El senador Pedro Araya cometió el pecado que hoy la política chilena castiga con más crueldad desde octubre de 2019: decirle un ministro de un gobierno que no es el suyo que está dispuesto a “cruzar la vereda”, es decir, sentarse a conversar. Por esa frase, publicada a la salida de una reunión con el biministro Claudio Alvarado sobre la agenda de seguridad, el Consejo Regional Metropolitano del PPD aprobó un voto político que lo llama a «reflexionar sobre su permanencia» en el partido, y él mismo ya adelantó que no tiene ganas de irse, pero que si lo echan no se va a quedar donde no lo quieren. Un senador de la Concertación, presidente de la Comisión de Constitución, casi expulsado de un partido que se supone es de centroizquierda.

Porque lo que se le reprocha a Araya no es haberse pasado al oficialismo ni apoyar a ojos cerrados la reforma del ministro Martín Arrau. Él mismo ha aclarado que ésta requiere cambios. Lo que dijo es que está por «apoyar y trabajar por las buenas ideas, vengan de donde vengan» cuando se trata de enfrentar al crimen organizado. Es decir, hizo lo que se supone que se espera de todo parlamentario, sobre todo si preside la comisión donde se va a tramitar el proyecto: recibir al gobierno, plantear sus inquietudes y buscar acuerdos con todas las partes. Eso que en cualquier democracia sería se llama trabajar; en este Chile de la trinchera se llama traición.

No es la primera vez. En julio, cuando se discutía la megarreforma económica de Jorge Quiroz, el mismo Araya y dos correligionarios cerraron con Hacienda un acuerdo acotado, sabiendo que el gobierno contaba de todas formas con los votos necesarios para lograr la aprobación. Mientras el senador Iván Flores los trató de «vendidos», Daniel Manoucheri se burló de que Quiroz no sabía ni el nombre de su contraparte, Diegó Ibáñez habló de “vergüenza” y el presidente de su propio partido, Raúl Soto, salió esa misma noche a desconocer el pacto. Que el acuerdo se cayera después por una torpe jugada del propio ministro, que cambió la tasa del impuesto de primera categoría sin avisar, no le quita mérito a Araya. Pero en su sector la lección que quedó fue que negociar sale caro.

Antes, cuando en medio del estallido que casi destruye Chile, otros cruzaron la vereda y ayudaron a salvarnos. Lo hizo Sergio Micco, cuando dirigía el INDH y en febrero de 2020 dijo en televisión lo que ningún informe internacional ha desmentido hasta hoy: que durante el estallido hubo violaciones a los derechos humanos, pero no que no fueron sistemáticas, es decir, que no existió una política de Estado concertada para dañar a la población. Por decir esta verdad que impedía hacer caer al gobierno de Sebastián Piñera, le hicieron la vida a cuadritos: funcionarios del propio instituto exigieron su renuncia, otros se fueron a huelga y la sede estuvo tomada durante ocho meses. Hasta que, en julio de 2022, le pidieron la salida «inmediata» a diecisiete días de que terminara su mandato.

Otros la cruzaron durante la primera Convención Constitucional, esos pocos constituyentes de centroizquierda que intentaron que el texto fuera una «casa de todos» y no el programa de un sector. Felipe Harboe vio cómo le rechazaban sus normas sólo por ser una figura de la ex Concertación. Fuad Chahin fue funado y al Colectivo Socialista, cada vez que trató de moderar algo, le gritaban «amarillos» desde los escaños de la Lista del Pueblo y del Partido Comunista. El resultado fue un texto intragable, que el 62% de los chilenos rechazó el 4 de septiembre de 2022.

Por temor al castigo, muchos en la centroizquierda prefirieron rechazar en silencio. Pero otros, como Ximena Rincón y Matías Walker, cuando la Democracia Cristiana ordenó votar Apruebo, se atrevieron a encabezar y trabajar por el Rechazo, terminando fuera de su partido. Algunos valientes como Cristián Warnken, Andrés Velasco, Sol Serrano y los más de setenta firmantes de Amarillos por Chile, pagaron con la cancelación de su tribu y con el mote de «fachos» por negarse a aprobar.

Desde la otra vereda, también se atrevieron en enero de 2025, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea y Luciano Cruz-Coke. Negociaron durante meses con Jeannette Jara y Mario Marcel una reforma de pensiones que el país llevaba una década sin poder sacar adelante. Fueron duramente criticados por su propio sector. El mismo que hoy necesita un acuerdo con los del frente para avanzar en la agenda de seguridad.

Porque si bien la seguridad es la primera preocupación de los chilenos y el crimen organizado no distingue color político, aunque la reforma de Arrau cuenta con gran espacio y voluntad del gobierno para ser mejorada, la centroizquierda no sólo se niega a conversar. Nuevamente brilla por su ausencia con propuestas y un texto mejor, a pesar de los solitarios intentos de Araya.

Si el PPD lo termina expulsando por hacer política, no va a haber perdido un senador; va a confirmar que en la centroizquierda chilena ya no queda centro y que la trinchera sigue ganándole a la necesaria negociación.