El borrador de Carta Constitucional propuesto por la Convención Constituyente posee un acápite dedicado a la política exterior en su parágrafo 90, artículo 20. Hay varias referencias que competen a su conducción (por ejemplo, vigencia y firma de Tratados) que al menos en este punto -de responsabilidad y competencia del Ejecutivo- no innova, lo cual por supuesto es un signo de normalidad.

Tal como otras Constituciones, tiene una introducción de los valores declarados en política exterior, expresando que “las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los Estados”. Las precisiones acerca de preservar en las relaciones exteriores la “no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados” y, por otro, la “autonomía política e igualdad jurídica entre los Estados” parecen recoger un principio de realismo, al reconocer que en el sistema internacional hay pluralidad de comunidades políticas cuya raíz civilizacional o ideológica no es democrática representativa, y que abarcan varias áreas de mundo; esto, pese al predominio formal (y retórico) de valores democráticos, que además se pueden tergiversar en lo que Steven Levitsy y Daniel Ziblatt, en Como mueren las democracias (2018), denominan las “democracias iliberales” alejadas de modo democrático. No es, pues, una declaración demasiado activista ni voluntarista acerca de la imagen de mundo que contiene.

Contradictoriamente, sin  embargo, a renglón seguido se dice que la política exterior estará regida por los siguientes ocho grandes principios emanados de su política doméstica: “… la promoción y respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, la inclusión e igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, convivencia y solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos”.

Entendiendo que el conjunto de los valores domésticos no es necesariamente la regla con la cual se actúa en el sistema internacional -por ejemplo, respecto a China Popular, el mundo árabe, regímenes africanos o simplemente Cuba-, cabe indicar que una política exterior debe ser realista respecto del estado de mundo y su diversidad, que implica más bien reconocer que se tienen relaciones con estados que tienen culturas, ideologías y discursos distintos de los propios. Al fin y al cabo, la ejecución en su forma de diplomacia y su planificación como política exterior requieren reconocer la diversidad porque, de lo contrario, habría que restringirse en las relaciones internacionales a un conjunto muy reducido de actores estatales.

No hay, pues, término medio entre no entrometerse en “los asuntos internos” y pretender al mismo tiempo predicar la vigencia de, por ejemplo, los Derechos Humanos o siquiera el principio de autodeterminación de los pueblos que obligaría a restricciones sobre las relaciones con Turquía, China u otros Estados. Entendiéndose que las constituciones tienen aspectos retóricos en sus declaraciones, es perturbador introducir estas en cada política en particular. 

Hecha esta observación, hay que avanzar en el texto para observar el concepto de política exterior contenido en el proyecto de Constitución. Este dice, literalmente: “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas”.

Pues bien, una política exterior debe ser realista, pragmática y flexible. Este texto, en cambio, la restringe a un énfasis regional de corto alcance al incorporar el área del Caribe a nuestra ecúmene cultural e internacional como parte sustantiva de la política exterior. Es que el Caribe y sus innumerables islas-Estados no comparten la común identidad hispanoamericana (salvo Cuba, Dominicana y Puerto Rico), siendo un escenario marginal de nuestros intereses y presencia. Nuestro comercio, valores y política internacional, sin decir nada de las relaciones de seguridad y defensa, qué duda cabe miran más a norte y se podría entender una primacía de “las Américas” como ámbito de pertenencia e interés continental, o  latinoamericano, pero definitivamente Caribe no es parte de nuestro acervo principal de relaciones, que además se enfoca en los hechos -y se ignora olímpicamente- hacia Asia-Pacífico y Europa, esta última por lazos culturales, lingüísticos, demográficos, y de pertenencia a una base democrática común.

Volviéndose de espaldas a los intereses e identidad chilena, se enfatizan aspectos propios de la discusión sudamericana (levemente bolivariana), entendiéndolas impropiamente como comunes entre América Latina y el Caribe, incluyendo la propuesta de considerar la integración regional y productiva que suponemos estará centrada en países que son, salvo Brasil, marginales en el mundo de la producción e innovación. 

Finalmente, el texto propone facilitar el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas, relacionando con principios de Derechos Humanos internacionales antes mencionado. Entendiendo el gesto simbólico, repetido a lo largo de todo el texto, su inclusión a nivel de política exterior supone una estrategia subnacional que implicaría una suerte de área intermedia de las relaciones con Estados fronterizos, imponiendo a otros lo que debe salir de acuerdos interestatales y que ignora el peso de concepto de frontera entre los Estados, principalmente entre algunos que no son amistosos per se

Una política exterior atada a conceptos tan regionales, sin mirada planetaria ni prudencia está condenada a encerrar a Chile en su futura conducción exterior, o tratar temas como las relaciones con China o Estados Unidos como aspectos “marginales”, lo cual es claramente erróneo. Quizás en este aspecto lo que más me conforma es la declaración 110, Artículo 9 M, que dice: “Chile es un país oceánico”, seguido de “es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos”. Estando de acuerdo con esta presentación, me atrevo a subrayar que la palabra soberanía está ausente. ¿Y cómo se van ejercer entonces las responsabilidades y compromisos que se indican en espacios marítimos propios y también en los espacios marítimos de alta mar e internacional?

A lo que nuestra geografía nos impele naturalmente, es que esta política necesita fuerzas, buques y personal, pues sin medios los propósitos señalados son meras intenciones. Donde dice “Chile es un país oceánico”, con razón entiendo yo, en lo que sigue debería haber dicho que en virtud de su soberanía asume responsabilidades propias y compartidas en el espacio marítimo. En suma, el texto es elocuente en sus silencios: hay reticencia a auto identificarse con un modelo republicano representativo (en vez de eso, se habla de “democracia participativa”) que permitiría en un futuro caminar senderos iliberales, sin demasiado esfuerzo hermenéutico, y también hay un sesgo anti Estado, aspecto impulsado por nuevas teorías, que pesará al momento de hacer valer la voz y los intereses de Chile en el futuro.

*Cristián Garay es historiador.

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