Destruyen instituciones sin dar nada a cambio, salvo palabras bonitas… Ofrecieron una educación gratuita, inclusiva y de calidad. Se tradujo en que le sacaron los patines a los niños de los colegios particulares subvencionados y de los establecimientos de excelencia académica, y ¿qué tenemos? Todo peor, agudizado por la pandemia, y con el ministro del ramo empeñado en eliminar el Simce para no reflejar cómo crece la brecha entre los colegios públicos y los particulares.
Ofrecieron pensiones dignas eliminando las AFP, como si éstas fueran el origen de la falta de ahorro para financiar jubilaciones por décadas. Hasta acá sólo se deterioran, porque las autofinanciadas son por montos más bajos y aunque el Estado aumentó la cobertura de la pensión universal al 90% de la población, no tiene los recursos suficientes para compensar los retiros por US$50 mil millones de las AFP.
Ahora nos ofrecen un sistema único de salud universal, solidario, justo, de calidad, etc. Para ello nos quitarán el 7% al millón 300 mil personas que cotiza a una isapre. Y no se hacen cargo tampoco de las consecuencias de ese manotazo al bolsillo de personas mayores, con menores ingresos o con enfermedades de base que no encontrarán seguros complementarios y serán derivados a la larga fila de más de 2 millones de pacientes que esperan hoy una consulta en Fonasa. El gasto en salud en el sistema público, en los últimos 20 años, ha crecido a una relación casi uno a uno respecto al privado, pero los avances en calidad y oportunidad son nulos.
El Estado está confiado en eliminar también a las isapres, gane o pierda el Apruebo en el plebiscito, porque así lo establece el programa del Presidente Boric. ¿Qué ofrece a cambio? Como en todas sus reformas progresistas, ¡nada! Salvo, empeorar la situación de los usuarios cautivos del sistema público que el año pasado recurrieron a 14,5 millones de consultas en la salud privada vía libre elección (también la eliminarán).
Pero para asegurar su obra aniquiladora, el gobierno está tratando de quebrar las isapres de manera que ya no existan cuando se colectivice el 7%. Sus costos aumentaron fuerte los dos últimos años, les impusieron nuevas obligaciones (como financiar las licencias parentales), pero les congelaron los precios hasta junio pasado. Tienen pérdidas siderales, porque algunas no alcanzan a financiar con sus ingresos las licencias, que en los últimos 2 años, producto de la pandemia, se han disparado en un 52%. Para no quebrar, en algunas – como Consalud- sus controladores han inyectado 96 mil millones el año pasado y 26 mil millones en mayo último. Con pérdidas siderales ($79 mil millones en 2021), Consalud alegó que el reajuste autorizado sólo le permitirá cubrir las prestaciones de salud (ni licencias o gastos administrativos).
La Corte Suprema había compelido a legislar para terminar con la judicialización de las alzas de planes, convertido esto en un lucrativo negocio para los abogados. Finalmente, el Congreso aprobó en junio del año pasado, hasta con el voto del diputado Boric, la ley que estableció que la superintendencia de salud, estudiando los costos, fijará el tope máximo que las operadoras pueden aplicar al precio básico de sus planes. Para el período 2022-2023, la autoridad fijó el reajuste tope en un 7,6%, que la ley obliga a las isapres a aplicar a todos por igual. Acostumbrados, sin embargo, a la dinámica de judicializar lo que el Estado no resuelve, se presentaron 300 mil recursos de protección en las cortes de apelaciones para impedir esas alzas. Y adivinen qué: no sólo han acogido algunos las Cortes, sino que la misma Súper se ha opuesto a los reajustes estableciendo nuevos requisitos.
Ahora es la controvertida Tercera Sala de la Corte Suprema la que debe resolver la implosión de las isapres. Es probable que sus ministros también coticen al seguro privado y capaz que mediten que si las condenan a quebrar, invalidando la fórmula legal de reajuste, ellos tendrán que pagar un seguro complementario adicional (si califican). Acto seguido quebrarán las clínicas donde hoy se atienden, porque ya no habrá flujo de los afiliados, y finalmente colapsará también el sistema público. Porque, que se sepa, no hemos visto ningún plan para hacerse cargo de los más de 3,4 millones de pacientes nuevos que serán derivados al Fonasa aportándole un 20% más de usuarios y solo 10% más de ingresos.
Las isapres serán las más contentas si las quiebran administrativamente. Se deshacerán del 30% de afiliados cachos y, nada menor, del pago de licencias, que escalan sin control. Y, ¿los pacientes? Tendrán que aguantar el golpe nomás, porque para colectivizar e igualar hay que quitarles también los patines.