La Comisión Investigadora sobre el “estallido social” conformada en la Cámara de Diputados, se prolongó por tres meses, tuvo decenas de invitados citados, y la posibilidad real de ofrecer, por fin, una mirada comprensiva de lo ocurrido en octubre de 2019. Terminó, en cambio, siendo un uso ineficiente de tiempo y de recursos.
Si bien las conclusiones aciertan en citar las falencias de nuestro sistema de inteligencia en el contexto del estallido, también apuntan injustamente a la figura del Presidente Sebastián Piñera al hablar de un «excesivo incumplimiento» de su gobierno en el resguardo del orden público. Da la impresión de que una Comisión -que apenas contó con la mitad de sus invitados planeados y que solo obtuvo respuesta a un sexto de sus oficios-, difícilmente podría emitir una crítica tan tajante.
Más allá de las falencias del instrumento, está el fondo del reclamo: en un sector de las derechas abunda todavía el argumento de que el estallido podía resolverse con una actitud distinta y que la respuesta residía, por ejemplo, en decretar el estado de excepción por sobre el diálogo político con la oposición de turno. Es decir, en el informe de la comisión se infiere que el enfoque represivo bastaba para restaurar el orden público, ignorando que la violencia se encontraba peligrosamente legitimada por buena parte de la ciudadanía en ese momento.
El Presidente Piñera, sin embargo, optó por el camino contrario. Uno de los motivos por los cuales su figura se sigue engrandeciendo a dos años y medio de su partida es, precisamente, haber tenido la sabiduría de buscar una salida a la crisis mediante el diálogo, incluso ante la irresponsabilidad manifiesta de algunos de sus interlocutores. Y si bien ello no lo exime de errores cometidos, debe reconocerse que ningún gobierno se encontraba preparado para el clima de la época.
Las conclusiones del informe -pese a señalar que los hechos complejos de violencia exigen superar la mirada “excesivamente fragmentaria”-, opta por citar instancias separadas y opiniones de invitados sin un mayor hilo conductor u análisis. Por lo mismo sus recomendaciones -varias de ellas atendibles – apuntan directamente a temáticas de seguridad pública pero no a la reflexión sobre lo ocurrido. Pareciera entonces que la crítica al Presidente Piñera es más bien un gusto personal de aquel sector de las derechas que ve en la actitud dialogante del entonces Jefe de Estado un pecado de origen.
Estos mecanismos de fiscalización -como las acusaciones constitucionales o las interpelaciones-, necesitan una reforma profunda que los aleje del “teatro político”. Pero el balance real de esos días aciagos no lo escribirá una comisión: lo escribió la resiliencia del Presidente Piñera y de muchos de sus colaboradores, gracias a quienes el “estallido social” no desbordó nuestra democracia.

La crítica es que el ex pdte no haya cumplido su juramento constitucional de cumplir y hacer cumplir la CPR. El mantenimiento del orden público y del estado de derecho, no se define ni resuelve cuantos están a favor o en contra, menos si ello se guía por la TV y por grupos vociferantes. El ex pdte denunció por cadena nacional y todos lo escuchamos, de que se enfrentaba a un enemigo, -palabras de él- , muy peligroso, a las 24 horas nunca más mencionó aquello y el barrio cívico de Santiago, el de todas las regiones y centenares de iglesias fueron destruidas y quemadas, sin que el pdte, ni su gabinete, ni nadie restaurara el estado de derecho mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado.