Ya ha pasado algún tiempo del plebiscito de salida, donde hubo una clara victoria del centro político, de los sectores democráticos de centroderecha y de centroizquierda. Una victoria inesperada por muchas razones, pero fundamentalmente por una: el país se ha desplazado los últimos 10 años hacia la extrema izquierda, de tal forma que el discurso político prevalente (el manoseado relato de un país desigual y sin justicia social) es de izquierdas. 

Es un relato totalmente falaz, pero ha sido promovido por los medios de comunicación y un grupo de intelectuales con poco apego a los principios democráticos. De ello da evidencia el deterioro del orden público y de la economía, a pesar que ha costado poner estos temas en la agenda política; la simple realidad de las encuestas la ha traído a colación.

Desde el octubrismo la violencia se ha desatado. Es cierto que existía el laboratorio insurreccional del Día del Joven Combatiente, un anticipo de lo que vendría, pero hoy la convivencia cívica está en un delicado equilibrio. A ello se suma el creciente y acelerado deterioro de los equilibrios macroeconómicos. Qué duda cabe que hemos vivido una época mezcla de diagnósticos sesgados con justificación de la violencia política. Por ello la posibilidad que el centro político pueda llegar a un acuerdo de mínimos a nivel constitucional abre una luz de esperanza sobre el futuro del país. 

Sin embargo, me temo que un acuerdo en estos términos hoy no es viable. La sensata idea que sectores de izquierda y derecha se pongan de acuerdo en unos principios mínimos de respeto al estado de Derecho, el mercado, la democracia y los derechos humanos es algo deseable, pero lo que se debe analizar es si ese “ideal” es lo que el país necesita. La constitución de mínimos no resolverá el problema económico que se nos viene irremediablemente encima, dada la pérdida de los equilibrios fiscales, la imposibilidad de crecer y de generar los derechos sociales ejecutables y focalizados. La realidad es que los derechos sociales dependen de la economía, y la economía está en un mal pie para iniciar el rally de los derechos sociales que podría generar una constitución de mínimos. Las políticas de aumento de sostenido del gasto público y de aumento de tributos son simplemente insostenibles. A ello se suma que nuestras reservas ni siquiera alcanzan para algo tan mínimo como equilibrar el tipo del cambio. El Banco Central y el gobierno se han gastado 30 mil millones de dólares en 3 meses para evitar una recesión antes del plebiscito (esta ha sido una medida populista tan sorprendente como el segundo y tercer retiro de los fondos previsionales cuando ya se estaba saliendo de la pandemia). En este escenario, una propuesta sensata de una nueva constitución de mínimos será un grave error.

Lo que el país necesita es una constitución realista, no una “ideal”, lo que dicho sea de paso requiere una derecha que sea capaz de plantear una épica de salida a la actual situación creada por la izquierda. Ello sólo se logrará yendo un poco más allá, protegiendo el principio de subsidiariedad, disminuyendo el gasto fiscal, y focalizando. El país no está en condiciones de ceder en estas materias ni siquiera un ápice, si es que no se quiere sólo generar frustración hacia el futuro y transformarnos en un país inviable. 

En pocas palabras, lo que debería establecer una nueva constitución son derechos sociales ejecutables (es decir, que tengan un correlato con la realidad económica), y además un gran acuerdo pro crecimiento que permita hacerse cargo de ellos. Si una nueva constitución no garantiza un pacto de alto crecimiento hacia el futuro, no sólo no se resolverán los problemas sociales, sino que tampoco se volverá a los equilibrios fiscales ni se le pondrá coto a la inflación. 

Rodrigo Barcia, profesor Dr. en Derecho y Mag. en Economía, Universidad Autónoma de Chile

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