Jeannette Jara presentó su programa presidencial bajo el lema “Un Chile que cumple”, con 177 medidas que atraviesan seguridad, salud, educación, vivienda e ingreso. En el papel, suena como la hoja de ruta de un país que se parecería más a los modelos nórdicos o a Francia que a la realidad chilena. El problema es que no hay cómo financiarlo. Y cuando un programa ofrece todo a todos, sin costo claro, no se llama realismo: se llama demagogia.
El documento abandona banderas incómodas de las primarias -como la nacionalización del cobre, el aborto libre o el “salario vital”- y las sustituye por un “ingreso vital” de $750 mil a alcanzar gradualmente. También propone duplicar la formación de Carabineros, modernizar Gendarmería, construir cinco nuevas cárceles con 10 mil plazas, levantar una Empresa Nacional del Litio y expandir la producción minera en 30%. A ello se suman la salud “a tiempo”, la educación pública universal y el histórico déficit habitacional de 650 mil viviendas.
El problema es que nada de esto está cuantificado. El programa dedica su capítulo fiscal a buenas intenciones: mesura, control del déficit, reasignación de gastos y combate a la evasión. Como si esos mantras bastaran para cubrir la magnitud del gasto. Hicimos la estimación con cifras oficiales: el costo anual adicional supera los US$ 24 mil millones; es decir, el 6,6% del PIB.
Solo el ingreso vital costaría unos US$ 2.700 millones al año; la salud universal US$ 10.900 millones; la educación pública de calidad, otros US$ 6.170 millones; y la construcción de viviendas, US$ 2.700 millones anuales si se ejecuta en diez años. A eso hay que sumar seguridad, cárceles y la aventura estatal en el litio.
Chile recauda hoy el 20,7% del PIB en impuestos (unos US$ 74.900 millones). Con un PIB tendencial de apenas 2%, los ingresos fiscales crecerán poco. Para financiar estas 177 medidas, habría que elevar de golpe la carga tributaria a cerca del 27% del PIB. En otras palabras: aumentar en 6 puntos del PIB lo que Chile recauda hoy. Ni con la mejor reforma tributaria de la historia ni con la erradicación de la evasión se llega a cubrir ese vacío en cuatro años.
La consecuencia sería un déficit fiscal de 6% del PIB anual, un nivel insostenible para una economía que ya carga con una deuda pública sobre el 40% del PIB. En menos de una década, el país duplicaría su deuda, hipotecando su futuro en intereses y dejando menos espacio fiscal para cualquier política pública. Dicho de otra manera: este programa no cierra.
El error no está en aspirar a mejores servicios públicos. Nadie podría oponerse a más salud, más educación y más seguridad. El error está en ofrecerlo todo sin decir quién lo paga ni cómo. Esa distancia entre los deseos y los recursos es la esencia de la demagogia.
Yo también quisiera que todos los chilenos vivieran con ingresos europeos, barrios parisinos y hospitales suizos. Yo también quisiera vivir en París. Pero hay una diferencia entre soñar responsablemente y prometer lo imposible. Un país no se gobierna con slogans, sino con presupuestos que calcen. Y el programa de Jara, por más que hable de cumplir, lo único que cumple es con un manual clásico: prometer lo que no se puede pagar.