Hay pocos problemas en Chile que tanto el oficialismo como la oposición reconozcan como urgentes. Quizás los principales sean el desempleo y la informalidad laboral. El ministro de Economía ve parte del problema en la sobrerregulación y prepara legislación, pero hay otro incentivo que también debiera mirarse: el Estado suele fiscalizar con más facilidad a quienes ya están dentro del sistema que a quienes operan fuera de él.
Esa preferencia equivale a cazar en el zoológico en vez de la selva: fiscalizar y castigar a ciudadanos, empresas y empleadores registrados, que ya cumplen como pueden con sus obligaciones, mientras quienes permanecen en la informalidad quedan relativamente menos expuestos.
El primer ejemplo está en la fiscalización laboral. Si usted es un empleador que se encuentra en el camino de los inspectores de la Dirección del Trabajo a su lugar de colación, su probabilidad de ser fiscalizado es mucho mayor que si está en otra ubicación o, simplemente, si nunca registró a sus empleados.
El segundo ejemplo está en los cobros previsionales. El Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra recalculando la compensación por asignación familiar en planillas pagadas durante los últimos diez años. Nótese que el cálculo original de la compensación fue hecho por el mismo IPS y terminó en pagos de cotizaciones normalmente realizados a través de Previred. Como resultado, el IPS persigue hoy a ciudadanos que pagaron las cotizaciones que debían y los notifica por una deuda detectada posteriormente en planillas ya pagadas, originada en una diferencia por compensación de asignación familiar. El IPS considera que en su momento se descontó demasiada compensación, y convierte esa diferencia en deuda.
Un ejemplo simple: Un empleador debiera haber sido compensado en $10.000. Por error se le compensaron $15.000. IPS determina ahora que sobrecompensó $5.000. La diferencia se convierte en una deuda al IPS que es ajustada por intereses y multas. Si el error de los $5.000 fue el 2017, la deuda a pagar ahora es de 60 veces los $5.000, es decir $300.000.
Este es el IPS cazando en el zoológico: si un empleador que siempre cumplió con los pagos previsionales acumula varios errores del propio sistema, la deuda a pagar puede llegar a ser formidable.
El mensaje que entregan las instituciones del Estado cuando cazan en el zoológico es claro: es más seguro vivir en la selva, es decir, en la informalidad. Quien no está registrado tiene menos probabilidades de ser fiscalizado, notificado o perseguido por deudas que muchas veces nacen dentro del propio sistema.
Con ese incentivo de fondo, la informalidad laboral no se resolverá sólo con cambios legales: también exige que el Estado deje de castigar preferentemente a quienes ya están dentro de la ley.
Inaudito.