Ya van poco más de tres semanas del comienzo del Gobierno del Presidente Boric y sus promesas por mayor seguridad para los chilenos y chilenas no se han materializado en hechos concretos. 

Al contrario, se ha promovido más bien una agenda de impunidad: se retiraron 139 querellas de Ley de Seguridad del Estado por diversos delitos en el contexto del Estallido Social; se da suma urgencia al proyecto de ley que indulta a presos en el mismo contexto; se conceden beneficios carcelarios a los asesinos del Matrimonio Luchsinger-Mackay; no se oponen a la libertad de un imputado a quien la Fiscalía pide más de 23 años por homicidio frustrado de Carabineros; no ejercen querellas por los más de 20 atentados y hechos de violencia que han ocurrido en la macrozona sur;  destituyen a los abogados que persiguen a los delincuentes; y más encima, se les denomina “presos políticos” a personas condenadas o en prisión preventiva por asesinatos; tráfico de drogas; atentados incendiarios y otros graves delitos.

En simple, el Gobierno está dejando increíblemente en completo desamparo a las víctimas de la delincuencia y la violencia. Por ello, resulta de extrema necesidad un cambio drástico en el Ejecutivo que ponga como primera prioridad a las víctimas y no a los delincuentes, construyendo una robusta agenda de seguridad teniendo como pilar fundamental la Defensoría de las Víctimas de Delitos.

Actualmente, la víctima de un delito no ve representados sus intereses en igualdad de condiciones que una persona imputada por la comisión de uno o más delitos, quien tiene la Defensoría Penal Pública: profesional, exclusiva y financiada íntegramente por el Estado. Solo a modo de ejemplo, hoy dicha institución cuenta con una dotación cercana a las 600 personas, de las cuales 145 son defensores de la institución y más de 300 abogados privados con los que mantiene contrato a través de licitaciones públicas. 

Por otro lado, algunos señalan que para ello existe el Ministerio Público, sin embargo, no es función del ente persecutor representar a las víctimas, con lo cual estas últimas quedan completamente desprotegidas. Asimismo, el inciso tercero del numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental es claro en sostener que “[l]a ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”, mandato constitucional que no ha sido cumplido por el Estado.

Es por todo lo anterior que el Presidente Boric debe poner suma urgencia al proyecto de ley que crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que lamentablemente hoy duerme en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y mejorarlo sustantivamente en su estructura, organización y presupuesto para poder de una vez por todas brindarle a las víctimas de delitos y la violencia una defensa de alta calidad, digna y profesional. 

Son las víctimas las que merecen mayor protección, no quienes cometen delitos, y, en ello, el Presidente Boric está absolutamente deuda. 

*Andrés Longton es diputado de la República.

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