de Chile requiere una urgente intervención para reducir su tamaño y sus ineficiencias, también sería recomendable un análisis serio de lo que gasta Chile en organismos multilaterales y caminar hacia una posterior reducción de costos vía fusiones de algunos organismos y la desaparición de otros. Hay una “casta multilateral” que está feliz con lo que hace y también de cobrar mucho a fin de mes. La tarea pendiente es una auditoría independiente y profunda que transparente la grasa que se esconde en cada una de esas instituciones.

El Congreso Nacional no tiene ni el interés ni el incentivo para adentrarse en el laberinto multilateral, que crece y crece sin contrapesos. El problema en Chile no es sólo la Cepal, sino varios elefantes más -grandes y lentos- que financiamos todos los contribuyentes y que poco o nada aportan al desarrollo de Chile.       

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